La ruta de El Salvador hacia el caos monetario y el colapso económico

En la media noche del 8 de junio, El Salvador aprobó una ley que hizo que el Bitcoin sea de curso legal. La Ley Bitcoin es hija del presidente populista de El Salvador, Nayib Bukele. Su característica más controversial es el Artículo 7, que estipula que cada agente económico en El Salvador debe aceptar Bitcoin como pago por productos y servicios. De acuerdo con esto, después del 7 de septiembre, Bitcoin no solo será de curso legal, sino que será de curso forzoso. Para hacer este cambio radical más aceptable, el gobierno promete depositar $30 en la billetera digital de cada salvadoreño que descargue la aplicación de criptomonedas del estado.

La iniciativa radical de cripto acaparó el protagonismo a nivel mundial. También hizo de él como una especie de héroe popular en la comunidad criptomonedas. Pero, en El Salvador, Bukele recibió poco más que miradas cínicas. Después de todo, considerando que El Salvador abandonó el colón y lo reemplazó con el dólar estadounidense en 2001, su inflación anual promedio ha sido de solo 2,03 por ciento, la tasa más baja en América Latina. Si eso no es suficiente, aún cuando el dólar es la moneda de curso legal, el uso de todas las monedas está permitido en El Salvador. De manera que los salvadoreños preguntan, “¿Por qué cambiar nuestro régimen de tipo de cambio dolarizado y competitivo?” Funciona de maravilla. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han expresado lo mismo y realizado la misma pregunta. Con justa razón.   

Estas no serán las únicas instituciones haciendo preguntas. También lo hará la Fuerza de Acción Financiera (FATF), el policía internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento de terroristas. Desde la perspectiva regulatoria de FATF, El Salvador ha estado tan limpio como el diente de un sabueso. Eso cambiará si la Ley Bitcoin es implementada el 7 de septiembre. En un estudio en desarrollo de Studies in Applied Economics, identifiqué 27 regulaciones de la FATF relacionadas con las transacciones de activos virtuales que serán casi imposibles de cumplir, bajo la nueva ley, para los bancos salvadoreños, las empresas y sus clientes. Por ejemplo, la FATF estipula que las partes que participan en transacciones de activos virtuales provean información completa y suficiente que permitan conocer al cliente. También requiere que los remitentes y recipientes de los activos virtuales obtengan conocimiento e información precisos acerca de “la transacción, la fuente de los fondos, y la relación con la contraparte”. La probabilidad de que las transacciones en Bitcoin cumplan con dichos requisitos son pocas o nulas. 

Si usted se está preguntando si la FATF y otros cuerpos regulatorios miraran el lado sospechoso de El Salvador a partir del 7 de septiembre, la respuesta sin duda es “si”. Solo considere lo que el Departamento de Estado de EE.UU. ha hecho recientemente. El 1 de julio publicó una lista de actores corruptos o no democráticos del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). De los 55 centroamericanos que ahora tienen el ingreso prohibido a EE.UU., 14 son salvadoreños. Estos incluyen miembros de alto nivel en la administración de Bukele, incluyendo su jefe de gabinete, el ministro d trabajo, el viceministro de seguridad, y su asesor legal. Han sido señalados por una larga lista de acusaciones tales como lavado de dinero, aceptar sobornos, y socavar la democracia. 

Bukele mismo tiene un historial de ir más allá de lo que le permiten sus poderes democráticos, incluyendo el uso de las fuerzas armadas para influir la legislación en el congreso y remover cinco jueces de la corte suprema, quienes anteriormente habían decidido en contra de él. Más recientemente, Bukele ordenó el arresto del ex-presidente Sánchez-Ceren y otros nueve funcionarios de gobierno. 

Si todas estas preocupaciones y preguntas no fueran suficiente, algunos salvadoreños están preguntando si la Ley Bitcoin podría soportar una evaluación constitucional. Como consecuencia de esto, Bukele está proponiendo reescribir la constitución de El Salvador. La nueva constitución propuesta, específicamente el Artículo 111, permitiría que el gobierno le conceda status de moneda de curso legal a monedas que no existen en forma física (léase: criptomonedas). 

Mientras que Bukele marcha hacia adelante, no sorprede que los mercados están de retirada. Luego de la aprobación de la Ley Bitcoin, Moody’s redujo la calificación del emisor de deuda salvadoreña a largo plazo y las calificaciones senior no aseguradas. Como la noche sigue al día, los bonos de El Salvador denominados en dólares estadounidenses pagaderos a 2035 también se han desplomado desde que la Ley Bitcoin fue aprobada y recientemente llegaron a su nivel más bajo durante los últimos nueve meses. Los bonos de El Salvador que vencen en 2029 están comercializándose a niveles preocupantes, con un margen de 945 puntos base por sobre los bonos comparables del gobierno de EE.UU. 

Los mercados nos están diciendo que las tendencias autoritarias y las ideas disparatadas de criptomonedas de Bukele resultarán en un caos monetario y colapso económico. Para EE.UU., esto significaría otra ola de migrantes desde un estado centroamericano fallido.

Este artículo fue publicado originalmente en National Review (EE.UU.) el 20 de agosto de 2021.