Las reformas que siguen

La aprobación del proyecto de regulación de huelgas es un recordatorio muy oportuno de que el país tiene la capacidad de hacer reformas que nos saquen del atolladero. No es para menos. El texto ya traía cosas buenas, pero la inclusión de la moción que suspende el pago de salarios durante las huelgas plantea un cambio fundamental en la relación de fuerzas con los sindicatos del sector público.

Lo que hace particular a dicha enmienda no es que sea desmesurada o draconiana. Como se argumentó en repetidas ocasiones, es la norma en casi todos los países y es acorde con los principios de la Organización Internacional de Trabajo. Eso debió haber bastado para zanjar el debate. Aun así, causó grima incluso en sectores dizque moderados de la opinión pública. La razón es muy sencilla: la moción atenta contra la idiosincrasia del “nadadito de perro”, de tratar de quedarle bien a todos sin resolver nada y de contentarse con hacer las cosas a medias.

Amén de lo que se resuelva la Sala Constitucional, la atención debe volcarse ahora a las reformas que siguen –que no son pocas–.  En estas discusiones debe prevalecer el mismo espíritu pragmático de resolver los problemas desde la raíz, sin medias tintas. De primero en la lista está la reforma al empleo público, un proyecto que ofrece grandes oportunidades de ahorros para el fisco.

El Mideplan presentó varios escenarios sobre el impacto que tendría en las finanzas públicas. En algunos casos, las erogaciones más bien aumentan en el corto plazo, con los ahorros materializándose hasta dentro de una década. Aquí los diputados deben tener presente que la situación fiscal continúa deteriorándose, por lo que la apuesta debe ser por el escenario que garantiza recortes de gasto desde el primero año. Es más, esta reforma es la ocasión propicia para plantear la eliminación del salario escolar, un privilegio del sector público que nos sale muy caro.

También están pendientes los ajustes a las contribuciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para incentivar la formalidad y la generación de empleo, y ponerles tope a las pensiones de lujo. Tampoco podemos descuidar la bomba de tiempo que es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la cual debe desactivarse cuanto antes so pena de afectar aún más las tarifas eléctricas. Nada de esto es fácil. La clave, claro está, radica en que las autoridades se olviden del “nadadito de perro” y le agarren el gusto a una agenda ambiciosa de reformas.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 8 de septiembre de 2019.