Las fallas del mercado y las fallas del gobierno

Las fallas del mercado suelen definirse como situaciones en las que el mercado no logra alcanzar la eficiencia, porque el comportamiento individual de cada persona tratando de maximizar sus beneficios se contrapone al supuesto mejor resultado social. Típicamente se identifican como fallas del mercado a la asimetría de información, los monopolios, las externalidades y los bienes públicos. Cuando una de éstas se presentan es típico que los economistas aboguen de inmediato por un intervención estatal que remedie la falla. Sin embargo, como bien señaló el profesor de UCLA, Harold Demsetz, esto es caer en la “Falacia del Nirvana”.  Es decir, errar al comparar la alternativa existente (el mercado) con una ideal (lo que pasaría si el gobierno interviene) y no una real (lo que realmente pasa si el gobierno interviene), es creer que el gobierno no falla y no ser conscientes de que el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Y es que, bien vistas las cosas, el concepto de falla de mercado se contrapone a otro que puede ser bastante más grave, la falla del gobierno, que es cuando la regulación que se crea para remediar una falla de mercado conduce a una situación en la que la sociedad se aleja aún más de la eficiencia.

Un caso emblemático de una falla de gobierno es la prohibición de emitir publicidad para remediar asimetrías informativas, cuando justamente la publicidad está pensada para transmitir información y reducir esa asimetría; otro, la obligación de revelarle al consumidor absolutamente toda la información existente respecto de un producto, como en el caso de las ventas por internet, en donde el consumidor recibe mucho más información de la que puede y quiere procesar, optando por ignorarla. En ambos casos, sin embargo, los precios suben y el consumidor está peor, con productos más caros y menos información.

Algo similar sucede con los monopolios, en donde se cree que la regulación estatal es necesaria para que los monopolistas no abusen de posición. Sin embargo, es discutible que la intervención estatal sea más efectiva que la amenaza de la competencia que tarde o temprano éstos enfrentan. A lo que debemos añadir el enorme riesgo de error que existe por parte de la administración al calificar los bienes sustitos del aquel en cuyo mercado se presume hay un monopolio o cuál es el mercado relevante para su análisis. Esto, sin perjuicio, de que lo seriamente cuestionable que es el hecho de que Estado tenga algo que decir respecto de los precios que se fijan en el mercado.

Las externalidades se solucionan con derechos de propiedad bien definidos, más que con impuestos o indemnizaciones. Mientras que los bienes públicos, como la seguridad por ejemplo, son cuestionablemente mejor provistos por el Estado que por los privados. Si ese no fuera el caso, no serían necesarias las policías privadas, los guardaespaldas o los guardianes particulares en las calles.

Me temo que pretender justificar la intervención estatal en una falla de mercado puede terminar siendo como pretender apagar un incendio con gasolina. Esto no quiere decir que no pueda existir alguna intervención estatal que mejore la eficiencia social (aunque me es muy difícil pensar en una), sino que ante una falla de mercado debe pensarse seriamente si la intervención estatal no generará una de gobierno aún peor (como suele ser el caso).

Este artículo fue publicado originalmente en Diario Digital Altavoz (Perú) el 13 de mayo de 2013.