¿Más gasto en servicios públicos o eficientizar el sistema actual?

En el año 2011 fueron dados a conocer los resultados de un estudio solicitado por el gobierno dominicano al Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. El documento, titulado “Construyendo un Mejor Futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”, analiza diferentes áreas relevantes para el desarrollo del país. En el apartado dedicado a la educación, las recomendaciones del “reporte Harvard” están orientadas que el país hiciera reformas para aprovechar mejor los recursos ya existentes. En la página 107, los autores indican:

“La razón por la que aumentar el gasto en educación por sí solo no garantiza mejoras significativas en la calidad de la misma se debe a que mayor gasto significa mayores insumos (profesores, libros, aulas), pero en la literatura muy pocas intervenciones de aumento de insumos han tenido grandes efectos en el desempeño de los estudiantes, muchas de las cuales terminan siendo no significativas”.

Luego continúan diciendo:

“Por tanto, es necesario reformular el sistema de enseñanza en el país de forma que aun con los recursos actuales se obtengan mejores resultados”.

Los autores deseaban evitar que se duplicara el gasto en educación y que los resultados obtenidos no estuvieran a la par con dicho aumento. En otras palabras, evitar que el sacrificio económico de los contribuyentes se tradujera en resultados limitados, similares a los que ya se estaban obteniendo en el año 2011. Por tanto, el proceso de mejora propuesto en el reporte está enfocado en mejorar resultados antes que en aumentar el gasto. Nueve años después de haberse incrementado el gasto para llevarlo a representar el 4% del PIB en los presupuestos anuales, las recomendaciones siguen siendo válidas (ver Sector educación en gráficos (2013-2021) y “Las reformas y revoluciones no han mejorado la educación dominicana”)

El 17 de septiembre de 2013 publicamos en el sitio web de CREES la gráfica que acompaña a este artículo. Con los datos disponibles sobre resultados en educación, cualquier analista podía llegar a la conclusión de que el sistema de educación dominicano necesitaba, antes que más recursos de los contribuyentes, reformas para mejorar la calidad de sus resultados. En cinco años, entre 2006 y 2011, el gasto en educación básica había crecido 63%, descontando la inflación; sin embargo, no se percibía una mejoría en los resultados a partir de los indicadores mostrados. Algo cónsono con la evaluación de los consultores internacionales realizada dos años antes. En varios de los indicadores de la gráfica se aprecia, incluso, peores resultados en el tiempo.

El problema de la falta de eficiencia gubernamental en República Dominicana no se limita a la educación. El caso de la seguridad ciudadana sigue siendo de preocupación, a pesar de diferentes procesos para mejorar a la Policía Nacional y de aumentos de recursos. Lo mismo puede decirse de la provisión de salud pública, o la distribución y comercialización de la energía eléctrica.

Los servicios públicos necesitan mejorar. El problema principal es que las soluciones suelen enfocarse en más recursos. Sin embargo, la primera opción, la que no siempre se explora, debería ser mejorar la eficiencia por medio de diferentes métodos que no conlleven gastar más en insumos.

Aumentar el gasto en insumos como personal, materiales o infraestructura, no va a dar mayores resultados si no existen las condiciones para aprovecharlos. Si no se construyen mejores competencias para que los procesos cambien, es poco lo que se ganará en resultados. Es posible tener mejores planteles educativos, equipos médicos o vehículos de policía; pero si las competencias de quienes administran y operan esos activos no fueron ampliadas y mejoradas, las inversiones no tendrán los resultados que esperan los contribuyentes que pagaron por las mismas.

De igual forma, cuando las organizaciones del sector público no responden a las necesidades de los ciudadanos debido a que los procesos no son ágiles o porque las decisiones se encuentran centralizadas, lejos de las comunidades a las cuales sirven, los resultados no mejoran con más gasto público. Las organizaciones estatales, centralizadas, con prioridades divorciadas de las necesidades de los usuarios, muchas veces bajo control de gremios y sindicatos con vínculos políticos, deben ser reformadas en el proceso de búsqueda de eficiencias.

Los ministerios, departamentos o corporaciones estatales distan mucho de ser proveedores confiables de servicios que compensen, en valor aportado, el dinero que forzosamente cobra el gobierno en forma de impuestos a los ciudadanos. Cuando un ciudadano realiza una transacción, de manera voluntaria, es porque percibe que el valor recibido es superior al dinero que entrega. Esta es la explicación, desde el punto de vista económico, de por qué se realizan los intercambios voluntarios entre los agentes económicos.

Ante la ausencia de un mercado libre y voluntario de los servicios públicos, no es fácil reconciliar el sacrificio económico de los contribuyentes con el valor que perciben. En consecuencia, es muy importante buscar mecanismos para evaluar el resultado de las iniciativas públicas. Evaluar antes de realizar los presupuestos y luego de que la ejecución se ha llevado a efecto. En algunos casos, evaluaciones independientes y rigurosas llevarían a realizar reformas que, mejorando las competencias, implementando organizaciones más ágiles y cercanas a los usuarios, entre otras modificaciones, puedan resultar en mejores servicios.

Ante la experiencia local, la sociedad civil debería emplear sus mecanismos para forzar a que los cambios en la administración pública estén dirigidos a mejores resultados con los recursos ya existentes. La experiencia del 4% del PIB para la educación ilustra la necesidad de cambios organizacionales, institucionales, de evaluación y de establecimiento de responsabilidades, y de creación de competencias, entre otros, antes de pensar en aumentar el gasto del gobierno.

Si mayor gasto no es una garantía de mejores resultados, es posible afirmar que reformas en servicios públicos permitirían ahorros para los contribuyentes en República Dominicana. Es necesario realizar reformas con la participación de profesionales locales y de extranjeros con experiencia probada. En adición, es pertinente explorar esquemas en los cuales los privados, bajo contratos claros y procedentes de licitaciones internacionales transparentes, puedan contribuir a mejorar los servicios públicos. El interés de todos debe ser obtener mejores servicios con menor carga tributaria y endeudamiento público.

Este artículo fue publicado originalmente en CREES (República Dominicana) el 28 de marzo de 2022.