Monopolios políticos

En estos tiempos de vigorosa competitividad, los oligopolios como los tres grandes fabricantes de autos de Detroit o las tres grandes cadenas de televisión han sufrido una baja en su penetración de mercados. En un mercado político libre, lo mismo le pasaría a los dos partidos del duopolio. Pero los políticos, al contrario de los empresarios, lo pueden evitar.

En los años 70, los dos partidos políticos y las tres cadenas de televisión estaban en la cresta de la ola. ABC, CBS y NBC controlaban el 91% de la audiencia en 1976. Los demócratas y republicanos en 1976 recibieron el 98,3% de los votos en las elecciones de la Cámara de Representantes.

Pero ese control del mercado político escondía una gran descontento. El desencanto tras la guerra en Vietnam, Watergate y una economía estancada le habían costado mucho en las encuestas y muchos exigían la creación de un nuevo partido.

Al mismo tiempo, mayores ingresos y la revolución cultural de los años 60 influyó en los televidentes, quienes se preguntaban por qué tenían que estar restringidos a tres cadenas, las cuales todas buscaban el mínimo denominador en su programación.

Los dos partidos políticos y las tres cadenas de televisión temían que su cómodo oligopolio estaba amenazado por el descontento del público. Claro que los políticos tenían mejores herramientas para enfrentar el descontento de su público que los grandes jefes de la televisión.

Los políticos declararon que lo que el público resentía eran los excesos en la recaudación de fondos de la campaña de Nixon en 1972, por lo que procedieron a promulgar regulaciones estrictas sobre el financiamiento de las campañas políticas. La enmienda de 1974 a la ley de Campañas Electorales Federales limitó las contribuciones individuales a cualquier candidato a 1.000 dólares por elección. También limitaron las contribuciones de los comités de acción política, los cuales reúnen las donaciones de muchos individuos, a 5.000 dólares por candidato. Muchos legisladores tenían muy claro el objetivo: fortalecer el sistema bipartidista ante la indignación popular.

Varias otras disposiciones fueron luego eliminadas por la Corte Suprema, como la de limitar a 25.000 dólares lo gastado por cualquier candidato de su propio bolsillo, imponer un límite total de 70.000 dólares en la campaña de cualquier candidato a la Cámara de Representantes y también limitar lo que un comité independiente podía gastar. La Corte dictaminó que eran contrarias a la libertad de expresión.

Pero la limitación de las contribuciones alcanzaron su propósito. A pesar del gran descontento hacia ambos partidos, no logró surgir la competencia de un tercer partido. Los dos partidos tradicionales se dividieron el 98,8% de los votos a la Cámara de Representantes en 1988, bajando apenas a 97,4% en 1996. Sin la posibilidad de recabar grandes cantidades de personas ricas y de gente totalmente identificada con un cambio, ningún partido nuevo logró levantar vuelo.

Aún dentro de los dos partidos, ningún precandidato presidencial que no perteneciera al grupo poderoso dentro del partido, como Barry Goldwater o George McGovern, ha recibido la nominación desde 1974. Tanto Goldwater como McGovern dependieron al comienzo de grandes contribuciones individuales para lanzar sus campañas.

El caso de las cadenas de televisión ha sido muy diferente. Nunca lograron leyes que limitaran el acceso a fondos de parte de sus competidores. Por más que trataron de mejorar su programación, sufrieron una caída de penetración de 91% en 1976 a 83% en 1980, 61% en 1988 y 46% en 1996.

Otra cosa hubiera sido si a las cadenas de televisión se les hubiera permitido controlar las reglas de su industria de la misma manera como el Congreso establece las reglas para sus elecciones. Imaginemos que las cadenas hubieran promulgado una ley en 1974 diciendo que cualquiera es libre para fundar una nueva cadena, pero que nadie puede gastar más de 1.000 dólares en publicidad en ella. Con esa restricción, ¿estaríamos hoy viendo a Fox, CNN, ESPN, AMC o cualquiera de las demás? Claro que no y las tres grandes seguirían dominando el 91% de la audiencia.

Frecuentemente las regulaciones gubernamentales crean consecuencias no previstas, pero ese no fue el caso de los controles sobre las contribuciones políticas. Consiguieron exactamente lo que querían, proteger su posición.

Pero los políticos están de nuevo preocupados. La proporción de congresistas reelectos ha fluctuado de 98% en 1990 a 90% en 1994 y 95% en 1996. Algunos congresistas no logran ser reelegidos, por lo que se buscan nuevas restricciones al financiamiento de las campañas políticas.

Esas limitaciones favorecen a los que ya son miembros del Congreso, pero ¿es acaso lo que más le conviene a la ciudadanía?

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
© Todos los derechos reservados. Para mayor información dirigirse a: AIPEnet