Los útiles escolares, la moneda y el derecho de propiedad

Recientemente han circulado en la opinión pública las recurrentes preocupaciones de padres y representantes ante el aumento desmedido de los útiles escolares, cuyos precios, como ocurre en casi todos los bienes y servicios en Venezuela, reflejan una sensible distorsión producto, entre otros, de la imperante hiperinflación que castiga siempre a los más pobres, tal y como la historia suele demostrar. Distintos reportajes periodísticos señalan que, en la actualidad, una familia de un sólo hijo requiere de al menos un millón de bolívares para enviar a su representado al colegio con los materiales básicos que posibiliten su mejor desempeño. Las listas de útiles que comprenden vestimenta, libretas, lápices, bolsos, entre otros artículos según el grado o nivel a cursar del estudiante, representan todo un ejercicio de investigación y supervivencia para los padres, quienes constantemente deben apelar a su “ingenio”, frente a un entorno de empobrecimiento masivo, para acercarse a completar la mayoría de los equipamientos necesarios de sus niños, fotografía que adquiere tintes más dramáticos si le añadimos los precios de los alimentos para su adecuada nutrición y el de las matrículas escolares en el caso de los colegios privados, especialmente para aquellos venezolanos que reciben salario mínimo —250,531 bolívares al mes, esto es, unos 13,91 USD aproximadamente al día de hoy a la tasa no oficial—. Ante este escenario, cabe preguntarse en qué condiciones están asistiendo los niños y adolescentes a las escuelas y cómo se está truncando de manera sistemática su rendimiento y capacidad de aprendizaje.  

En medio de esta lamentable situación, el ejemplo de los útiles escolares ofrece una ventana para acercar algunas nociones fundamentales de la economía moderna a los más chicos, pues ellos atestiguan a través de estas circunstancias las consecuencias diarias de las políticas de planificación centralizada, el monopolio y la interferencia gubernamental sobre sus vidas y las de sus angustiadas familias, al no poder elegir qué libreta o bolso comprar según su preferencia, dónde adquirirlos, cuánto pagar y qué cantidad comprar, atributos inherentes a todo consumidor o usuario dentro un sistema de libre mercado. ¿Qué ocurre en el caso de la moneda y el derecho de propiedad que los padres tienen sobre ella, al ser el fruto de su trabajo? Observemos un poco lo que explica la historia.        

Desde ya hace mucho tiempo, las autoridades gubernamentales fabricaban su propia moneda, pero tal opción también la poseían otros particulares. En siglos anteriores, las monedas metálicas circulaban sin restricciones en distintas sociedades y provenientes de diversos acuñadores, pues lo más importante era la cantidad de metal que contenían —oro, plata, bronce— bajo un sistema de competencia, esto es, la posibilidad de medirse con otros particulares o con el Gobierno en condiciones de igualdad y en ausencia de privilegios o favores para obtener la preferencia de los consumidores o usuarios, en este caso, de las monedas más puras y de mayor valor para sus intercambios, motivo éste por el que aquélla suele ser temida por los gobernantes. De esta forma, una vez se fue concentrando su poder y adquiriendo incluso matices absolutistas, los gobiernos aplicaron políticas para restringir o cercar la competencia contra su moneda, por medio del monopolio de su creación y el llamado curso legal, los cuales impedían la fabricación de monedas provenientes de otros particulares o instancias inferiores de poder, por una parte, y la promulgación vía legislación o decreto de que la moneda propia era la única válida y legal para realizar pagos y celebrar contratos, por la otra, facilitando con ello su hegemonía en las operaciones económicas. Deteriorada así la competencia, el “soberano” podía utilizar su poder político y crear monedas mezclando su contenido, digamos, el oro, con otros metales de menor valor como el cobre, pero aumentando la cantidad de piezas circulantes, acción que le permitía obtener una nueva fuente de ingreso para cubrir su siempre creciente gasto público. Lo trágico del asunto es que esa mayor oferta de dinero no se correspondía con una mayor demanda de los usuarios para sus intercambios, ni iba de la mano con otro tipo de riqueza producida, razón por la cual inevitablemente caería su valor, generando así una espiral de aumento en el precio de todos los rubros. Hoy este fenómeno inflacionario se practica con los billetes, incluso de manera más fácil al ser ellos de papel y de menor costo de producción que los metales, siendo así el bolívar una innegable víctima de la voracidad estatal y con él, millones de venezolanos que obtienen sus ingresos en esta moneda.

En este orden de ideas, ¿por qué aumentaron los precios de los distintos útiles escolares y por qué ocurre en general con todos los productos y servicios en Venezuela, diariamente? Pues porque el Gobierno nacional se ha encargado de atomizar el valor del bolívar por distintas vías, una de las cuales y más graves es el aumento recurrente del salario mínimo dirigido, como se aprecia en la evidencia histórica, directamente hacia la autofinanciación, la cobertura del gasto público irresponsable y la creación de un clima social ficticio de bonanza en el tiempo —por ejemplo, esa sensación de satisfacción ante el pago de utilidades o bonos, por demás efímeros pues en la realidad poco se traducen en poder adquisitivo tangible con fines de ahorro o intercambiable por bienes—, pero nunca encaminado a optimizar la calidad de vida de la población por medio del mejoramiento de su capacidad de compra, escenario que solamente se lograría incrementando la productividad, disminuyendo los impuestos —que habitualmente terminan pagando también las personas de menores recursos— y facilitando la inversión privada que demande trabajo y genere empleos de calidad. De igual modo se ve afectado el derecho de propiedad, considerando que se quebranta la capacidad de disponer y transar lo obtenido mediante el esfuerzo propio —en este caso, el salario depreciado—, impidiendo que los padres y representantes puedan acceder a los bienes y servicios que satisfagan las necesidades educativas de sus hijos. En fin, como hemos visto, se suprime el derecho a decidir cómo vamos a usar la propiedad —los billetes— para adquirir una libreta de determinada forma o diseño, y ser capaces de cubrirlo.   

Haríamos un valioso ejercicio de profilaxis social y un inestimable aporte a las generaciones por venir si acercáramos, de formas creativas, simples y diáfanas, las nociones generales básicas de la economía moderna a los niños y adolescentes, pues son ellos los que hoy experimentan en mayor medida, en tanto grupo poblacional vulnerable, las consecuencias del modelo socialista más depredatorio, oprobioso y corrosivo al desarrollo humano como lo es el instaurado en Venezuela, e intentar así romper con la espiral de miseria, dependencia y cautiverio no sólo material y geográfico, sino intelectual, valorativo y espiritual, menesteres esenciales para el despliegue individual y colectivo en libertad.