Los defectos de la Constitución de Guatemala

Los guatemaltecos elegirán a un nuevo presidente en una segunda vuelta el 4 de noviembre y, hasta ahora, el general retirado de centro derecha Otto Pérez Molina parece llevar la delantera sobre el postulante moderado de centro izquierda Álvaro Colom.

En un momento en que Latinoamérica se estaría inclinando, supuestamente, hacia la izquierda, la fuerte campaña de Pérez Molina es instructiva. También lo es el hecho de que, en la primera vuelta, los guatemaltecos rechazaron rotundamente a los cuatro candidatos de la izquierda extrema, otorgándoles menos del 6% de los votos. La candidata Rigoberta Menchú captó apenas un 3,1% de las preferencias, sugiriendo que los guatemaltecos no están tan impresionados por la Premio Nobel de la Paz como la comunidad internacional.

Otro desenlace interesante de la primera ronda fue el apoyo sustancial a los militares retirados que postularon al Congreso, y a Pérez Molina, en regiones que supuestamente fueron perseguidas por el ejército en el pasado.

Si la buena noticia aquí es que los socialistas no son tan populares, la mala es que esta realidad no se refleja en nuestras instituciones, donde las ideas socialistas están profundamente arraigadas. Aunque los electores acuden a las urnas una vez cada cuatro o cinco años con la esperanza de que una persona honesta y capaz asuma el poder y presida sobre una sociedad justa, siempre terminan decepcionados. Cambiar a los gerentes sin cambiar el marco institucional es como cambiar de conductor cuando el carro sigue averiado. Aunque gane Pérez Molina, un partidario más abierto del libre mercado, Guatemala no experimentará un progreso verdadero hasta que enmiende aspectos cruciales de su Constitución de 1985.

Muchas ideas marxistas sobreviven porque es difícil cambiar la cultural legal establecida durante el apogeo del socialismo, cuando a los abogados y políticos se les inculcó que resolver todos los problemas es tarea del gobierno. Nuestra Constitución hace la debida alusión a los derechos de los ciudadanos, pero regula cada aspecto de nuestra vida diaria, incluyendo nuestras horas de trabajo, tiempo de ocio, seguro social y políticas de educación, banca y cultura. Incluso los deportes deben recibir un 3% del presupuesto. Usando estos mandatos constitucionales, los legisladores expanden su poder e interfieren más en transacciones privadas y pacíficas. De hecho, tienen el deber de hacerlo.

La justificación para esta interferencia parte de la premisa de que el "interés general" prevalece sobre los "intereses privados". El problema es que esto se ha interpretado como que el "interés general" pisotee los derechos individuales, como si los derechos individuales no fueran de interés general. Muchos derechos enumerados en nuestra Constitución son seguidos por una coma y la frase "según la ley", que es luego creada por políticos bajo la influencia de grupos de presión. El resultado no es el imperio de la ley, sino el imperio de los intereses especiales.

Esta prioridad de los intereses de corto plazo sobre los derechos individuales ha erosionado el respeto por las iniciativas privadas y frustrado la creación de riqueza. Por el contrario, debemos convivir con el favoritismo que es tan típico de Latinoamérica. La protección a la vida, la libertad y la propiedad —es decir el libre mercado— siempre ocupa un segundo lugar.

Entre los desafíos más serios que enfrenta Guatemala está el crimen pandillero, que también puede explicarse por el énfasis del gobierno en los "intereses generales" por encima de los derechos individuales.

El financiamiento de estos intereses, a menudo programas sociales, ha significado una disminución de los recursos del poder judicial. Un mandato constitucional le asigna sólo un 2% del presupuesto. Mientras que la policía usualmente captura a los criminales, la escasez de jueces adecuadamente capacitados ha resultado en una tasa de sentencias de menos del 1,8% de los crímenes.

No es de extrañar, entonces, que en el bajo mundo se ha dado cuenta de que el riesgo de ir a la cárcel es bajo. El crimen es tan rampante que las farmacias atienden a sus clientes detrás de barras de hierro. Una excepción es la parte oriental del país, donde todos poseen armas de fuego y no vacilan en usarlas para proteger sus vidas y propiedades. En otras partes del país, las comunidades se han organizado para defenderse contra las maras (pandillas). Cuando hacen justicia por sus propias manos, castigan con celeridad y, con frecuencia, linchan a los criminales. De todos modos, muy pocas veces los candidatos presidenciales han identificado a un financiamiento adecuado del poder judicial como un factor clave para controlar el problema.

Históricamente, cuando la policía ha perdido el control de la ley y el orden, los guatemaltecos han clamado por las fuerzas armadas, como autoridad de último recurso, así como los estadounidenses acuden a la Guardia Nacional para controlar disturbios o violencia degenerada. Aquí, también, el país ha sido atado de manos por los vestigios del socialismo. Desde que las fuerzas armadas derrotaron a los movimientos subversivos de la Guerra Fría, las organizaciones internacionales de izquierda y gobiernos extranjeros han insistido en debilitar a los militares. Hoy, el ejército es reacio a actuar y ser sujeto de la crítica internacional antimilitarista. Sin embargo, los guatemaltecos, saben que antes y durante los años de la actividad subversiva, las fuerzas armadas eran una fuerza civilizadora; algo que es evidente en la popularidad de los candidatos retirados del ejército en las elecciones.

La economía también es una víctima de la Constitución. Mientras que Guatemala ha gozado de cierta prosperidad, el crecimiento del Producto Interno Bruto apenas ha superado el crecimiento de la población. Hoy, en números absolutos, hay más gente rica y de clase media, pero también más gente pobre. El poder adquisitivo de un albañil hoy es el mismo que en 1980.

Más allá de quién se imponga en las elecciones del 4 de noviembre, lo más probable es que el país no cambie hasta que la Constitución reconozca que los derechos individuales son superiores a lo que los políticos identifican como el bien público. Hasta entonces, siempre habrá una razón para despojar a la gente de su propiedad en nombre del colectivismo. No es así como los países ricos del mundo avanzaron y tampoco será como prospere Guatemala.
Debemos considerar el consejo de Milton Friedman: No hagas lo que los países ricos están haciendo ahora que son ricos, sino lo que hicieron para volverse ricos.

Este artículo fue publicado originalmente en el Wall Street Journal el 22 de octubre de 2007.