Los periodistas deberían preocuparse por Obama, no por Sean Penn

En 2011, en una ceremonia de la American Society of Magazine Editors, Jann Wenner se expresó nostálgico acerca del nacimiento del Nuevo Periodismo durante la década de 1960:

“Desde el inicio de Rolling Stone, aspirábamos ser parte de un género —largas sagas de reportaje, tan basadas en la primera persona y la literatura como sea necesario, intensas en su sentido de lugar y personalidad, y, como dije, sagas”.

El reciente artículo de Sean Penn publicado en Rolling Stone acerca de su encuentro con el líder mexicano de un cartel de drogas Joaquín “El Chapo” Guzmán es ciertamente una saga. Pero esto está lejos de los estándares que insistía Wenner durante la década de 1970, cuando una vez escribí para dicha revista. Wenner le dijo al New York Times que está orgulloso del extraordinario logro de Rolling Stone; pero la revista no hizo nada que valga la pena con lo que consiguió.

Las 11.000 palabras de la prosa ilegible de Penn no mostraron señal alguna de ser editadas y ofrecieron poco o nulo entendimiento de un narco-terrorista cuya organización, el Cartel de Sinaloa, compite con ISIS por su brutalidad absoluta. Penn presentó a Guzmán como un Zapata de los últimos días, cuyo violento modus operandi está justificado por la lucha de clases que no da a los mexicanos pobres otro camino hacia el éxito.

Desde que Walter Duranty agasajó a Joseph Stalin en el New York Times no ha habido un periodista que limpie tan exhaustivamente las fechorías de un asesino en masa.

El New York Times publicó los reportajes de Duranty —que utilizaban comunicados oficiales de Stalin como su única fuente— solo luego de que su trabajo había sido aprobado por censores soviéticos. Rolling Stone le dio al Chapo la opción de revisar completamente el artículo antes de su publicación. Aparentemente, estaba tan complacido con el contenido de la hagiografía de Penn que no requirió cambio alguno.

La comunidad de periodismo reaccionó al artículo ridiculizándolo e indignándose por este, acusando a Penn de no ser “un verdadero periodista”. Andrew Seaman, el director del comité de ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ, por sus siglas en inglés), posteó una entrada en un blog de la SPJ diciendo que “permitir que cualquier fuente controle el contenido del reportaje es inexcusable”.

Seaman tiene razón en su crítica a la revista Rolling Stone por sus estándares flojos de periodismo. Pero el crítico mediático de Politico.com, Jack Shafer, también tiene razón cuando, en un titular reciente, le dice a los periodistas que “Dejen de quejarse de Sean Penn”.

Mucho más preocupante que los lapsus periodísticos de Rolling Stone fueron los casi inmediatos reportes de que Penn estaba siendo sujeto a una investigación criminal por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses por haber realizado esta entrevista.

El 10 de enero, Agence-France-Presse (AFP) citó una fuente anónima dentro del gobierno mexicano que decía que los funcionarios querían interrogar a Penn y a la estrella mexicana de telenovelas Kate del Castillo (quien coordinó la entrevista) “para determinar las responsabilidades”. Un segundo oficial mexicano le dijo a AFP que “mientras que un reportero podía entrevistar a un sospechoso de cártel de drogas, ‘ellos no son periodistas’”.

Al siguiente día el New York Post reportó que el fiscal estadounidenses Preet Bharara “está liderando una investigación federal de Sean Penn” y que “los abogados de la acusación están buscando una citación para examinar su celular”. Un oficial estadounidense anónimo le dijo al Post que la entrevista de Penn al Chapo era “repugnante”, agregando, entre paréntesis, que el actor es “muy anti-Estado”.

Sin embargo, no hay duda de que Penn es un periodist a—así sea uno muy malo. Y la Primera Enmienda no distingue entre el periodismo bueno y malo al momento de proteger las libertades de prensa. Si los periodistas profesionales no defienden a Penn ahora, en el futuro podrían encontrarse siendo el blanco de los agentes de la ley.

De hecho, los periodistas profesionales ya han sido el blanco de los agentes de la ley en múltiples ocasiones durante la administración Obama a través de las investigaciones criminales de sus fuentes. Obama —quien una vez dijo que su administración sería la más transparente en la historia— ha librado una guerra contra los soplones del Estado, habiendo sufrido los periodistas profesionales el daño colateral.

Durante una investigación en 2010 de fugas de información clasificada, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Obama presentó una declaración jurada del FBI en la Corte de EE.UU. acusando al reportero de Fox News James Rosen de violar la Ley de Espionaje al haberse involucrado en nada más que actividades tradicionales para recopilar noticias. En 2013, Associated Press reveló que el DOJ de Obama había tomado en secreto registros de más de 20 distintas líneas telefónicas asignadas a Associated Press y sus periodistas. “Consideramos esta medida del Departamento de Justicia como una interferencia grave con los derechos constitucionales de A.P. para recolectar y reportar noticias”, dijo el Presidente y CEP de A.P. Gary Pruitt en una carta de mayo de 2013 dirigida a Eric Holder.

Más tarde durante ese mismo mes, Pruitt advirtió en una aparición en el programa Face the Nation de CBS que si el gobierno continúa monitoreando e interfiriendo con las actividades de recolección de noticias, “la gente de EE.UU. solamente sabrá lo que el gobierno de EE.UU. quiere que sepan, y eso no es lo que tenían en mente los autores de la Constitución cuando escribieron la Primera Enmienda”.

Entre 2014 y 2015 Eric Holder realizó cambios a las “guías para medios” del DOJ con la intención de elevar los requisitos acerca de cómo y cuándo el gobierno podía vigilar a los periodistas. Sin embargo, los documentos revelados por el DOJ en respuesta a una denuncia en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), planteada por la Freedom of the Press Foundation, confirman que las guías para medios “solo aplican a las herramientas de aplicación de la ley, no a las herramientas de seguridad nacional”.

Las reglas secretas del DOJ para fijar como objetivo a miembros de la prensa mediante ordenes de seguridad nacional siguen siendo información clasificada. “Dado que todas las acusaciones acerca de fugas de información federal durante la última década que han involucrado la vigilancia de periodistas fueron casos de seguridad nacional”, escribe Trevor Timm en el Columbia Journalism Review de 2016, “¿por qué las guías para medios revisadas deberían contentar a los periodistas de forma alguna?”

Este artículo fue publicado originalmente en Cato.org (EE.UU.) el 13 de enero de 2016.