Lecciones del caso de Martha Stewart

Después de mas de dos años de lucha, la odisea legal de Martha Stewart ha llegado a término.

Sin importar lo que uno piense de la ejemplar ama de casa, su caso conlleva importantes lecciones. No sobre la arrogancia de los ricos o sobre los peligros de ser una mujer poderosa en América. Pero el caso Stewart es una historia sobre el siempre-creciente poder de los fiscales federales.

James Comey, el fiscal federal detrás del caso Stewart, dice que él decidió acusar a Stewart “no por quien ella es sino por lo que ella hizo”. Pero eso es difícil de creer dada la audaz teoría legal Comey utilizó para acusarla.

Comey no acusó a Stewart de transacciones ilícitas con información privilegiada. En lugar de eso, él dijo que las afirmaciones públicas en las que Stewart se declaraba inocente estaban diseñadas para aumentar el valor de las acciones de su compañía, Martha Stuart Living Omnimedia, y entonces constituyó un fraude bursatil. Stewart también fue acusada de hacer falsas afirmaciones ante oficiales federales investigando sus cargos por transacciones ilícitas con información privilegiada—un cargo que ellos nunca declararon. En esencia, Stewart fue acusada por haber “despistado a la gente al negar haber cometido un crimen por el cual ella no había sido acusada”, como lo ha dichoAlan Reynolds, académico asociado del Cato Institute.

Tampoco fue esta la primera vez que Comey contempló la idea de derribar a un acusado de gran popularidad con una creativa teoría legal. A mediados del 2003, Comey consideró atacar al fabulista Jason Blair por el relativamente desconocido crimen de inventarse cosas para el New York Times. Blair, el reportero del Times que falsificó historias y citas, se convirtió en el sujeto de escándalo a comienzos del 2003 cuando el Times sacó al aire su traición. En Mayo de ese año, la oficina de Comey buscó información del Times como un preludio para la acusación, posiblemente por fraude postal (delito federal en el que se comete fraude haciendo uso del servicio postal del gobierno).

Pero Comey—quien desde entonces ha subido al puesto número dos en el Departamento de Justicia—no está solo para nada en su voluntad de hacer de casi cualquier cosa un caso federal. El problema es sistemático, dirigido por legisladores que están demasiado dispuestos a convertir todo problema social en un asunto que le concierne a la ley penal.

En un discurso famoso en 1940, el Fiscal General Robert Jackson (luego Juez de la Corte Suprema) advirtió a los fiscales: “Con los códigos legales llenos de un gran surtido de delitos, un fiscal tiene una gran posibilidad de encontrar una violación técnica de algún acto por parte de casi cualquier persona”. El grave peligro, dijo Jackson, es que “el escogerá las personas que el crea que debe perseguir, en vez de escoger casos que necesitan ser fiscalizados”.

Desde que Jackson dio ese discurso, ese “gran surtido de delitos” se ha expandido radicalmente. Hoy en día hay más de 4,000 delitos federales esparcidos a lo largo de miles de páginas del código legal de los Estados Unidos, un aumento de un tercio desde 1980. Y la ley abarca mucho de lo que lo hacía en los días de Jackson. Hoy día es posible mandar a la cárcel a una persona sin demostrar intento criminal o siquiera un acto culpable—como lo descubrió Edward Hanousek cuando la corte Suprema negó su apelación en el 2000. Un juez del distrito federal le dio una sentencia de seis meses en prisión a Hanousek, un jefe de línea ferroviaria para una compañía de ferrocarriles en Alaska, después de que un operador de retroexcavadoras que trabajaba para Hanousek accidentalmente rompió una tubería de petróleo, esparciendo una cantidad dañina al Río Skagway. Aunque él estaba fuera del trabajo, y lejos del lugar donde ocurrió el accidente, Hanousek fue encontrado culpable del crimen de descarga ilegal bajo la ley de Aguas Limpias en razón de una negligente falta de supervisión. En desacuerdo con la decisión de la corte de no escuchar el caso, los jueces Thomas y O’Connor advirtieron de exponer a “innumerables trabajadores de construcción y contratistas a una elevada responsabilidad penal por usar instrumentos ordinarios al participar en operaciones industriales normales”.

Martha Stewart no es la única Americana sintiendo el peso del gobierno federal cayendo sobre ella por una ofensa que merece una pena civil en el peor de los casos. Por años, como advierte el profesor de leyes de Harvard William Stuntz, hemos estado construyendo “un mundo en el que las leyes en los códigos convierten a todos en un criminal, y en el cual los fiscales y la policía interpretan la ley en la calle y deciden quien la ha violado”. En ese mundo, el ciudadano ordinario puede caer así de fácil como lo hacen los ricos y famosos.

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.