Los peligros del principio de precaución
El Principio de Precaución (PP) se ha constituido en el estandarte de los grupos ambientalistas radicales que ven en la tecnología y los avances científicos una amenaza que debe ser erradicada. La declaración de Río en 1992 define al PP de la siguiente manera: "cuando existen amenazas de daños serios o irreversibles, la falta de certeza científica total no podrá ser usada como una razón para posponer medidas de costo-beneficio con el fin de evitar la degradación ambiental." La versión danesa resume en pocas palabras el significado del PP: "darle a la naturaleza y al ambiente el beneficio de la duda." No obstante, el Principio también ha sido adoptado por organizaciones cuyo objetivo primario no está relacionado con la defensa del ambiente, sino con la imposición de barreras proteccionistas al comercio, restricciones al uso de la propiedad privada y el incremento del poder estatal en la vida de los individuos.
El enfoque del PP en el ámbito de las políticas públicas no debería de generar mucha controversia. Desde pequeños se nos ha inculcado la importancia de tomar precauciones cada vez que llevamos a cabo una actividad que representa ciertos riesgos. Sin embargo, la diferencia radica en quién debe realizar el análisis costo-beneficio, ¿las personas que enfrentan las posibles consecuencias negativas o los burócratas estatales?
El principal problema con el PP es que omite tomar en cuenta los costos de dejar de hacer algo. Cuando se previene la introducción de una nueva vacuna al mercado bajo el supuesto de que ésta podría tener ciertas consecuencias indeseadas sobre los seres humanos, se está viendo solo un lado de la moneda. Nunca se piensa en la cantidad de vidas que podrían ser salvadas por la nueva medicina.
Un ejemplo claro lo constituye el DDT, químico que ha sido popularizado en la lucha mundial contra la malaria. El DDT había contribuido a que la tasa anual de muertes causadas por malaria cayera en un 70% de 1930 a 1950. Para 1970 se redujo en dos tercios más, salvando millones de vidas humanas. Sin embargo, una vez que la batalla contra la enfermedad estaba casi ganada, varios estudios sugirieron que el DDT podría ser el responsable en el desarrollo de ciertos tipos de cánceres en humanos, así como culpable de la reducción en las poblaciones del águila calva y el halcón peregrino. Ante dichos temores, y siguiendo la lógica del PP, el DDT fue prohibido por un gran número de naciones poco desarrolladas. Fue así como en los años noventa la malaria reapareció en diversos países en donde había sido casi erradicada, como Ecuador, Belice, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Brasil, etc. En Perú y Colombia, la población en riesgo mediano y alto de contraer la enfermedad se duplicó entre 1996 y 1997. Pronto el número de muertes relacionadas con la malaria en el mundo volvió a contarse en las centenas de miles.
Otro ejemplo se presentó a finales de los ochenta cuando grupos ambientalistas lograron que las autoridades peruanas descontinuaran la cloración del agua, ya que agentes cancerígenos presentes en el cloro representaban un riesgo de que el número de personas con cáncer aumentara. Pocos años después, Perú y en gran parte de Latinoamérica experimentaron una epidemia del cólera que afectó a 1.3 millones de personas y que mató al menos a 11.000. El agua contaminada con la bacteria fue el principal medio de contagio.
Mientras que los riegos del DDT y de la cloración del agua no habían sido comprobados en su totalidad—y aún siguen sin serlo—los beneficios fueron ignorados. Y ésta no es la excepción. Las autoridades llamadas a decidir si un producto o tecnología debe o no entrar al mercado enfrentan diversos incentivos que los llevan a decidir casi siempre en favor de la precaución, del no hacer nada.
Las declaraciones de Alexander Schmidt, antiguo comisionado de la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), reflejan dicha realidad: "En toda la historia de la FDA, no podemos encontrar un solo ejemplo en donde el Congreso haya investigado por qué la FDA no aprobó una nueva droga. Pero las ocasiones en que las que el Congreso ha llevado a cabo investigaciones para criticar nuestra aprobación de un nuevo medicamento son tantas que no las puedo contar." Existe entonces una fuerte presión sobre las agencias reguladoras para no tomar riesgos.
El PP ha sido adoptado en un sinnúmero de tratados internacionales relacionados con el ambiente, los cuales son ratificados alegremente por los distintos países sin analizar seriamente sus consecuencias. Aún peor, el PP es el responsable de una nueva ola proteccionista que amenaza con terminar en una guerra comercial abierta entre los principales bloques comerciales.
La Unión Europea ha invocado al PP para prohibir la importación de alimentos modificados genéticamente (AMG), los cuales prometen revolucionar la agricultura moderna, aliviando el estrés que actualmente existe sobre el uso de más tierra y agua para esta actividad. A pesar de que ningún estudio ha demostrado algún efecto negativo de los AMG, los europeos continúan argumentando que este tipo de alimentos no son 100% seguros. Esto ha llevado a que Estados Unidos y Canadá amenacen a la UE con denunciarla ante la Organización Mundial del Comercio. El conflicto ha llegado al extremo que las autoridades de Zimbabwe, país que sufre de una hambruna que amenaza la vida de millones, han rechazado la ayuda alimenticia norteamericana—la cual contiene AMG's—ante el temor de que la UE cerrara los mercados a las exportaciones de éste país una vez que los agricultores locales empezaran a cultivar con semillas biogenéticas.
El Principio de Precaución se ha convertido en un concepto oscuro y simplista. Éste le da al Estado poder discrecional para decidir qué es bueno y que es malo para los individuos, estanca a la ciencia y tecnología, y deprime a la economía al eliminar su principal motor: la innovación. Es un ejemplo en donde la precaución causa más daño que bien.