Los venezolanos tienen derecho a recuperar su libertad

"En una llamada telefónica del viernes (20 de septiembre), Maduro le advirtió a Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, acerca de 'la contratación de mercenarios para invadir el país'". 

Eso reportó el mes pasado el medio France 24, el cual señaló que Erik Prince, fundador de la empresa militar Blackwater, estaba involucrado en un movimiento digital llamado "Ya casi Venezuela", cuyo supuesto objetivo es recaudar fondos para financiar una fuerza mercenaria que pueda derrotar al régimen chavista de Nicolás Maduro y derrocarlo del poder.

No es claro quién está detrás de "Ya casi Venezuela", ni en qué consiste su estructura, ni cuál es su verdadera razón de ser. Pero a Prince lo ha contratado en el pasado el gobierno estadounidense. Por ende, sus vínculos con el movimiento han generado sospechas de que Estados Unidos está detrás del plan de usar mercenarios en Venezuela. Según France 24, fuentes oficiales en Washington desmintieron rápidamente dichos rumores, mientras que el régimen de Maduro capturó a dos estadounidenses –entre otros extranjeros– y los acusó de planear un atentado contra el mandamás.

Pero lo primordial del asunto no es el ángulo de Washington –ni el ángulo extranjero en general– sino más bien la ilegitimidad de Maduro como presidente. En 2017, Maduro privó de su poder legítimo a la Asamblea Nacional, donde la oposición había ganado una mayoría. Este año, Maduro se robó unas elecciones que perdió de manera aplastante, tal como ha reconocido hasta el Centro Carter, de antiguas inclinaciones chavistas. El ganador de las elecciones, Edmundo González, es el presidente electo legítimo de Venezuela, así esté exiliado en España.

La pregunta es si es legítimo para los venezolanos deshacerse del régimen por la fuerza. Como escribí hace poco, resulta iluso insistir con las viejas fórmulas, ya sea la protesta pacífica, las negociaciones con el régimen, un golpe palaciego, o la presión diplomática. La longevidad de la tiranía socialista cubana demuestra que estos métodos son poco efectivos. Y, a la hora de reprimir a la oposición venezolana y mantener a Maduro en el poder, Cuba manda la parada.

Ya que los venezolanos están desarmados, ¿qué opciones les quedan para restaurar una república democrática? Una posibilidad es la contratación de una fuerza armada externa. Es decir, un ejército de liberación. Pero, ¿sería legítima una guerra para liberar a Venezuela? Para responder, uno podría invertir la pregunta: Aparte del uso de la fuerza bruta, ¿cómo puede Maduro permanecer en el poder tras perder una elección por un margen de 67 % contra 30 %, inclusive tras haber prohibido la candidatura de María Corina Machado, la líder de la oposición, y tras negarles el voto a millones de venezolanos opositores que viven en el exterior?

El asunto primordial es la soberanía popular, la noción de que un gobierno sólo es legítimo si cuenta con el consentimiento de los gobernados. Como escribió John Locke en su Segundo tratado de gobierno civil de 1689:

“…siempre que los legisladores intentan arrebatar y destruir la propiedad del pueblo, o reducirlo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, se ponen en estado de guerra con el pueblo, que queda absuelto de cualquier obediencia ulterior y se queda con el refugio común que Dios ha provisto para todos los hombres, contra la fuerza y ​​la violencia. Por lo tanto, siempre que el legislativo transgreda esta regla fundamental de la sociedad; y ya sea por ambición, miedo, necedad o corrupción, intente apoderarse, o poner en manos de cualquier otro, un poder absoluto sobre las vidas, libertades y propiedades del pueblo; por este incumplimiento de la confianza, pierden el poder que el pueblo había puesto en sus manos para fines completamente contrarios, y recae en el pueblo, que tiene derecho a recuperar su libertad original y, mediante el establecimiento de un nuevo legislativo (tal como crea conveniente), proveer para su propia seguridad y protección, que es el fin por el cual están en la sociedad… Lo que he dicho aquí, concerniente al legislativo en general, es válido también respecto del ejecutor supremo, quien, habiendo depositado en él una doble confianza, tanto la de participar en el legislativo como en la ejecución suprema de la ley, actúa en contra de ambas cuando intenta establecer su propia voluntad arbitraria como ley de la sociedad”.

Así que, en un sentido “Lockeano”, Maduro es doblemente culpable de imponer un poder absoluto sobre la vida, la libertad y la propiedad de los venezolanos. Primero, por haber usurpado el poder de la rama legislativa en 2017. Segundo, al “establecer su propia voluntad arbitraria” como “ejecutor supremo” –es decir, al controlar un poder ejecutivo igualmente usurpado– en contra del deseo explícito de los gobernados. 

Según los términos de Locke, Maduro ha librado una guerra contra los venezolanos durante años. Por ende, la ciudadanía está exenta de cualquier obediencia a Maduro. Ellos ejercen el poder, el cual ha sido transferido a sus manos. Estarían plenamente justificados en velar por su propia seguridad. Cualquier esfuerzo por recuperar su libertad original –a través del “refugio común contra la fuerza y ​​la violencia”– sería legítimo.

Tal es el espíritu, también, de la Declaración de independencia de los Estados Unidos. En ella, Thomas Jefferson (y sus coautores) afirman que “cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios” –es decir, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad– “el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios”. La influencia de Locke es clara. Pero Jefferson va más allá que Locke, pues afirma que es el deber de un pueblo, no sólo su derecho, “derrocar” al gobierno cuando “una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto”.

La ciudadanía venezolana de hoy, del todo reducida bajo el despotismo, tiene una justificación tan clara para derrocar a Maduro como la que tuvieron los próceres estadounidenses en 1776, cuando declararon su independencia del Rey Jorge III. Hasta podría sugerir uno que el régimen de Maduro es más despótico aún que el del rey británico frente a sus colonias. 

Maduro y sus propagandistas podrán decir que las teorías de Locke y de Jefferson son pretextos anglosajones para derrocarlos del poder. El problema es que la noción de la soberanía popular, muy anterior al Segundo tratado de Locke, tiene una fuertísima tradición en el mundo de habla hispana del inicio de la era moderna. Al final del siglo XVI y al principio del XVII, los eruditos jesuitas Juan de Mariana y Francisco Suárez argumentaron que el poder monárquico dependía del consentimiento del pueblo. Inclusive justificaron el tiranicidio en caso de que un rey se convirtiera en tirano, por ejemplo, al cobrar impuestos arbitrarios o al destruir el valor de la moneda. No debe sorprender, de hecho, que tanto Locke como Jefferson estaban familiarizados con la obra de Mariana.

Así que, dentro de la tradición hispana de la libertad, derrocar a Maduro por la fuerza es una vía del todo legítima para restaurar la soberanía popular en Venezuela, inclusive si sólo se puede lograr al contratar mercenarios. Si esto beneficia a Washington, si los legisladores estadounidenses deben apoyar el plan o no, si la fuerza Wagner de Rusia se pondrá a disposición de Maduro pese a la guerra en Ucrania; éstas son preguntas relevantes en términos de geopolítica, pero no en cuanto al asunto crucial de la legitimidad y al derecho natural e inalienable de los venezolanos a la vida, la libertad y la propiedad. Si el liderazgo legítimo de Venezuela se decide por ello –y, hasta ahora, Machado ha insistido en una transición pacífica de poder– tiene todo el derecho para contratar mercenarios y derrocar a Maduro. Hasta tiene un deber de hacerlo, diría Thomas Jefferson. 

¿Ya que Maduro controla todos los recursos del Estado, cómo podría el gobierno legítimo de Venezuela financiar la contratación de una fuerza mercenaria? La propuesta que más se ha discutido en los medios es una de las peores opciones. Erick Prince sugirió aumentar la recompensa que ofrece el Departamento de Estado por la captura de Maduro de USD $15 millones a $100 millones. Según Prince, tal incremento traería una solución “mágica” para Venezuela. Los dos senadores que representan al estado de la Florida, Rick Scott y Marco Rubio, introdujeron un proyecto de ley para lograr precisamente lo que propone Prince. Su plan es pagar la recompensa no con dineros del contribuyente, sino con los fondos que Estados Unidos le congeló a Citgo, la empresa de energía estatal venezolana. No obstante, todo esto pone a Washington al frente de la lucha por liberar a Venezuela, mientras que el rol apropiado de Estados Unidos debe ser mínimo o, mejor aún, nulo.  

Recordemos que el subsuelo venezolano contiene las mayores reservas petroleras del mundo. El gobierno legítimo puede ofrecerle a una empresa seria de mercenarios –y Blackwater no es la única opción disponible– una generosa regalía sobre toda la producción petrolera del país durante un período específico, pero sólo si derrota a Maduro y lo remueve del poder. Ahí sí que haría su magia el mercado.

Al parecer, los medios de comunicación consideran que es estrafalaria la idea de contratar mercenarios para que liberen a Venezuela. La ironía es que Venezuela sólo ganó su independencia de España, entonces como parte de la Gran Colombia, gracias a los cerca de 7.000 mercenarios británicos que formaron el núcleo de la infantería de Simón Bolívar.

Bolívar mismo llamó a los miembros de la Legión Británica “los salvadores de la América”. Dijo también que su agente Luis López Méndez, encargado de reclutar mercenarios en Londres, había sido “el verdadero libertador” de las naciones andinas. Por su parte, Carlos Marx, en su hostil biografía de Bolívar, escribió que la legión extranjera del Libertador “era más temida por los españoles que 10 veces el número de colombianos”. Más allá de la hipérbole marxista, el arribo de los mercenarios británicos, muchos de ellos veteranos de las guerras napoleónicas en Europa, fue un punto de inflexión en la guerra contra España. 

También del lado español, muchos de los 10.000 hombres que llegaron a Venezuela y a Colombia en 1815 eran veteranos de la guerra de liberación contra Napoleón Bonaparte. Era un ejército formidable. Bajo el liderazgo del general Pablo Morillo, logró rápidamente la “reconquista” del Virreinato de la Nueva Granada. Por ello la necesidad de Bolívar de contratar mercenarios británicos para reforzar su infantería. De manera contraria, las fuerzas armadas actuales de Venezuela son un mero instrumento de represión, hábiles, sin duda, a la hora de someter a una población indefensa, pero con poca capacidad de librar la guerra contra un enemigo competente.

Son comunes las deserciones, inclusive dentro del cuerpo de oficiales venezolanos. Los salarios de los uniformados son ínfimos, incluso comparados a los de otros países de la región; es común que los militares busquen un segundo empleo para complementar sus bajos ingresos. La capacidad de combate real de las fuerzas bolivarianas es una mera fracción de su tamaño oficial de 120.000 hombres. La fuerza aérea (Aviación Militar Bolivariana) tiene dificultades sólo para lograr que sus aviones despeguen, ya que son escasos los repuestos y los recursos en general. 

En 2021, 300 hombres del Décimo Frente de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), una guerrilla supuestamente desmovilizada, derrotaron a una fuerza especial venezolana que era muy superior en términos de números y armamento, ya que contaba con vehículos blindados de combate y hasta apoyo aéreo. Según el medio digital Insight Crime: 

“‘El Frente 10º ha dejado en evidencia cómo se ha degradado la capacidad de las fuerzas armadas venezolanas, no sólo por negligencia, sino también por haberse convertido en una herramienta política, cuyo propósito principal no es defender al país, sino mantener el régimen chavista’”, dijo un general militar retirado...

‘Las fuerzas armadas están moralmente deprimidas porque han sido utilizadas, ideologizadas, politizadas’, dijo. ‘Han perdido su objetivo, su razón de ser’”.

Por ello tampoco causa sorpresa que, según un grupo de periodistas chilenos expulsados de Venezuela por cubrir la elección del 2024 (tras ser detenidos temporalmente en un fortín de las fuerzas armadas), una clara mayoría de militares también votó en contra de Maduro. 

Nada de lo anterior garantiza que una fuerza mercenaria bien entrenada y equipada, si es que el liderazgo legítimo de Venezuela logra organizarla, pueda derrotar fácilmente a las fuerzas de Maduro y quitarle el poder al tirano. La logística de la misión sería un gran desafío, y ya habido intentos fallidos, aunque mal planeados y mal financiados. Se podría derramar mucha sangre sin un resultado decisivo, con un impasse militar como el de Siria como consecuencia, en cuyo caso el régimen de Maduro aún controlaría una parte del país, mientras que el gobierno legítimo quedaría a cargo del resto (aún así una mejora, diría yo, comparado a la situación actual). El riesgo es enorme, el resultado incierto. Pero la alternativa es la casi certera continuidad de la tiranía de Maduro sobre todo el territorio venezolano. 

Tampoco fue fácil para los incipientes Estados Unidos librar su Guerra de independencia, pero pocos dirían hoy que los próceres tomaron riesgos desmedidos, o que sus sacrificios fueron injustificados. Según Locke, Jefferson, Mariana y Suárez, una lección ineludible de la historia es que, en ciertas ocasiones, se requiere la espada para ganar la libertad. La lección es ineludible y también escalofriante, pero no por ello menos cierta.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 25 de octubre de 2024.