Lo último que necesitan los mercados de insulina es más estado

Los republicanos del Congreso rechazaron una propuesta de los demócratas del Congreso para exigir que las compañías de seguros privados limiten el gasto de bolsillo en insulina por parte de sus afiliados a $35 por mes. Esto sigue a años de informes sobre el alto costo de la insulina y casi dos docenas de estados que han impuesto límites de precio de copago similares para la insulina. Sin embargo, esta propuesta no aborda la forma en que el estado aumenta el costo de la insulina. Una mayor intervención empeoraría las cosas. 

En enero de 1922, un niño canadiense hospitalizado y moribundo de diabetes recibió la primera inyección de insulina. Cien años después, la insulina brinda a los diabéticos de todo el mundo la capacidad de vivir una vida plena. Sin embargo, el estado hace innecesariamente difícil y costoso para los diabéticos el acceso a este medicamento que salva vidas. En lugar de que los precios caigan con el tiempo, los precios de la insulina se han más que duplicado en los últimos 10 años. Muchos diabéticos luchan con esos precios en aumento, a veces con consecuencias mortales. 

Gracias al estado, es costoso llevar al mercado la insulina nueva. Como mi colega, el Dr. Jeffrey Singer y yo escribimos, “en dinero de 2019, el costo promedio estimado de la aprobación de cada nuevo fármaco aumentó de $523 millones en 1987 a $1.200-$1.800 millones en el 2000 y a $3.200 millones en 2013. El costo creció a un ritmo de una tasa real anual promedio de 9,4% en la década de 1970, 7,4% en la década de 1980 y 8,5% desde 1990 hasta principios de la década de 2010”. El alto costo de la regulación gubernamental desalienta el desarrollo de nuevos productos de insulina, reduce la cantidad de fabricantes de insulina y aumenta los precios de cualquier producto que supere ese proceso, tanto al exigir a los fabricantes que recuperen esos costos de cumplimiento normativo como al permitir la colusión tácita de precios. 

Gracias al estado, la insulina es difícil de conseguir. El gobierno aumenta el costo de la insulina al exigir que los diabéticos obtengan una prescripción antes de comprar muchos productos de insulina. No tiene mucho sentido exigir a los diabéticos, que son consumidores habituales de insulina altamente informados, que obtengan una prescripción cada vez que la compran. Canadá generalmente permite que los diabéticos compren cualquier producto de insulina sin receta médica. Si la FDA o el Congreso eliminaran esos requisitos, tanto el precio de la insulina como los costos auxiliares para obtenerla caerían. 

Gracias al estado, las compañías de seguros, en el mejor de los casos, solo tienen un incentivo para maximizar la salud a corto plazo de los diabéticos. El estado desalienta a las compañías de seguros privados de estructurar el costo compartido de la insulina para maximizar la salud a largo plazo de los diabéticos. Si las compañías de seguros tuvieran una relación de por vida con sus afiliados, tendrían incentivos para estructurar los costos compartidos de la insulina y otros cuidados preventivos de una manera que mantenga a sus afiliados con vida y pagando las primas mientras minimiza los gastos médicos a largo plazo de sus afiliados. 

Las compañías de seguros no tienen relaciones de por vida con los afiliados porque el Congreso penaliza el seguro de por vida. El código fiscal de EE.UU. penaliza a los trabajadores a menos que obtengan un seguro médico patrocinado por el empleador, un tipo de seguro médico que desaparece cuando los trabajadores cambian de trabajo. Dado que los estadounidenses cambian de trabajo en promedio una docena de veces antes de los 52 años, las compañías de seguros que invierten en promover la atención preventiva rentable (por ejemplo, el uso de insulina) no verán los beneficios a largo plazo de esa inversión. Es probable que esos beneficios vayan a uno de sus competidores, ya sea otra compañía de seguros privada o el estado.

Gracias al estado, la mayoría de las personas terminan con una cobertura de seguro excesiva y poca conciencia acerca de cuánto cuestan las cosas. Como explican los académicos de Cato aquí, aquí y aquí, el exceso de seguro médico alienta a los proveedores a aumentar los precios porque a los pacientes muy asegurados les importan menos los aumentos de precios. El hecho de que el gobierno aísle a los consumidores del precio de su seguro de salud garantiza que los consumidores se rebelarán contra los intentos de las compañías de seguros de negociar precios más bajos, por ejemplo, excluyendo de la cobertura a los medicamentos o proveedores de alto precio. Cuando el Congreso limitó el costo compartido de los anticonceptivos a $0, los precios de las hormonas y anticonceptivos orales se dispararon. 

Además, como escriben los académicos adjuntos de Cato, Charlie Silver y David Hyman, en Overcharged: Why Americans Pay Too Much for Health Care, la cobertura excesiva alentada por el estado permite la colusión tácita entre los fabricantes de insulina para aumentar los precios. Los fabricantes de insulina tienen pocos incentivos para reducir los precios –y todos los incentivos para aumentarlos– porque el gobierno ya aísla tanto a los diabéticos del precio de la insulina que reducir los precios no les otorga a los fabricantes una mayor participación de mercado. 

Si el estado nunca hubiera intervenido en el sector de la salud, las compañías de seguros privadas ya podrían estar ofreciendo costos compartidos más completos para la insulina de lo que proponen los demócratas del Congreso, sin aumentar los precios de la insulina. O tal vez los precios de la insulina serían tan bajos que nadie sentiría la necesidad de contratar un seguro que la cubra. Todo lo que sabemos con certeza es que, al igual que las intervenciones estatales anteriores, los intentos del estado de limitar los costos compartidos de la insulina tendrían consecuencias no deseadas que empeorarán las cosas para los diabéticos y todos los consumidores. 

Si el Congreso y/o los burócratas federales realmente quisieran expandir el acceso a la insulina, podrían hacerlo mañana. Pero requeriría que renunciaran a parte de su poder. El hecho de que los demócratas del Congreso y el resto del gobierno federal no cedan ni un poco de su poder para ayudar a los diabéticos le dice dónde está realmente su corazón. 

Este artículo fue publicado originalmente en The National Review (EE.UU.) el 10 de agosto de 2022.