Mal consejo de Larraín

El asesor del gobierno, el economista chileno Felipe Larraín, propuso días atrás se presente un proyecto de ley cuyo objetivo consiste en elevar el límite del actual 1,5 por ciento del déficit fiscal con relación al Producto Interno Bruto (PIB) al 2,5 por ciento. Según el técnico, esta modificación en la actual Ley de Responsabilidad Fiscal permitirá elevar el nivel de endeudamiento para dinamizar la economía en períodos de recesión.

La ampliación del déficit planteada entrará en vigencia, según el mismo Larraín, para el presupuesto 2019, de modo que el gobierno que asuma en el 2018 lo ponga en ejecución. Esta propuesta que, por supuesto, será del agrado de muchos otros profesionales formados en la misma escuela que el mencionado, responde a una idea que ha calado hondo en el pensamiento económico vigente.

Ya se intentó en nuestro país en el año 2015 modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal para hacerla más “flexible”. Este es el modo en que los gobiernos empiezan a disponer de más dinero para aumentar la inversión pública. Esta intención afortunadamente no prosperó en aquel entonces y no debería ser diferente ahora.

El error conceptual de Larraín consiste en considerar a la economía como un esquema en el que el Estado es su actor principal, lo que conlleva a lo que los clásicos y específicamente la Escuela Austríaca denominaran como intervencionismo. Cree Larraín y está persuadido que el aumento de la inversión requiere del incremento del gasto público para así promover la demanda.

La idea de Larraín y de los que así comulgan con él consiste en que cuando el sector privado no puede movilizar el ahorro y la inversión por medio de los incentivos propios y naturales del mercado, entonces e inexorablemente lo debe hacer el Estado. La pregunta, sin embargo, que no pueden contestar razonablemente ni Larraín y tampoco los adherentes al intervencionismo es ¿por qué creen que el mercado no puede crear suficiente ahorro e inversión?, ¿por qué la gente no se decide a arriesgarse por un negocio determinado aun sabiendo que les resultará lucrativo?

La actividad empresarial como la de los individuos responde a incentivos y el principal inhibidor de los estímulos para crear, producir, intercambiar, comprar y vender se debe a las malas señales que precisamente emite el Estado, ya sea por su burocracia parasitaria, extrema lentitud en decidir sobre cientos de resoluciones y papeles, impuestos sin contraprestación, corrupción; en suma, todo aquello que por su característica coercitiva provenga de las autoridades.

Los llamados tecnócratas, como en efecto lo es Larraín, en su afán de dirigir desde los gobiernos las decisiones que pueden llevar la gente por sí mismas y con más eficiencia, se dedican a promover leyes —como la sugerida— para dirigir la economía que es lo mismo que decir, los intercambios voluntarios que se dan entre oferentes y demandantes.

¿De dónde creen Larraín y sus técnicos que sale el dinero para pagar el aumento del déficit que proponen? El dinero que paga el déficit no proviene de la demanda por el mayor gasto público que finalmente presiona sobre la disponibilidad de fondos y hace caer a los países en cesación de pagos (default), sino de la oferta sustentada en la iniciativa empresarial que no tiene sustitutos para la generación de riqueza y empleos.

La propuesta de Larraín debe ser rechazada por cuanto que se fundamenta en una apreciación incorrecta de la economía, y le dará al gobierno de turno la mejor herramienta para seguir sacando dinero del bolsillo de los contribuyentes, endeudando a las siguientes y jóvenes generaciones.