La Seguridad Social es un esquema Ponzi legal

Ida May Fuller, la primera persona que recibió un cheque de la Seguridad Social, trabajó sólo tres años antes de percibir su primera prestación (en 1940). Durante ese tiempo, el total de impuestos deducidos de su salario ascendió a sólo 24,75 dólares. Sin embargo, su primer cheque mensual ascendió a 22,54 dólares, casi igualando la totalidad de su cotización. A lo largo de su vida, Fuller cobró 22.888,92 dólares en prestaciones de la Seguridad Social. Eso equivale a casi medio millón en dólares de hoy y a unas 1.000 veces lo que había pagado en impuestos.

Algunas personas siguen creyendo que la Seguridad Social funciona como un sistema de ahorro obligatorio. Pero no es así como funciona este programa. A diferencia de una auténtica cuenta de ahorro, en la que las aportaciones individuales se acumulan y crecen con el tiempo, la estructura de la Seguridad Social se asemeja mucho más a un clásico esquema Ponzi. Los primeros beneficiarios recibieron muchas más prestaciones de las que pagaron, mientras que las generaciones futuras se enfrentan a costos crecientes para mantener el sistema.

El caso de Fuller es un ejemplo flagrante de cómo la Seguridad Social nunca se diseñó como un verdadero sistema de ahorro. Los primeros beneficiarios, como ella, cosecharon enormes beneficios porque el programa dependía de los impuestos sobre las nóminas de los trabajadores más jóvenes y en crecimiento para cubrir los pagos. Sin embargo, los trabajadores actuales se enfrentan a una ecuación cada vez más desequilibrada. Se les pide que paguen impuestos cada vez más altos para sostener un sistema que ofrece mucho menos a cambio de lo que disfrutaban las generaciones anteriores.

Las matemáticas han cambiado radicalmente. En 1950, había unos 16 trabajadores cotizando a la Seguridad Social por cada jubilado. Hoy en día, ese número se ha reducido a sólo 2,7 trabajadores por jubilado, y se prevé que se reduzca aún más a 2,4 trabajadores por jubilado en 2035. A medida que se reduce la proporción de trabajadores por jubilado, el sistema se enfrenta a una presión cada vez mayor. Este cambio demográfico es una de las principales causas de los problemas de financiación de la Seguridad Social. Menos trabajadores por más jubilados significa más impuestos o menos prestaciones, o ambas cosas, para mantener el programa a flote.

Los cambios necesarios son sustanciales. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) calcula que el impuesto sobre las nóminas tendría que aumentar inmediatamente del 12,4% al 16,7% para cubrir el déficit actuarial a largo plazo del programa, de más de 25 billones de dólares. En cifras, un trabajador medio que gane 61.000 dólares tendría que pagar 2.600 dólares más en impuestos sobre la nómina, con lo que su carga fiscal total superaría los 10.000 dólares. Por otro lado, la CBO prevé que las prestaciones tendrían que recortarse un 23% en 2035 para hacer frente a los ingresos procedentes de los impuestos sobre las nóminas.

Otra razón importante por la que la Seguridad Social es insostenible desde el punto de vista financiero es que el Congreso ha ampliado repetidamente las prestaciones. Desde la inclusión de cónyuges y supervivientes, pasando por la indexación de las prestaciones iniciales al crecimiento de los salarios, hasta la adopción de ajustes automáticos por el costo de la vida, el Congreso tiene un largo historial de ampliación de la Seguridad Social, especialmente en época de elecciones.

Incluso la propia Ida May Fuller llegó a preocuparse por la expansión insostenible del programa. Cuando el Congreso propuso otro aumento de las prestaciones en 1970, Fuller expresó su oposición. "Ya lo han subido todo lo que debían", dijo. "Cada vez que la suben, aumentan la cantidad que se quita a los trabajadores que pagan por ella y se está convirtiendo en una carga demasiado pesada".

La advertencia de Fuller sigue siendo válida hoy en día. La Seguridad Social extrae importantes recursos de los trabajadores mientras les ofrece menos a cambio. La mayoría de los trabajadores estarían mejor si la Seguridad Social no existiera y hubieran ahorrado el dinero que pagan en impuestos sobre la nómina en cuentas de su propiedad y bajo su control.

Desgraciadamente, el Congreso ha hecho que millones de estadounidenses dependan en gran medida de la Seguridad Social para su jubilación, incentivándoles a trabajar y ahorrar menos de lo que habrían ahorrado. Salir de este sistema insostenible será costoso y políticamente doloroso. Podemos empezar por reducir el crecimiento de las prestaciones futuras, aumentar la edad a la que los nuevos beneficiarios pueden reclamar la Seguridad Social y suspender los ajustes por costo de la vida para los estadounidenses más ricos a fin de reducir sus prestaciones lentamente a lo largo del tiempo. Con cambios más audaces, el programa dejaría de ser una prestación vinculada a los ingresos para convertirse en una prestación predecible y orientada a la pobreza. Son necesarios cambios significativos en las prestaciones para reducir los impuestos sobre la nómina y permitir a los trabajadores ahorrar más en cuentas privadas de su propiedad.

Es hora de afrontar la dolorosa pero necesaria verdad de que, independientemente de la historia que cuenten los políticos, la Seguridad Social siempre ha sido un programa de transferencia de ingresos, no un sistema de ahorro. La Seguridad Social actual está cargando cada vez más a las generaciones futuras con las amenazas de mayores impuestos e inflación. Un planteamiento más eficaz diseñaría la Seguridad Social como una red de seguridad para evitar la pobreza de los mayores, al tiempo que facultaría a los trabajadores para tener un mayor control sobre la seguridad de su jubilación.

En noviembre publicaré un nuevo Análisis de Política Pública de Cato que profundizará en la exposición de los mitos que rodean al fondo fiduciario de la Seguridad Social, revelando su verdadera naturaleza de esquema Ponzi legal. Este informe desvelará las realidades fiscales del reto de financiación de la Seguridad Social y destacará las reformas estructurales que reducirán la creciente carga sobre los trabajadores más jóvenes al tiempo que protegerán a los mayores vulnerables.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 23 de octubre de 2024.