Legalizar es mejor que restringir

EE.UU. tiene por primera vez un presidente negro: Barack Obama. Dicho personaje ha pasado a la historia y ello se debe en una parte nada despreciable al respaldo de los hispanos. Durante toda su campaña presidencial ofreció una serie de beneficios para la minoría latina, entre los que se incluía una reforma migratoria que legalizara a los inmigrantes y redujera las medidas en su contra, permitiéndoles así plena libertad para trabajar.

Desafortunadamente, como buen político, olvidó sus promesas de campaña y no sólo no las cumplirá, sino que plantea ser más severo con los inmigrantes. Los hispanos nuevamente fueron timados, atrás quedó el presidente de la esperanza. De hecho, no sólo ellos se encuentran desilusionados, no ha respondido a las expectativas construidas por los votantes estadounidenses, en temas como la economía, la guerra en Irak, el sistema de salud y muchos más.

A principios del mes de febrero de este año se dio a conocer que el presidente Obama pidió al Congreso de su país destinar US$4.600 millones para reforzar la labor de la Patrulla Fronteriza, completar el tramo de muro virtual entre México y EE.UU., así como multiplicar las tareas de localización y deportación de indocumentados.
Tales medidas no solucionan el problema, únicamente reducen el bienestar económico de los hogares estadounidenses y representan un costo cada vez mayor para los hispanos que intentan trabajar en EE.UU. La solución económicamente más eficiente, consiste en legalizar a los poco más de 8 millones de inmigrantes que ya se encuentran en aquel país y controlar el ingreso de nuevos, a través de una visa de trabajo.

El incremento en el gasto público estadounidense, destinado al reforzamiento de la frontera con México, no ha detenido ni detendrá el flujo migratorio. Los hogares estadounidenses, a pesar del rechazo y temor que tienen hacia los inmigrantes, saben que necesitan de ellos, que la economía no es capaz de sostenerse sin la mano de obra barata que ponen a su servicio. Con datos del Buró de Censos de EE.UU., para el 2008, la población inmigrante en los ese país representaba el 5% del total de empleo.

Las pruebas en torno a los beneficios económicos que traería la legalización de los trabajadores inmigrantes en la economía estadounidense, se presentan en el documento “Restriction or Legalization: Measuring the Economic Benefits of Immigration Reform”, elaborado por Peter Dixon y Maureen Rimmer, publicado por el Cato Institute.
En dicho documento, los autores demuestran a través de un Modelo de Equilibrio General Computable (MEGC), que las medidas de bloqueo y desaliento de la migración de trabajadores de baja calificación, implementadas por el gobierno estadounidense, son antieconómicas, no sólo son injustas y violentan la libertad de trabajo y desplazamiento de miles de mexicanos y centroamericanos, sino que resultan en pérdidas para los hogares estadounidenses.   

En términos generales, el estudio elaborado por estos economistas, encontró que reforzar la frontera con México tiene un impacto negativo sobre el ingreso de los hogares estadounidenses. Al reducir la oferta de trabajadores de bajos salarios, el producto nacional se contrae y junto con ello las oportunidades laborales para los residentes legales en actividades bien remuneradas. La escases de mano de obra migrante conduce directamente a una reducción del ingreso que perciben los hogares.

Si se reduce el número de trabajadores inmigrantes no calificados en un porcentaje de 28,6%, respecto a su nivel actual, el ingreso de los hogares estadounidenses se reduciría cerca de un 0,5% del PIB u US$80.000 millones.

A diferencia de lo anterior, la inmigración legal expandida, aumentaría la producción de toda la economía estadounidense, aumentarían los rendimientos sobre la inversión, transferiría el costo de traficantes de personas hacia usos productivos, e incrementaría los incentivos para que los trabajadores estadounidenses obtengan mejores trabajos.

De acuerdo con la investigación citada anteriormente, la legalización incluso eliminaría todos los costos en los que hoy incurre el gobierno estadounidense. La legalización incrementaría la productividad de la mano de obra inmigrante, al poder trabajar con una mayor certeza y recibir el justo pago por el trabajo realizado.

Evidentemente, al legalizar a los trabajadores se generarían nuevos costos, pero buena parte de estos serían sufragados por medio del pago que realizan los trabajadores migrantes para obtener la visa, y del pago que deben realizar los que ya se encuentran trabajando en EE.UU. y desean legalizarse.

Bajo las condiciones impuestas por el MEGC utilizado, el impacto positivo de la legalización, bajo la forma de visa de trabajo, sobre los hogares estadounidenses sería de 1,27% del PIB u US$180.000 millones.

Por otra parte, las economías de origen de los migrantes verían mejorada su situación por la vía de un incremento en las remesas enviadas desde EE.UU. y el aumento de las oportunidades laborales.

La legalización de los trabajadores, por medio de una visa de trabajo, ayudaría a atemperar el problema del desempleo y bajos ingresos en los países de origen de los inmigrantes. Pero más importante que lo anterior, se eliminaría el riesgo y la degradación moral que sufren a diario al intentar cruzar ilegalmente. Legalizar, sin duda, es mejor que restringir.