La política estatal y la pandemia del COVID-19

¿Qué deberían hacer los gobiernos, si es que deben hacer algo, como respuesta a la pandemia del COVID-19?

El control de enfermedades contagiosas parece ser el caso de libro de texto donde la acción privada no producirá resultados buenos para la sociedad en general. Mientras que los individuos seguramente se enfrentan a incentivos para evitar enfermarse (lo cual ayuda a limitar el esparcimiento de la enfermedad), ellos podrían enfocarse principalmente en los costos y beneficios privados de ir a trabajar o asistir a una reunión de muchas personas cuando están enfermos. De igual forma, mientras que los negocios y otras organizaciones privadas tienen buenas razones para adoptar el trabajo remoto y otras medidas de distanciamiento social que podrían limitar el contagio, estas no necesariamente alcanzarán acubrir los efectos negativos de mantener todo abierto y por lo tanto se “distanciaran socialmente” muy poco.

En ausencia del estado, por lo tanto, los individuos y los grupos privados podrían aprovecharse, evitando los costosos esfuerzos de reducir la transmisión de la enfermedad con la esperanza de que las acciones de otros la contengan. Aún así, si gran parte de los actores privados se comportan de esta manera, la enfermedad se esparcirá rápidamente. 

La implicación para las políticas públicas de esta perspectiva por lo tanto parece ser que los gobiernos deberían intervenir para controlar la enfermedad. Esto puede ser favorable para todos, dado que si la mayoría de las personas cumplen con las políticas del gobierno, los beneficios de salud pública más que compensan los costos de cumplir con ellas. 

Esta perspectiva de la pandemia del COVID-19 captura un elemento clave de la realidad. Algunas personas no ignoran el impacto negativo de sus acciones sobre otros, como, por ejemplo, venir al trabajo con una gripe u olvidar recibir una vacuna en contra de la influenza. 

La perspectiva estándar, sin embargo, no cuenta toda la historia. Muchas personas se quedan en casa cuando están enfermas. Una fracción sustancial de la población se vacuna contra la influenza todos los años. Algo de esto tiene que ver con interés personal, como donar a una caridad, lo cual muchos hacen, incluso en casos en que cualquier beneficio directo al donante es pequeño o inexistente (las donaciones de los estadounidenses a las víctimas de un tsunami). Las personas no con criaturas exclusivamente egoístas; cooperan y trabajan para el bien común con frecuencia. 

Y el COVID-19 ilustra bien que frente al brote de una epidemia los actores privados realizarán importantes esfuerzos voluntarios para controlar la enfermedad. Amazon le ha dicho a sus empleados que trabajen desde sus casas de ser posible, la mayoría de las ligas deportivas de EE.UU. han suspendido sus operaciones, las universidades han enviado a sus estudiantes a la casa y están dando clases en línea, y los supermercados han implementado “horas especiales para los mayores de edad” para reducir la exposición potencial de los individuos mas vulnerables. Más ejemplos aquí, aquí, aquí, aquí y aquí.

De manera que decir que solo el estado puede controlar COVID-19 no es solo un argumento a priori; las respuestas privadas podrían remediar los peores efectos siempre y cuando el estado no las obstaculicen. 

Los esfuerzos estatales podrían incluso generar consecuencias perversas; como aquellas que resultaron de imponer restricciones de viajes de manera apresurada en EE.UU. y otros países.

Dicho esto, qué tal si ciertas acciones estatales pudiesen desacelerar una enfermedad contagiosa que las acciones privadas por sí solas. ¿Significa esto que los gobiernos deben actuar? No necesariamente. Los beneficios de la intervención son solo un lado de la ecuación; las decisiones de políticas públicas deben preguntar si las intervenciones generan mayores costos que beneficios. Esto es, ¿podría ser el tratamiento peor que la enfermedad?

Las intervenciones por el COVID-10 que están siendo implementadas o contempladas hasta ahora podrían tener un amplio rango de costos. El cierre ordenado por el gobierno de industrias “no esenciales”, cerrando ciudades y estados enteros, probablemente tendrá un gran impacto negativo sobre la actividad económica; las estimaciones recientes sugieren que el PIB caerá en un 24% durante el segundo trimestre de 2020 únicamente (el peor declive en un trimestre de la Gran Recesión fue de 8,4%). 

Cerrar las escuelas reduce el aprendizaje, interfiere con los horarios de trabajo de los padres, y le quita los alimentos a los estudiantes que dependen de las comidas en los colegios. Los rescates crean grandes oportunidades para que se de el capitalismo de compadres. De igual manera, los grandes paquetes de estímulo contendrán subvenciones a industrias clave que están escasamente relacionadas con la protección en contra del virus y que se ha vuelto una excusa para implementar malas políticas que de otra manera no serían aprobadas, incluyendo, la licencia pagada por enfermedad, y los rescates de las industrias de hotelería y turismo. Mucho del capitalismo de compadres no se acabará cuando el virus se detenga. Basta con mirar a los subsidios actuales para la lana de angora y otros productos agrícolas. 

Más allá del riesgo de una recesión terrible, un capitalismo de compadres expandido, una considerable deuda estatal, y otros perjuicios de largo plazo a la actividad económica, algunas medidas en contra del coronavirus van explícitamente en contra de las libertades civiles y el estado de derecho. Si los alcaldes, gobernadores, y presidentes tienen el poder de cerrar industrias enteras, ciudades o estados, simplemente con una discusión con las legislaturas pertinentes, ¿qué poder no tienen estos funcionarios electos?

Desde ya, Ohio está cerrando las clínicas de aborto, diciendo que estas no son esenciales, y los gobiernos federal y de los estados están ordenando una moratoria al corte de servicios de agua y luz y alentando a los prestamistas de hipotecas y proveedores de préstamos estudiantiles que detengan o pospongan sus cobros. Tal vez todavía más tenebroso es que el Departamento de Justicia está proponiendo nuevas reglas que permitirían la detención indefinida en tiempos de emergencia. Es peligroso darle al gobierno más poder del que uno le daría a su peor enemigo.

A través de todas estas áreas, las nuevas políticas públicas podrían sentar malos precedentes para legitimar intervenciones futuras todavía menos convincentes para concentrar el poder.

Transferirle 50.000 millones a las aerolíneas es una locura; considere en cambio subsidiar la compra o producción de ventiladores. A nivel federal, conceder subvenciones a los estados para gasto en salud pública podría estar justificado, pero, ¿préstamos para todos? Seguramente no. ¿Ordenar el cierre de negocios privados? Inaceptable. La asistencia federal para acelerar la realización de pruebas podría estar justificada. La realización extensiva de pruebas rápidas es importante porque le permite a las autoridades de salud pública monitorear la ubicación y velocidad del virus, enfocando así los esfuerzos de una manera bien precisa. En particular, si las autoridades pueden identificar patrones específicos de pacientes con el virus, podrían aislar a esos pacientes y sus contactos cercanos, desacelerando el paso de la enfermedad sin imponer amplias restricciones a toda la sociedad. Estas preocupaciones acerca de los costos de las intervenciones sugieren una guía para determinar cuáles intervenciones tienen sentido. Las medidas ideales aplican políticas existentes que tienen un récord de eficacia, en lugar de inventarse algo nuevo al andar.

Las medidas ideales son voluntarias, no coercitivas. Las medidas ideales son locales o a nivel de los estados en lugar de ser federales. Y las medidas ideales abordan los problemas cruciales directamente en lugar de cerrar la economía ampliamente. Visto desde esta perspectiva, ciertas acciones del estado probablemente son sensatas, como los esfuerzos de los estados y gobiernos locales para realizar pruebas, ordenar cuarentenas, y aislamiento de los pacientes infectados y sus contactos cercanos. Derogar las regulaciones malas existentes es, por supuesto, algo que no merece siquiera una discusión. Pero las políticas parecen draconianas y llenas de un potencial para que se den excesos, incluyendo los cierres, las legislaciones con masivas subvenciones para grupos de intereses especiales, y suspensiones de los procedimientos judiciales normales. 

La epidemia del COVID-19 es algo serio y tenebroso. Pero no debería convertirse en una excusa para ignorar los costos y compararlos con los beneficios cuando se trata de las políticas públicas.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato at Liberty (EE.UU.) el 23 de marzo de 2020.