Los socialistas de Chile reciben un golpe
Mary Anastasia O'Grady considera que el revés que sufrió el gobierno de Michelle Bachelet en las últimas elecciones municipales es un rechazo al intento de la Nueva Mayoría de volcar el país hacia una izquierda más radical.
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En menos de un año Brasil, Argentina y Perú han inaugurado nuevos presidentes de centroderecha, en reemplazo de líderes que habían sido aliados del líder venezolano Hugo Chávez. La reacción negativa contra el chavismo en Sudamérica continuó en las elecciones municipales que Chile llevó a cabo la semana pasada.
En rechazo a la presidenta socialista Michelle Bachelet, la mayoría de los votantes chilenos se rehusó a apoyar a los candidatos de Nueva Mayoría, la izquierdista coalición gobernante. Cerca de 65% del electorado se abstuvo de votar mientras que una pluralidad de ciudadanos optó por candidatos a alcalde de Chile Vamos, la coalición de centroderecha.
El sistema de gobierno unitario de Chile centraliza el poder. De todas formas, desde el regreso de la democracia en 1990, las elecciones municipales, que se celebran un año antes de los comicios presidenciales, son a menudo una herramienta útil para medir el estado de ánimo del país hacia el gobierno nacional.
Lo que se puede rescatar de las recientes elecciones es que han fracasado los esfuerzos de Bachelet, en alianza con el Partido Comunista, para arrastrar al país hacia la extrema izquierda.
Aunque el margen de victoria de Chile Vamos no fue amplio, fue significativo porque la izquierda, tras haber abandonado la moderación a cambio de posiciones extremas, perdió su dominio de larga data en las elecciones municipales. En 2012, los candidatos a alcalde de Nueva Mayoría ganaron 161 elecciones frente a 121 de Chile Vamos. Esta vez, los candidatos de Chile Vamos ganaron tanto una pluralidad de votos a nivel nacional (38,4% vs. 37%) como una mayoría de las alcaldías (144 vs. 141). Un inusualmente alto 16% del voto popular no fue a favor de candidatos de las dos principales coaliciones.
Cuarenta y siete por ciento del país será ahora gobernado a nivel municipal por alcaldes de Chile Vamos, frente a 42% por alcaldes de Nueva Mayoría. La coalición de gobierno mantuvo el control de la mayoría de los concejos municipales pero su margen de victoria en el voto popular fue casi la mitad de lo que registró en 2012.
La coalición de centro-derecha también ganó alcaldías en áreas urbanas que son consideradas políticamente influyentes debido a su composición demográfica y por tradición política. Estas incluyen distritos de la capital como Santiago Centro, Maipú, Providencia, Nuñoa, La Florida, Puente Alto y La Reina. Los alcaldes de centroderecha en muchas capitales regionales fueron reelectos pero es significativo que la ciudad sureña de Punta Arenas dio un giro al candidato de Chile Vamos.
Para explicar por qué el país está reconsiderando el sendero radical planteado por la pediatra de 65 años, no hay que mirar más allá de sus antecedentes en reformas. Bachelet asumió la presidencia en marzo de 2014, después de que el país registró por cuatro años un crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto de 5,3%. De inmediato pidió al Congreso que aumentara los impuestos corporativos. Economistas, incluyendo algunos que habían trabajado para anteriores gobiernos de centroizquierda, advirtieron que el plan perjudicaría la inversión y el crecimiento. De todas formas, Nueva Mayoría siguió delante.
El senador Jaime Quintana, vocero de la coalición de Bachelet en la cámara alta del Congreso, explicó su táctica de tierra arrasada. Nueva Mayoría, dijo, estaba determinada a “destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura”, en referencia a la economía de libre mercado diseñada durante los años del régimen del general Augusto Pinochet.
El PIB creció, en promedio, apenas 2,1% al año en 2014 y 2015. El gobierno culpa de la desaceleración a los débiles precios del cobre, pero ignora el alto costo de su hostilidad hacia el sector empresarial.
Bachelet y Nueva Mayoría también adoptaron medidas para desmantelar el innovador sistema de educación de Chile, el cual permitía que las familias escogieran entre colegios que reciben un subsidio del gobierno por cada estudiante matriculado. La posibilidad de selección de los estudiantes creaba competencia entre los proveedores de educación y era popular. Sin embargo, la libertad para las familias y los subsidios para colegios con fines de lucro iban en contra de la ideología socialista y del Partido Comunista.
En respuesta, Bachelet y Nueva Mayoría prohibieron que las escuelas con ánimo de lucro recibieran subsidios del gobierno ligados a cada estudiante. Muchos de esos centros educativos podrían cerrar ahora, lo que dejaría a estudiantes de familias de medianos y bajos ingresos sin buenas opciones.
En una concesión a los sindicatos, Nueva Mayoría también apuntó contra el flexible régimen laboral, que ha sido crucial para el crecimiento rápido y la generación de empleo. Entre otras cosas, la reforma de la coalición de gobierno prohíbe la contratación de ayuda temporal durante una huelga y dificulta la provisión de prestaciones a empleados que no están sindicalizados. Esto fortalece el poder de los sindicatos pero perjudica a los trabajadores.
Ahora, el equipo de Bachelet está tratando de diluir el exitoso sistema privatizado de pensiones de Chile, y existe una preocupación generalizada de que miembros de su gobierno quieren restaurar un sistema estatal de reparto. En agosto, la presidenta propuso que las firmas de inversión se responsabilizaran por pérdidas en portafolios de pensiones. Eso, sin duda, distorsionaría el mercado para los gestores de pensiones.
Bachelet moraliza sin fin contra la desigualdad y culpa al mercado, como si la libertad económica no hubiera estado detrás de décadas de reducción de los índices de pobreza. Los chilenos, al igual que muchos de sus hermanos sudamericanos, saben mejor y saben que pueden estar mejor.
Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 1 de noviembre de 2016.