Ley para precios de los medicamentos
Víctor Pavón considera que en lugar de controlar los precios de los productos relacionados al coronavirus, el gobierno debería eliminar los impuestos a la importación de estos y eximir la producción de estos en territorio nacional de impuestos, acelerando así su llegada al mercado.
Por Víctor Pavón
Se pretende aprobar en la brevedad con una ley que prohíba la especulación de precios de productos de prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias. El objetivo consiste en evitar, dicen, el alza artificial de precios de los productos relacionados al coronavirus.
Todos deseamos bajos precios en lo que compramos, y más todavía si son medicamentos en un momento en que el coronavirus se ha vuelto un problema de salud global. No obstante, este tipo de legislaciones en lugar de beneficiar a la gente terminará por perjudicarla, sumado a su declarada inconstitucionalidad.
Veamos primeramente la cuestión legal. La Constitución establece en su artículo 107 acerca de que no serán permitidos los monopolios y las alzas artificiales de precios.
La mencionada alza artificial no existe porque estamos ante un aumento importante de la demanda y como la oferta es constante, entonces los precios han subido; esto es, se está ante una situación normal en el mercado, como sucedería si cada vez más gente empieza por demandar leche, carne u otro alimento que también harían que los precios suban.
Los precios de los geles, alcohol, tapabocas y otros no han subido por una cuestión artificial, sino por el aumento de la demanda. Sería artificial si los precios empiezan a subir por efecto de un monopolio otorgado a un solo oferente por parte del gobierno o si se establecieran cárteles, coaliciones de proveedores con el fin de acaparar un producto sin competencia de otros.
Ahora bien, el problema de fondo está en la economía y la moralidad de estos tipos de legislaciones. En términos económicos la especulación que menciona el proyecto no es mala. La especulación es una conducta constante de las personas, en el sentido que dicha palabra significa hacer suposiciones sobre algo que no se conoce con certeza; situación que se corresponde con lo que el vendedor desea (que el precio sea alto) y lo que el comprador quiere (que el precio sea bajo).
En cuanto a la libre concurrencia que pretende garantizar la ley, en realidad esta misma legislación será la que terminará violándola por cuanto que se impedirá que los emprendedores ingresen al mercado para ofrecer productos a menor precio y mejor calidad. Esto será así porque como el precio ya estará “regulado”, “controlado”; y las personas o empresas que pretendan elaborar esos productos no tendrán los incentivos para hacerlo a bajos precios y entonces aparecerá la escasez, es decir, se tendrán cada menos productos en farmacias y lugares de expendio.
Al respecto, veamos solo lo que sucede hoy día en países como Venezuela, donde el control estatal – el mismo que se pretende aquí en este proyecto– hizo que ni tan siquiera la población cuente con jabón y papel higiénico, siendo la causa exactamente la intervención de fijar precios y así desestimular la creación e innovación en el sector privado.
Pasando al tema moral, pues aquí se está ante una inmoralidad. Ocurre que cuando el Estado se entromete en los precios lo que hace es perjudicar a los nuevos fabricantes de productos que ahora ya no competirán por un mercado (la gente) deseosa por tener los medicamentos en este caso para el coronavirus, lo que se traduce en una manifiesta maldad que daña a todos porque la escasez de un bien demandado es un escenario catastrófico.
Entonces, ¿qué hacemos? Debemos, 1) derogar los efectos de leyes relacionados a los impuestos a la importación de alcohol en gel, tapabocas, anti gripales y otros utilizados para el tratamiento y prevención de cuadros respiratorios; y, 2) toda actividad en el territorio nacional para la producción de los productos arriba mencionados estará exenta de tributos, trámite, burocracia y aprobación por parte de los órganos competentes, a excepción del control de calidad y certificación que será expedido en un plazo no mayor a 24 horas para su puesta en circulación en los lugares para venta al público.
La propuesta enunciada aquí considero tendrá mejores efectos en la población que la pretendida por el Congreso que en cuanto a control de precios se refiere terminó por causar siempre lo mismo: escasez y productos de mala calidad.