La tragicomedia de Rafael Correa y la deuda externa

Hace varios días, por infortunada coincidencia, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, anunció la suspensión del pago de $30 millones de la deuda externa de su país mientras “se estudiaba su ilegalidad e ilegitimidad”, a las pocas horas de conocerse que había decidido comprarse un nuevo avión presidencial, un Embraer 600, por $28 millones, suma sospechosamente parecida a la que dejaría de pagar a sus acreedores internacionales.

El estudio que sustentaría, según Correa, la ilegalidad e ilegitimad de la deuda externa de su país puede verse en Alainet. Es un estudio fascinante, de unas 170 páginas, el cual evidencia algunas de las razones de nuestro profundo atraso como región. Trata de ser una acusación formidable contra la banca internacional y las entidades multilaterales de desarrollo pero, si algo demuestra, es la atroz ineficiencia y desorden de nuestros sistemas latinoamericanos de gobernabilidad y la profunda deformación ideológica del liderazgo “nacionalista”, el cuál pretende desconocer obligaciones contraídas en el nombre de la “soberanía nacional”, como si pudiese existir soberanía nacional sin dignidad nacional.

El informe dista mucho de la intención de ir a buscar la verdad detrás del endeudamiento ecuatoriano sino, más bien, representa una tarea por encargo, cuyo único objetivo puede resumirse de la manera siguiente: “Encuentren ustedes, analistas, los argumentos que me permitan desconocer la deuda contraída”.

La deuda externa Ecuatoriana actual es de unos $10.400 millones, $4.200 millones con la banca comercial, $4.200 millones con los bancos multilaterales (BID, BM,CAF) y $2.000 con gobiernos de otros países (especialmente Brasil y España).

En sus objetivos iniciales el estudio comisionado por Correa dice estar dirigido (p.17) a “responder las expectativas de la sociedad ecuatoriana transmitidas por movimientos ciudadanos… establecer la corresponsabilidad de los acreedores… en torno al injusto problema de la deuda” (subrayados nuestros). Añade el preámbulo que “han surgido voces y movimientos que apoyan la anulación de obligaciones ilegítimas, la corresponsabilidad y la reparación de perjuicios ocasionados”. En otras palabras, dicen los autores, nos rebelamoa contra estos malvados quienes nos han prestado dinero para mantenernos esclavizados.

El Presidente Correa, añade el estudio, promovió el estudio bajo el “enunciado patriótico” de que “nuestra deuda es con el pueblo”, y no con “el orden económico internacional creado y sostenido por los organismos multilaterales de crédito”.

Según el estudio, lo que hace la deuda ilegal, es que:

• Los acreedores establecen condiciones,
• Intervienen en los asuntos internos del país
• Lesiona nuestra soberanía
• Nos obligan a renunciar a nuestro derecho a la defensa
• Violan los derechos de personas y pueblo
• Incluyen claúsulas abusivas en los contratos de préstamos
• Establecen una relación asimétrica entre las partes contratantes
• Son usureros
• Nos obligan a mayores endeudamientos
• Debilitan el Estado al pedir reducción de personal y privatización de empresas públicas, a fin de perpetuar la supremacía de los países dominantes.

Cada tipo de deuda es objeto de un análisis por separado. En lo que se refiere a la deuda con la banca comercial (páginas 24 y siguientes) se establece que los intereses han sido generalmente altos y han obligado al país a pagar más por deuda que lo que se invierte en salud, o educación o bienestar social. Cita el estudio el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que “toda persona tiene derecho un nivel de vida adecuado”. Continua quejándose de que al firmar los préstamos, estos llevaban un 6% de interés, el cuál subió en años posteriores, ya que los intereses eran flotantes. Se queja de que no hubo seguimiento apropiado del pago de la deuda por parte de los gobiernos del Ecuador. Denuncia que el Ministro de Finanzas de la época, Mario Ribadeneira, renunció unilateralmente a la prescripción de la deuda, a pesar de que esto era posible después de seis años sin pagarla (páginas 38-40). En este punto de la lectura uno se pregunta cuál es la responsabilidad de los acreedores en esta ineptitud del Ecuador para defender sus intereses. Firmaron préstamos con tasas de interés flotantes, si o no? Dejaron de pagar por seis años los intereses, si o no? Dejaron de invertir lo suficiente en educación y salud, ¿si o no? Pretender la prescripción de la deuda es como pretender que se premie la irresponsabilidad fiscal y el incumplimiento de las obligaciones de la nación.

En las páginas 40-50 se menciona, como “evidencia” adicional de ilegitimidad de la deuda que los dineros obtenidos de la banca comercial para programas de infraestructura fueron usados para “gastos militares”. Resulta inconsistente con esta pretensión que Hugo Chávez, el gobernante “amigo” de Correa, quien lo impulsa a desconocer la deuda, ha gastado ya en Venezuela unos $8.000 millones en armas, para lo cual los rusos le están prestando una parte de ese dinero.

¿ Será que lo que es ilegal en Ecuador es legal en Venezuela? El estudio argumenta que la deuda contraída con los bancos multilterales (llamados “prestamistas” en el Informe) es ilegal, por qué los préstamos exigen:

• Reducción de la burocracia estatal
• La privatización de algunas empresas públicas
• Reformas fiscales
• Fortalecimiento de la gobernabilidad
• Reducción de subsidios a los servicios públicos

Estas demandas, argumenta el estudio, constituyen un acto intolerable de intervención en los asuntos internos del Ecuador y un atentado contra la soberanía ecuatoriana, aunque yo pensaría que son lógicas y, de cumplirse, beneficiarían al Ecuador.

Los préstamos, añade el estudio, (p. 79-82) se caracterizan por la imposición, la injerencia y la ilegitimidad. Protestan sus autores porque el Banco Mundial utiliza una “matriz internacional” como base conceptual de sus préstamos: (a) atender primordialmente a las poblaciones más pobres; (b), desmantelar el sector público; (c), fortalecer el sector privado, y, (d), cumplir con los programas para recibir los desembolsos. Yo me pregunto: ¿qué hay de malo en esto?

Entre los “atropellos”de las organizaciones multilaterales se incluyen (p. 84- 94): tratar de recuperar parte de los costos de producción de las medicinas no-genéricas; cobrar un precio simbólico por los libros de texto escolares; usar el arbitraje internacional para dirimir desaveniencias; reducir la fuerza laboral en el sector público; cobrar por el servicio de agua potable. Yo pensaría que todos estos objetivos representan intentos de modernización. Pero el estudio argumenta que reducir la fuerza laboral del sector público sería atentar contra el derecho al trabajo (P.94), que no se puede dejar a la gente sin agua porque no pague la cuenta (p.93); que eliminar los precios regulados de las medicinas es atentar contra la salud. Como podrá observarse, se trata de un enfrentamiento ideológico fundamental sobre la manera de desarrollar un país, si por la vía de la libre empresa y de la actividad privada o por la via del estatismo paternalista.

Más allá de ese enfrentamiento ideológico fundamental hay algo más específico en relación con este estudio comisionado por Rafael Correa con el propósito predeterminado de no seguir atendiendo a las obligaciones internacionales del Ecuador. Se trata de que el estudio fracasa totalmente en su intento de establecer la corresponsabilidad de la banca multilateral o comercial en el desastre financiero ecuatoriano. No dudo que en esas organizaciones haya existido su dosis de mala fe, su dosis de corrupción y de colusión con los burócratas del gobierno (es seguro que haya sido así en un 10, un 20, un x%). Pero de allí a desconocer compromisos firmados y sellados, contraídos a nivel de país, por las autoridades de la época, hay un trecho bien largo. Sin ser expertos legales, creemos que ningún tribunal del mundo le concedería a los argumentos presentados en el estudio validez legal alguna, aunque estoy seguro de que los jueces indudablemente pensarían que en el Ecuador la calidad educativa y ética de los funcionarios públicos ha sido (y es actualmente) bajísima.

Pero esto no es todo. La tragicomedia de Rafael Correa en Ecuador es solo parte de una mayor telenovela que se desarrolla actualmente en torno al gran bufón hemisférico, Hugo Chávez. En la reunión de ALBA, celebrada en Caracas hace unos días, Chávez decidió que ALBA se plegaría a la demanda de Correa contra la deuda “ilegal”, lo cual podría resultar en un intento por parte de esta organización de desconocer la deuda internacional de sus países miembros, Venezuela, Ecuador, Honduras, Nicaragua y, quizás, Honduras (no se cuál es la situación de la deuda cubana). Este próximo capítulo podría desencadenar una mini-crisis en el mundo financiero y conducir a la expulsión de estos países rebeldes del seno del sistema financiero internacional.