La policía tributaria internacional y los Panamá Papers

Muchas naciones en Europa Occidental ya no pueden costear sus grandes estados de bienestar. Países como Grecia, España, e Italia ya han necesitado rescates, mientras que es solo cuestión de tiempo antes de que muchas otras naciones europeas se enfrenten a un día de ajuste de cuentas fiscales. Pero el problema no está restringido a Europa. Países como EE.UU. y Japón también tienen serios problemas a largo plazo debido a sus cambios demográficos y al mal diseño de sus programas de prestaciones sociales.

Desafortunadamente, en lugar de arreglar sus propios problemas fiscales, muchas de estas naciones están presionando a las burocracias internacionales como el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que modifiquen las reglas y tradiciones del comercio global en un intento de extraer una mayor recaudación tributaria.

Por esta razón es que ha habido un ataque importante en contra de los llamados paraísos fiscales como parte de una campaña coordinada para socavar la soberanía fiscal y restringir el derecho humano a la privacidad financiera. Aparentemente a las jurisdicciones pequeñas no se les permite seguir la misma estrategia de impuestos bajos y gobierno limitado que le permitió a países como EE.UU. volverse rico.

Uno de los capítulos más bizarros en esta historia es la forma en la que los partidarios del estado de bienestar ahora están tratando de demonizar los proveedores de servicios financieros como los bufetes de abogados que son contratados para realizar trámites legales en nombre de inversores y empresarios que están estableciendo fideicomisos, empresas, y otras entidades.

Considere, por ejemplo, el caso de Mossack Fonseca, un bufete de servicios profesionales basada en Panamá. La BBC y otros medios con una agenda han buscado impugnar la reputación de este bufete, que ha estado en operación durante casi 40 años y ni una sola vez en su historia ha sido acusado de delito alguno o incluso formalmente investigado en conexión con un solo caso de delito penal. Pero este grupo de practicantes del derecho y astutos asesores de fideicomisos, de repente está siendo presentado como un sindicato internacional del crimen que está corrompiendo a la civilización occidental, una corporación a la vez.

La controversia, en gran medida, se deriva de un discutible y determinado malentendido de lo que los bufetes como Mossack Fonseca hacen —y no hacen— para sus clientes. En términos básicos, estos bufetes ayudan a las personas a crear nuevas empresas y fideicomisos. Estas entidades legales son creadas en jurisdicciones alrededor del mundo, y los bufetes como Mossack Fonseca están legalmente obligados a conducir una extensiva diligencia debida para asegurarse de que el “propietario beneficiario” de estas entidades —los clientes finales— esté operando de una manera legal, y de que cualquier dinero depositado en estas nuevas empresas sea legalmente obtenido. Los bancos realizan un proceso similar de diligencia debida, y los bufetes de abogados tradicionalmente trabajan con ellos en sus cuentas compartidas para asegurarse de un cumplimiento total con las leyes aplicables.

Pero a diferencia de los bancos, estos bufetes de abogados no toman posesión del dinero de sus clientes. Así que la noción de que están involucrados en “lavado de dinero” es risible. Una vez que los papeles de incorporación son entregados, el bufete no dirige de forma alguna la operación de las empresas. Cuando los problemas surgen y varias “banderas rojas” asoman su cabeza, estos bufetes deben contactar inmediatamente a los supervisores locales y a los órganos encargados de hacer cumplir la ley, y comunicarles a estos cualquier información que hayan obtenido, incluso información que de otra forma estuviera protegida. En otras palabras: para culpar a estos bufetes de los delitos del infinitamente pequeño número de personas que burlan al sistema sería como culpar a una empresa de autos por un conductor que conduce su sedan hasta que este se cae de un precipicio.

Los bufetes como Mossack Fonseca son simplemente el último ejemplo y chivo expiatorio de una campaña mucho más amplia que está siendo librada por parte de gobiernos izquierdistas y sus múltiples aliados y grupos de intereses. Esta campaña se erige alrededor de ataques agresivos contra cualquiera que, por cualquier razón, busca proteger legalmente de políticas tributarias confiscatorias sus activos obtenidos con esfuerzo.

Lo que hace de este asunto tan frustrante es que de hecho hay una forma pro-crecimiento de acabar con esta controversia. Los gobiernos de impuestos altos deberían reformar sus propios regímenes tributarios con miras a competir por el capital y atraer a nuevas empresas a sus territorios en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Eso es básicamente lo que pasó durante la década de 1980, empezando con los recortes de impuestos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y esto desató un periodo considerable de prosperidad global.

Desafortunadamente, una serie de gobiernos en los tiempos recientes han decidido no competir en ese terreno del todo —en cambio, simplemente buscan difamar o destruir a cualquier entidad, individuo o jurisdicción que exista que los prive de la recaudación tributaria, dineros sobre los que los políticos ambiciosamente sienten que tienen derecho.

Como suele suceder, los medios de comunicación que lideran estas perennes “revelaciones”, usualmente a pedido de los burócratas de la OCDE (quienes, irónicamente, obtienen sueldos libres de impuestos) y funcionarios de gobiernos en países con impuestos altos, están apuntando en la dirección equivocada.

Puede ser el caso de que los bufetes basados en el extranjero como Mossack Fonseca sean objetivos fáciles y sabrosos, sin importar lo mundanal del trabajo que hacen y el papel crítico que desempeñan ayudando a la economía global a operar de manera eficiente. Pero la narrativa siendo desplegada por la prensa internacional, que sugiere que estos bufetes están violando la ley o ayudando a otros a hacer lo mismo, se contradice con el hecho de que ninguno de ellos ha sido acusado de crimen alguno. Desafortunadamente, las historias acerca de los bufetes que cumplen con la ley no necesariamente venden muchos periódicos.

Este artículo fue publicado originalmente en Caribbean News (Islas Caimanes) el 4 de abril de 2016.