Los argumentos económicos y morales a favor de legalizar la cocaína y la heroína

Hemos avanzado mucho desde que se transmitió la película “Reefer Madness”, la que dramatizaba los efectos de la marihuana sobre unos estudiantes de secundaria. A lo largo de las últimas dos décadas, 16 estados han despenalizado la posesión de cantidades pequeñas de marihuana, y 22 estados la han legalizado para propósitos médicos. En noviembre de 2012, Colorado y Washington fueron un paso más allá, legalizando la marihuana para propósitos recreacionales bajo la ley de sus estados. Las actitudes públicas hacia la marihuana también han cambiado; en una encuesta de Gallup de noviembre de 2013, 58 por ciento de los estadounidenses respaldaron la legalización de la marihuana.

Aún así en medio de estos cambios culturales y políticos, las actitudes y la política estadounidense hacia otras drogas ha permanecido estática. Ningún estado ha despenalizado, permitido para usos médicos, o legalizado la cocaína, la heroína, o la metanfetamina. Una encuesta reciente sugiere que solo alrededor de 10 por ciento de los estadounidenses favorecen legalizar la cocaína o la heroína. Muchos de los que promueven la legalización de la marihuana marcan una clara distinción entre la marihuana y las “drogas duras”.

Eso es comprensible: distintas drogas si implican distintos riesgos y el potencial de graves perjuicios resultantes de la marihuana es menor que aquel de la cocaína, o la heroína o la metanfetamina. La marihuana, por ejemplo, parece ser incapaz de causar una sobredosis letal, pero la cocaína, la heroína y la metanfetamina pueden matar si son consumidas en exceso y bajo las circunstancias equivocadas.

Pero si el objetivo es reducir los perjuicios —para la gente aquí y en el extranjero— la política adecuada es legalizar todas las drogas, no solo la marihuana.

De hecho, muchos productos legales causan serios perjuicios, incluyendo la muerte. En los últimos años, cerca de 40 personas al año han muerto en accidentes ocasionados mientras esquiaban y practicaban snowboard; cerca de 800 personas murieron en accidentes en bicicleta; varios miles ahogadas en piscinas; más de 20.000 al año mueren de farmacéuticos; más de 30.000 al año mueren en accidentes automovilísticos; y por lo menos 38.000 de un consumo excesivo de alcohol.

Pocas personas quieren prohibir estos productos, principalmente porque mientras que son dañinos cuando son mal utilizados, proveen beneficios sustanciales para la gran mayoría de las personas en la mayoría de circunstancias.

La misma condición se mantiene para las drogas duras. Los reportajes en la prensa se enfocan en consumidores que experimentan malos resultados, dado que estos casos son dramáticos o llaman la atención. Aún así millones de personas se arriesgan a ser arrestadas, a pagar precios elevados, a consumir drogas con impurezas, y a las vicisitudes de los mercados negros para comprar estos productos, sugiriendo que la gente si deriva beneficios de consumirlas.

Eso significa que incluso si la prohibición podría eliminar el consumo de drogas, sin costo alguno, probablemente causaría más daño que bien. Muchos consumidores de drogas moderados y responsables saldrían perjudicados, mientras que solo unos pocos consumidores abusivos estarían mejor.

La prohibición, de hecho, tiene costos, sin importar qué tan dañinas puedan ser las drogas.

Primero, algo básico de economía: prohibir un producto no elimina el mercado para ese productos. La prohibición podría encoger el mercado para ese producto al elevar los costos y por ende el precio, pero incluso bajo prohibiciones que se hagan cumplir de manera estricta, un mercado negro sustancial surge en el cual la producción y el consumo continúa. Los mercados negros generan numerosos efectos secundarios no deseados.

Los mercados negros aumentan la violencia porque los compradores y vendedores no pueden resolver las disputas con cortes, abogados, o arbitrajes, así que recurren a las armas en su lugar. Los mercados negros generan corrupción también, dado que los participantes tienen un mayor incentivo de sobornar a la policía, a los fiscales, a los jueces, y a los guardias de las prisiones. También inhiben el control de calidad, lo que produce más venenos y sobredosis accidentales.

En pocas palabras: incluso si las drogas duras implican mayores riesgos para la salud que la marihuana, racionalmente, no podemos prohibirlas sin comparar el daño causado por la prohibición con el daño causado por las drogas por sí solas. Además, la prohibición crea riesgos de salud que no existirían en un mercado legal. Dado que la prohibición eleva los costos de la heroína, los consumidores tienen un mayor incentivo de inyectarse porque esto resulta en una mayor satisfacción por cada dólar gastado. Adicionalmente, la prohibición genera restricciones sobre la venta de agujas limpias (porque esto podría “enviar el mensaje equivocado”). Muchos consumidores, por lo tanto, comparten agujas contaminadas, las que transmiten VIH, Hepatitis C, y otras enfermedades contagiadas por la sangre. En 2010, 8 por ciento de los nuevos casos de VIH en EE.UU. fueron atribuidos al consumo de drogas intravenosas.

El cumplimiento de la prohibición también fomenta violaciones de las libertades civiles, con cosas como las ordenes de cateo sin aviso previo (las que han asesinado a docenas de espectadores inocentes) y el uso de perfiles raciales para designar sospechosos (lo que genera tasas de asaltos mucho más altas para los negros que para los blancos a pesar de que ambos tienen tasas de consumo de drogas similares).

También cuesta mucho hacer cumplir la prohibición, y significa que no podemos recaudar impuestos por la venta de drogas; mis cálculos sugieren que los gobiernos en EE.UU. podrían mejorar sus presupuestos con alrededor de por lo menos $85.000 millones al año si legalizaran —y cobraran impuestos sobre— todas las drogas. La insistencia de EE.UU. de que los países de origen prohíban las drogas significa que habrá más violencia y corrupción ahí también (considere a Colombia, México o Afganistán).

También es crítico analizar si la prohibición de hecho reduce el consumo de drogas; si los efectos son pequeños, entonces la prohibición es prácticamente todo costo y cero beneficios.

Sobre esta cuestión, la evidencia disponible es lejos de ser ideal, pero nada sugiere que la prohibición tiene un impacto sustancial sobre el consumo drogas.

Los estados y los países que despenalizan o permiten el consumo de drogas para usos médicos ven poco o nulo aumento en el consumo de drogas. Las diferencias en el cumplimiento de la prohibición a lo largo de distintos periodos o lugares tiene poca correlación con los niveles de consumo. Esta evidencia no indica lo que sucedería precisamente bajo un régimen de legalización total, dado que eso podría permitir comerciales y una producción más eficiente a gran escala. Pero los datos acerca de la cirrosis desde que se eliminó la prohibición del alcohol en EE.UU. sugieren que se dio solo un aumento modesto en el consumo de alcohol.

Sea cual sea el grado en el que la prohibición si reduce el consumo de drogas, el efecto es probablemente más pequeño para las drogas duras que para la marihuana. Esto es así porque las demandas de cocaína y heroína parecen ser menos sensibles al precio. Desde esta perspectiva, el caso es todavía más sólido a favor de legalizar la cocaína o la heroína que la marihuana; para las drogas duras, la prohibición simplemente eleva su precio, lo que aumenta los recursos destinados al mercado negro mientras que se tiene un impacto mínimo sobre el consumo.

Pero tal vez la mejor razón para legalizar las drogas duras es que la gente que desea consumirlas tenga la misma libertad de determinar su propio bienestar como aquellos que consumen alcohol, marihuana o cualquier otra cosa. En una sociedad libre, la presunción siempre debe ser que los individuos, no el Estado, deben decidir lo que les conviene.

Este artículo fue publicado originalmente en Time (EE.UU.) el 28 de julio de 2014.