Libertad

El Instituto Cato acaba de dar a conocer el estudio que realizaron, para el 2018, del estado que guarda la libertad humana en el mundo analizando 162 países. Consideran dos grandes tipos de libertad: la personal y la económica. Como era de esperarse, existe una clara relación positiva entre la libertad que rija en un país y su nivel de desarrollo.

En lo que toca a la libertad personal consideran los siguientes elementos: estado de derecho, seguridad personal, libertad de movimiento, libertad religiosa, libertad de asociación, libertad de expresión e identidad personal. En cuanto a la libertad económica, consideran las siguientes variables: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, estabilidad monetaria, libertad de comercio internacional y regulación de los mercados.

En Latinoamérica, el más libre es Chile, situándose en el lugar 32 (lugar 39 en el subíndice de libertad personal y el 15 en el de libertad económica) mientas que el menos libre es Venezuela, ocupando el lugar 161 (lugar 135 en el de libertad personal y el 162 en el de libertad económica). México se situó en el lugar 75 (lugar 89 en el de libertad personal y 82 en el de libertad económica) con un puntaje de 6,85 en el Índice de Libertad Humana. 

Para nuestro país, en lo que concierne a la libertad económica, el puntaje asignado a los diferentes componentes fue: tamaño de gobierno, 7,9; sistema legal y derechos de propiedad, 4,1; estabilidad monetaria, 8,1, libertad de comercio internacional, 7,3; y regulación de los mercados, 7,1. Somos un país medianamente libre y también un país medianamente desarrollado, ocupando el lugar 74 en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas, el cual considerar el PIB por habitante, la escolaridad de la población y la esperanza de vida.

En un análisis más detallado de los componentes de la libertad económica hay dos cosas que resaltan. Por una parte la regulación de los mercados y por otra el sistema legal. En cuanto al primero, aunque el puntaje fue de 7,1, el asignado a la regulación del mercado laboral fue de 5,6 resultado principalmente de la rigidez legal que caracteriza al mercado laboral, en particular los altos costos de despido (y de contratación), mientras que en la regulación de los mercados de bienes y servicios, (a la que se enfrentan las empresas y que son efectivamente barreras de acceso a los mercados) se asignó un puntaje de 6,4.

Por lo que toca al sistema legal y derechos de propiedad, con un puntaje de sólo 4,1, es claramente el elemento más débil de todo el arreglo institucional mexicano y deriva en gran medida de la ineficacia, ineficiencia y alta incidencia de corrupción en los poderes judiciales de los estados, que es en donde se dirimen la mayor parte de los conflictos en materia de contratos.

En este último apartado destacan los muy bajos puntajes asignados a diferentes rubros: independencia judicial, 3,2; imparcialidad, 3,0; protección de los derechos de propiedad, 5,0; integridad del sistema judicial, 2,5; y cumplimiento de contratos, 5,9. Es claro que en un país en el cual no existe la garantía del cumplimiento de contratos por parte de un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito, experimentará menores flujos de inversión y una ineficiente asignación de recursos productivos, lo que se traduce en un menor nivel de desarrollo económico. 

El gran reto para el gobierno que acaba de iniciar es dotar a la economía de un arreglo institucional que incremente la libertad económica de los agentes económicos como condición sine qua non para alcanzar mayores niveles de desarrollo. Las perspectivas al respecto, sin embargo, no pintan bien.

Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) el 2 de enero de 2019.