Las pruebas de las vacunas contra el COVID-19 y el papel del estado en la salud pública

Una segunda empresa, Moderna, ha anunciado la producción de una vacuna en contra del COVID-19. Como la vacuna de Pfizer anunciada anteriormente, la de Moderna está basada en la transferencia de RNA a un sujeto. El RNA luego codifica para la producción de proteínas virales, en contra de las cuales el sistema inmune puede subir las defensas. 

La estrategia de las empresas utiliza las herramientas del virus en contra del virus mismo (SARS- CoV-2 es un virus RNA que toma control de la biología del mismo cuerpo para que se reproduzca a sí misma) lo cual es tristemente satisfactorio, como si un jugador de yudo utilizara el ímpetu de su oponente en contra de él. Ninguna vacuna de RNA ha entrado todavía a la práctica médica, de manera que la aparición cercana de las dos candidatas probables es emocionante. Moderna reclutó 30.000 voluntarios, la mitad de los cuales recibieron la vacuna, la mitad solo un placebo. 95 personas luego desarrollaron el COVID-19, de los cuales 90 estaban en el grupo de placebo —una eficacia de casi 95 por ciento para la vacuna. 

Pfizer, de igual forma, reclutó a 44.000 voluntarios, de los cuales la mitad recibieron la vacuna y la mitad un placebo. Hasta la fecha, 94 sujetos han adquirido la enfermedad, de los cuales más de un 90 por ciento estuvieron en el grupo placebo —muy similar a los resultados de Moderna. 

Ninguna prueba clínica ha llegado a su conclusión, pero estos resultados hasta a la fecha son esperanzadores. Hay reportes de efectos secundarios con tanto las vacunas (dolor en el sitio de la inyección, fatiga, dolores musculares, dolores en las articulaciones, escalofríos, fiebre) pero estas caen dentro de los límites aceptables. 

Sin embargo, una vacuna (la de Moderna) cuesta al contribuyente estadounidense $1.000 millones, mientras que la otra (Pfizer) le cuesta nada. En cambio, Pfizer invirtió su propio dinero ($2.000 millones) en esta investigación, y cuando se le preguntó acerca de eso el CEO de Pfizer, el Dr. Bourla explicó “que quería liberar a nuestros científicos de cualquier burocracia”. Él quería que los científicos de la empresa se enfocaran en la ciencia y solamente en la ciencia, no en el papeleo del gobierno, reportes y guías. 

Moderna, por otro lado, era una de las seis empresas gigantes que participaban en la Operación Warp Speed, mediante la cual sus investigaciones para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 fue financiada generosamente por el gobierno federal. 

Pfizer fue la primera empresa en reportar las buenas noticias acerca de la vacuna, y cinco de las empresas de la Operación Warp Speed todavía no reportan una noticia buena, así que la implicación podría ser que recibir dinero del estado podría haber adormecido a las empresas de la Operación Warp Speed al disminuir sus incentivos. En las palabras del Dr. Bourla, “si fracasa, esto afectará nuestro bolsillo”, razón por la cual Pfizer tuvo éxito antes que cualquier otra de las empresas Warp Speed: tenía su propia piel arriesgada en el juego, mientras que las otras seis habían arriesgado la piel de los contribuyentes en el juego. 

Por supuesto, el gobierno no está totalmente removido del juego: si Pfizer desarrolla una vacuna exitosa, está contratada para proveerle al gobierno 100 millones de dosis a un costo de $1.950 millones. Pero tener al gobierno como consumidor es una propuesta muy distinta a tenerlo como un financista: cuando el gobierno es el consumidor, los incentivos de la empresa mejoran. Cuando el gobierno es el financista, los incentivos de una empresa sufren. 

Pfizer es parte de una sociedad con una empresa alemana, BioNTech, que recibió $445 millones del estado alemán para sus investigaciones, así que no podemos negar algo de crédito al estado en el éxito de Pfizer. Pero ese dinero fue concedido solo en septiembre, luego de que la investigación había culminado, para acelerar la producción a escala de la vacuna y su distribución. BioNTech ya había tomado el riesgo de investigación con su propio dinero, y en su contribución el estado alemán estaba actuando más como un cliente que como un financista. 

Los laboratorios gubernamentales no han surgido con sus reputaciones mejoradas de esta pandemia. Tanto los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) han sido —tristemente y con justa razón— criticados por su lentitud y obstrucción durante la parte inicial de la pandemia. Esto refleja un pobre liderazgo al nivel más alto. 

Aunque Pfizer ha demostrado las virtudes del mercado, hay un bien público genuino llamado salud pública, que puede lograrse solo a través del estado. Aún así hace dos años el presidente Donald Trump socavó la unidad de pandemia del Consejo Nacional de Seguridad (el Directorio para la Seguridad y Biodefensa de Seguridad Global) cuando decapitó a su liderazgo, redujo su personal, y fusionó su personal con un nuevo y disperso directorio para la contra-proliferación y biodefensa. Además, abolió la unidad equivalente dentro del Departamento de Seguridad Doméstica, despidiendo a su director y a todo el personal. 

Antes de la pandemia, además, el presidente Trump planificó cortarle el presupuesto a los CDC, al Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y —antes de retirarlo totalmente— a la Organización Mundial de Salud (OMS). En breve, el presidente Trump, mediante sus acciones, desestimó la idea de la salud pública como un bien público, con las consecuencias que todos hemos sufrido. 

Agravando ese problema, el presidente Trump, al financiar la Operación Warp Speed, puede que haya desperdiciado fondos públicos subsidiando al sector privado de maneras que de hecho empeoraron sus incentivos. El papel de la industria es tomar riesgos, así que el gobierno federal podría haber limitado sus acciones a aquella de cliente, alentando a la industria a aventurar sus propios fondos de manera más hábil. 

La lección del año pasado es que la salud pública necesita ser financiada adecuadamente por el estado, pero que el sector privado no requiere de subsidios estatales, solo incentivos de mercado.  

El presidente Donald Trump aparentemente no está contento porque el éxito temprano de la vacuna no fue reportado antes de las elecciones, pero debido a su mal manejo tanto de la ciencia pública como privada, no ayudó su causa.

Este artículo fue publicado originalmente en Real Clear Policy (EE.UU.) el 23 de noviembre de 2020.