Modernizar al presidente

Después de que la economía se contrajo 0,1% el año pasado, los pronósticos de diferentes analistas económicos, nacionales e internacionales, se van alineando a que este año el crecimiento será menor al 1% con lo cual se hilarían dos años de una reducción del PIB por habitante.

Son varios los factores, tanto externos como internos, que son relevantes. Entre los externos destacan una desaceleración del crecimiento de la industria manufacturera en EE.UU. y su efecto sobre las exportaciones mexicanas, una reducción del volumen mundial de comercio exterior y los efectos de la epidemia de coronavirus sobre la economía china (y mundial) y el impacto depresivo que ello tendría sobre diferentes países al deteriorarse sus términos de intercambio al reducirse el precio de las materias primas que exportan. Entre los internos destacan una política fiscal restrictiva como consecuencia de los ajustes que tendrán que hacerse al gasto público ante la perspectiva de que los ingresos públicos (tributarios y no tributarios, particularmente los petroleros) sean significativamente menores a los estimados por el gobierno, una reducción en la inversión pública en infraestructura, un desperdicio de recursos públicos escasos en tres grandes proyectos con rentabilidad negativa (el aeropuerto de Santa Lucía, el “tren maya” y la refinería en Dos Bocas), un plan de negocios de Pemex imposible de cumplir (incluyendo la refinería y la inalcanzable meta de producir 1,9 millones de barriles diarios), una menor tasa de crecimiento del consumo privado (destacando una caída en la adquisición de bienes de consumo duraderos) y una muy baja tasa de crecimiento, sino que estancamiento, de la inversión privada ante la persistencia de la incertidumbre jurídica derivada del cambio discrecional y arbitrario de las reglas.

En este escenario es claro que el gobierno, el presidente, tiene que darse cuenta que seguir por la ruta hasta ahora seguida no llevará a la mayoría de los mexicanos a mayores niveles de desarrollo y de bienestar. Seguir tomando decisiones de política pública sustentadas en un discurso ideológico nacionalista del siglo pasado en lugar de hacer un análisis costo-beneficio sólido y técnico de las decisiones no llevará a mayores tasas de crecimiento. Seguir privilegiando transferencias a través de diferentes programas gubernamentales, aunque aumente el ingreso corriente de los recipientes, esto no es más que un paliativo que no ataca las causas estructurales de los bajos niveles de desarrollo y de la alta incidencia de pobreza. Y hay que insistir: sin crecimiento alto y sostenido, como condición mínima necesaria, no es posible alcanzar mayor desarrollo económico.

Haber creado un “gabinete para el crecimiento” puede ayudar en algo si destraban algunos elementos que están inhibiendo la inversión y la expansión de las empresas, como es el desorden generalizado en la operación del gobierno, pero esto no será suficiente si no se convence al propio presidente de la necesidad de cambiar el rumbo, convencerlo de que su objetivo de volver a ser un país como lo fue en la década de los sesenta del siglo pasado no es más que una utopía. Es necesario convencerlo de la importancia de generar un conjunto de reglas eficientes y una solidez institucional que genere certeza jurídica, que es tiempo de corregir decisiones tomadas como la construcción de la refinería y del aeropuerto, que es necesario volver a impulsar la participación privada en el sector energético, tanto en hidrocarburos (con nuevas rondas, farmouts y fracking) así como en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Se necesita, en suma, modernizarlo.

Dos años de crecimiento negativo del PIB por habitante es un lujo que México no puede darse.

Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) el 11 de febrero de 2020.