La integridad del gobierno se refleja en la pobreza y la marginalidad
Víctor Pavón explica la importancia del Estado de Derecho para la prosperidad de un país.
Por Víctor Pavón
¿Por qué habiendo crecido en estos años el Producto Interno Bruto (PIB), la pobreza y la marginalidad siguen expandiéndose? El aumento en el PIB favorece a la economía y tiene efectos positivos sobre la calidad de vida. Sin embargo, aun con un producto superior, la pobreza no será mitigada. El país cuenta con un Estado de Derecho débil, sus gobiernos adolecen de integridad.
La integridad del gobierno es un precioso bien en cualquier país del mundo. Implica el pleno funcionamiento del Estado de Derecho por el cual gobernantes y gobernados son iguales ante la Constitución y las leyes. La integridad del gobierno no es una mera declamación. Tiene efectos reales sobre la economía y la política, la pobreza y la marginalidad.
De manera a comprender acerca del significado de la integridad del gobierno, es preciso reconocer que la actividad del Estado está revestida de coerción; esto es, la acción por el cual se impone un castigo o pena. Este es el motivo por el cual los gobernantes sólo pueden hacer lo que está previamente autorizado. Esta es una regla jurídica y moral de la civilización que impide a los que ocupan cargos —administrativos o electivos— meter sus manos en el presupuesto e igualmente prever de sus posibles conductas arbitrarias.
No se equivocaron los filósofos políticos liberales cuando advertían acerca de controlar y dividir el poder para preservar la libertad y la propiedad. Si los que dirigen los órganos del Estado, desde la administración central y la descentralizada, no proceden de acuerdo a la integridad expresada en aquel principio de legalidad, pronto las decisiones políticas se caracterizan por el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, la prevaricación, el nepotismo, la malversación, el robo y cualquier otra maniobra que pueda existir valiéndose de las mayorías y la impunidad. Surge así la política sectaria debido a que por medio de la coerción se beneficia un sector e inexorablemente se perjudica a otros.
La política sectaria de modificar las reglas de juego del imperio de la ley, se constituye en desvío de recursos, tanto humanos como financieros. En Paraguay, no resulta extraño que pese a que en todos estos años la administración de justicia ha venido contando con multimillonarios recursos a distribuir, el resultado no se ha traducido en eficiencia, celeridad y transparencia. La gente siente y se percata de las maniobras inficionadas de podredumbre en los expedientes y juzgados.
El daño por la falta de integridad de los gobiernos recae sobre toda la población, sin embargo, los que cuentan con recursos subsisten y se defienden. El daño mayor se desploma con más peso sobre las escuálidas espaldas de los pobres y desamparados, los que de manera diaria se rebuscan para obtener un plato de comida o una mínima atención de salud; los verdaderos pobres.
El costo por el mal servicio de justicia tiene efectos desastrosos en las condiciones de vida de la gente y todavía más sobre los menesterosos. Pero esta notoria ineficiencia y corrupción en la administración de justicia no se circunscribe al Poder Judicial. Se debe a la intensa y temida influencia de políticos y gobernantes cuyas perversas influencias provienen desde el mismo Ejecutivo y Legislativo.
Mientras las “motivaciones” políticas coyunturales sigan siendo en grado de prelación superiores a la vigencia y respeto del Estado de Derecho —en el que gobernantes y gobernados son iguales ante la ley— la integridad de cualquier gobierno se refleja en la pobreza y la marginalidad de la población.