Leyes de inmigración como las de Arizona perjudican la economía

Con la sección "sus papeles por favor" de la reciente ley de inmigración SB 1070 de Arizona entrando en vigor, los grupos de derechos civiles y de vigilancia se preparan para la letanía acerca de los supuestos abusos y quejas. Lydia Guzmán, presidente de Respect Respeto, un grupo de derechos civiles en Arizona que registra abusos a manos de la policía, dijo: "Nuestra línea de atención ha estado recibiendo cientos de llamadas al día desde que la ley fue puesta en práctica".

Remover a la fuerza a inmigrantes pacíficos pero no autorizados de EE.UU., separándolos de sus familias, su propiedad, y sus trabajos, para satisfacer las complicadas regulaciones del mercado laboral creadas por políticos progresistas, es una indecencia espantosa. También inflige un perjuicio económico significativo. Las leyes de inmigración de Arizona han perjudicado drásticamente su economía desde mediados de 2007. Los argumentos humanitarios podrían no ser convincentes para los que se quejan de manera más bulliciosa sobre los inmigrantes ilegales todavía presentes en el estado, pero los partidarios de las leyes de inmigración de Arizona si podrían ser persuadidos con argumentos económicos.

En un nuevo análisis de políticas públicas del Instituto Cato llamado "El argumento económico contra las leyes de inmigración de Arizona" (en inglés) analizo la carnicería económica infligida por las leyes de inmigración de Arizona.

La Ley de Trabajadores Legales de Arizona (LAWA, por sus siglas en inglés, o sanciones del empleador) fue la primera de este tipo de leyes e intentó sacar del mercado a los trabajadores no autorizados por medio de regulaciones. Su herramienta principal es el E-Verify, un sistema electrónico de verificación que determina la elegibilidad para el empleo y que ha sido utilizado para descalificar a los inmigrantes no autorizados cuando solicitan un empleo.

E-Verity tiene tres grandes problemas: Es muy caro, desalienta la inversión y aumenta el desempleo.

Solo analizar a un empleado cuesta aproximadamente $147. El cumplimiento con este sistema, sin embargo, también requiere de recursos humanos y servicios legales, lo que aumenta la carga financiera de las empresas.

El segundo problema de E-Verify es que ahuyenta a los negocios, a las inversiones y a los trabajadores. E-Verify está ligado a lo que la entonces gobernadora Janet Napolitano denominó "la pena de muerte de las empresas". A las empresas que contraten conscientemente a inmigrantes no autorizados les será revocada su licencia ante una segunda ofensa, matando así a la empresa.

A pesar del hecho de que la pena de muerte de las empresas ha sido aplicada relativamente pocas veces, la posibilidad ha asustado a los inversionistas y a las empresas, impulsándolos a salir del estado. Esto fue en gran parte responsable de la disminución alarmante en la tasa de creación de empresas en un 14,3% en el tercer trimestre de 2007 en Arizona. Las tasas de creación de empresas en Nuevo México y California aumentaron durante el mismo período.

El empresario Richard Melman (en inglés), quien detuvo sus planes de abrir un restaurante en Arizona desde que LAWA fue aprobada, dijo: "Inviertes $3 o $4 millones, y pueden cerrar tu negocio por un error. ¿Por qué correr el riesgo? Quiero ver cómo se desarrolla esto". Y él no fue el único.

El tercer problema con E-Verify es que aumenta el desempleo. Los partidarios de E-Verify como Kris Kobach, el Secretario de Estado de Kansas y autor de diversas normas anti-inmigración a nivel de su estado, afirma que E-Verify sacará a los inmigrantes no autorizados de puestos de trabajo para que los estadounidenses puedan llenarlos.

En la realidad, algunos de los inmigrantes no autorizados son forzados a salir de puestos de trabajo que luego quedan en gran medida sin cubrir. En la industria agrícola, que contrata una gran porción de inmigrantes, el empleo en la producción de cultivos se redujo en un 15,6 por ciento durante los primeros cuatro años después de que LAWA fue aprobada. Los trabajadores estadounidenses no tomaron los empleos disponibles. En los estados vecinos de Nuevo México y California, el empleo en la producción de cultivos aumentó durante el mismo período. E-Verify explica gran parte de esa diferencia.

Dos años y medio después de que LAWA fue aprobada, Arizona creó una ley más polémica llamada SB 1070 para hacer cumplir las leyes de inmigración fuera de los lugares de trabajo. Los efectos combinados de LAWA y SB 1070 obligaron a unas 200.000 personas a salir de Arizona, la mayoría de ellos del área de Phoenix.

En los seis años posteriores a abril de 2006, el índice de precios de vivienda de las 20 mayores áreas metropolitanas del país se redujo en un 32,9 por ciento. En Phoenix, el índice de precios se redujo por un alarmante 51,29 por ciento.

La crisis de la vivienda, junto con haber espantado a 200.000 consumidores del mercado inmobiliario de Arizona, redujo todavía más los precios. Las tasas de propiedad de la vivienda y de alquileres vacantes en Arizona fueron siempre superiores a las de California y Nuevo México. Durante los cuatro años posteriores a la aprobación de LAWA, Albuquerque e incluso Los Ángeles tuvieron tasas de vacancia que estaban entre 50 y 75 por ciento más bajas que las que prevalecían en Phoenix.

Como resultado de los efectos de E-Verify descritos anteriormente, la pena de muerte de las empresas, y la disminución en los precios de la vivienda parcialmente causada por forzar a cientos de miles de inquilinos y compradores fuera del mercado, el empleo en la construcción se derrumbó más rápido y de manera más pronunciada que en los estados vecinos.

El daño económico causado por LAWA y SB 1070 es sólo la punta del iceberg. Después de las siguientes elecciones, cuando numerosos estados comiencen a considerar leyes de inmigración similares a las de Arizona, deberían hacer una pausa para examinar el tremendo costo económico que estas han tenido en Arizona.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes.com (EE.UU.) el 12 de octubre de 2012.