Las pensiones privadas en Chile cumplen 18 años, ¡Enhorabuena!

En mayo de 1981 Chile adoptó una reforma revolucionaria al reemplazar su sistema estatal de pensiones de reparto con un sistema de capitalización individual administrado por el sector privado. El nuevo sistema está basado en tres importantes pilares: libertad de elección, administración privada de las cuentas de capitalización individual y derechos de propiedad sobre dichas cuentas. En sus primeros 18 años, el sistema privado de pensiones ha disfrutado de un gran éxito: más del 95 por ciento de los trabajadores chilenos se han afiliado al sistema; los activos de los fondos de pensiones alcanzan ya más de 33 mil millones de dólares; y la rentabilidad real promedio ha sido superior al 11 por ciento anual.

Si la imitación es el halago más sincero, el sistema chileno debería estar sonrojado por los elogios que ha recibido. Desde 1993, otros 7 países latinoamericanos han privatizado sus sistemas de pensiones siguiendo el sistema chileno. Hungría y Polonia también han privatizado parcialmente sus sistemas estatales de jubilación en los dos últimos años. En suma, el sistema chileno se ha convertido claramente en el punto de referencia para todos aquellos países interesados en encontrar una solución duradera al problema de pagar las pensiones de poblaciones que cada vez son más viejas.

Los críticos del sistema chileno a menudo señalan los altos costos administrativos, la escasez de opciones en las carteras de inversión y el alto número de traspasos de una compañía a otra como evidencia de que el sistema es intrinsicamente defectuoso o inapropiado para otros países, España incluída. Algunas de esas críticas son producto de la mala información. Verbigracia, los costos administrativos son equivalentes al 1 por ciento de los activos administrados, una cifra equivalente a los costos de administración en la industria de los fondos mutuos de los Estados Unidos. En la medida en que las críticas son válidas, las fallas del sistema provienen de la misma fuente: una excesiva regulación gubernamental.

Las administradoras de los fondos compiten entre sí para obtener los ahorros de los trabajadores ofreciéndoles a éstos precios más bajos, productos de mejor calidad, mejor servicio al cliente o una combinación de los tres. El gobierno regula estrictamente los precios o las comisiones que los trabajadores pagan a las administradoras. Por ejemplo, las comisiones han de ser un cierto porcentaje de los aportes mensuales, independientemente de los ingresos del trabajador. El resultado es que las administradoras no pueden ajustar la calidad de sus servicios a la habilidad (o el deseo) de cada segmento de la población de pagar por ese servicio. Esa rigidez también explica por qué las administradoras tienen un incentivo en capturar las cuentas de los trabajadores de altos ingresos, ya que los márgenes de beneficio en esas cuentas son mucho más altos que en las cuentas de los trabajadores de bajos ingresos.

El producto que las adminstradoras ofrecen -es decir, el rendimiento de las inversiones- está sujeto a una garantía de rentabilidad mínima impuesta por el gobierno (la rentabilidad de un fondo de pensiones no puede estar más de 2 puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad real promedio de la industria en los 12 meses anteriores). Esa normativa hace que todos los fondos esten invertidos de manera muy similar y, por consiguiente, que tengan una rentabilidad muy similar.

Así que la manera más fácil para una gestora de fondos de pensiones de diferenciarse de la competencia es ofrecer mejor servicio al cliente, lo que explica por qué los costos de marketing y los agentes de venta son una parte integral de la estrategia general de las adminstradoras y por qué los trabajadores se cambian de fondo a menudo.

La existencia de restricciones gubernamentales sobre la rentabilidad y las comisiones probablemente haya creado distorsiones en la mezcla óptima de precio, calidad y servicio que cada administradora ofrecería a sus clientes bajo un régimen más liberalizado. Como resultado de esas restricciones, las administradoras colocan un mayor énfasis en aquella variable sobre la cual tienen mayor poder discreccional: la calidad de servicio.

Aunque, en la opinión de los arquitectos de la reforma, esas restricciones tuvieron sentido al implementarse el sistema en un país con poca experiencia en la administración de ahorros a largo plazo, está claro que esas regulaciones se han quedado anticuadas y que pueden afectar negativamente los resultados futuros del sistema. Por lo tanto, al estudiar las posibilidades del sistema en su mayoría de edad, las autoridades chilenas deberían actuar con la misma audacia que exhibieron hace 18 años y  tomar las siguientes medidas especificas:

• Liberalizar la estructura de comisiones para que las administradoras puedan ofrecer descuentos y diferentes combinaciones de precio y calidad de servicio, lo que introduciría una mayor competencia en los precios y posiblemente reduciría los costos administrativos para el beneficio de todos los trabajadores.
• Permitir que otras instituciones financieras, como los bancos y los fondos mutuos, entren en la industria. Esto resultaría en precios más bajos por los servicios proporcionados.
• Eliminar la garantía de rentabilidad mínima, o, al menos, extender el período de inversión sobre el cual se calcula dicha garantía.
• Liberalizar aún más las leyes de inversión a las que estan sujetas las administradoras, a fin que los trabajadores con diferentes tolerancias hacia el riesgo puedan elegir fondos que sean óptimos de acuerdo a sus preferencias.
• Permitir que las adminstradoras manejen más de un fondo de inversión. Una manera sencilla de hacer esto sería permitiendo que esas compañías ofrezcan un menú pequeño de fondos que incluya desde fondos de muy bajo riesgo hasta fondos de alto riesgo. Esta medida podría reducir los costos administrativos si los trabajadores pudieran invertir en más de un fondo dentro de la misma compañía. Este ajuste también le permitiría a los trabajadores que ajustaran prudentemente el perfil de riesgo de su cartera de inversión a medida que envejezcan. Por ejemplo, podrían invertir todo el ahorro obligatorio en un fondo de bajo riesgo y el ahorro voluntario en un fondo de mayor riesgo. O podrían invertir en fondos de alto riesgo durante los primeros años de su vida profesional para luego transferir sus ahorros a un fondo más conservador según se aproximaran a su jubilación.
• Como los mercados latinoamericanos están cada vez más integrados, aumentar la soberanía del consumidor al permitir a los trabajadores que escojan el sistema privado de pensiones de América Latina que deseen, lo que pondría un freno inmediato (y muy efectivo) a las regulaciones excesivas.

Estos ajustes serían coherentes con el espíritu de la reforma, que ha sido el relajar las regulaciones a medida que el sistema ha madurado y que las administradoras han ganado experiencia. Todos los ingredientes -libertad de elección, derechos de propiedad claramente definidos y administración privada de las cuentas de capitalización individual- para que el sistema sea exitoso, han estado presentes desde 1981. Si las autoridades chilenas afrontan las fallas restantes con imaginación, deberíamos esperar que el sistema privado de pensiones en Chile tenga aún mayor éxito durante su mayoría de edad que en sus primeros 18 años.