Los políticos y la lucha de las clases

En diciembre 1997, los representantes de 160 países se reunieron en Kyoto, Japón para llegar a un acuerdo sobre la emisión de gases tipo invernadero. Antes que el Senado de Estados Unidos vaya a ratificar ese tratado, es importante aclarar que sólo es palabrería vacía.

El acuerdo se basa en pronosticar las futuras emisiones de gases invernadero, pero el uso de energía —que significa la utilización de combustibles como la gasolina y el carbón— depende del crecimiento y la prosperidad económica. Los economistas no son adivinos. A menudo sobrestiman o subestiman el futuro crecimiento y no se puede esperar que sepan cómo los avances tecnológicos cambiarán el consumo de energía.

Es cierto que muchos modelos climatológicos, que nunca son muy confiables, predicen que los cambios ocurrirán dentro de varias décadas. El cambio de 4,5° Fahrenheit no ocurrirá en los próximos cien años. Y es imposible predecir la tecnología, la población o las fuentes de energía que habrá el año 2098. Sin embargo, podemos predecir que las generaciones futuras tendrán una mejor tecnología, serán más prósperas y vivirán por más tiempo. Por lo tanto, estarán mejor preparadas para enfrentar cambios climatológicos adversos de lo que estamos hoy en día.

La administración Clinton tuvo dificultad en decidir lo que podía aceptar en Kyoto. En lugar de Estados Unidos estar reduciendo las emisiones de dióxido de carbono durante la presente década, gracias a al ‘boom’ económico estamos aumentandolas en no menos de 15%.

Evitar un mundo más caliente requeriría un recorte radical de la actividad económica de todos los países, lo cual nos conduciría a una depresión económica mundial mucho peor que la Gran Depresión de los años 30.

El acuerdo de Kyoto es fútil. Hasta Bert Bolin, el presidente de los expertos de las Naciones Unidas en recalentamiento, dice que el plan actual de cumplirse 100% disminuiría el recalentamiento terrestre durante los próximos 25 años en menos de 0,1°C, lo cual no sería ni siquiera detectable.

Nos lanzamos a un tratado que crea inmensas obligaciones sin examinar sus costos ni beneficios. El Congreso ha exigido que la administración Clinton presente estimados de costos, lo cual no ha hecho.

No hay ningún apuro en ratificar un tratado que produciría un ínfimo beneficio a un costo inmenso. Si los cambios climatológicos se convierten en problemas reales, hay muchas medidas que se pueden instrumentar sin traumatizar y paralizar nuestra economía.

La administración está bajo una tremenda presión para que actúe ya. Y para mantener su credibilidad con los ambientalistas, políticos, los medios y otros gobiernos, se siente obligada a proceder a reducir las emisiones de dióxido de carbono aunque ello no conduzca a beneficio alguno y sí imponga altos costos. El presidente Clinton probablemente propondrá nuevas regulaciones tales como más restrictivas normas de eficiencia para los nuevos automóviles, artefactos eléctricos, de aislamiento térmico en las construcciones y mayores gastos en transporte público para que la gente utilice menos los automóviles particulares.

Todo esto sería un rudo golpe a la economía, mientras que el recalentamiento a lo largo del próximo siglo costaría muy poco o quizá más bien será beneficioso porque el recalentamiento ocurriría en las regiones más frías de la Tierra.

Posponer toda acción por 20 o 30 años es lo más prudente. La tecnología avanzará. Los ingresos en el Tercer Mundo crecerán. El mundo estará entonces en mejores condiciones de enfrentar cualquier cambio. Fuera de las medidas que son lógicas con o sin recalentamiento terrestre, como eliminar los subsidios al uso de energía, el Congreso debe resistir cualquier intento de limitar la emisión de gases invernadero. ©

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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