La imputación de Trump nos recuerda que la regulación de la financiación de campañas no debería existir

El 4 de abril de 2023, el fiscal del distrito de Manhattan anunció la acusación contra el expresidente Donald Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

Se trata de cargos menores en el Estado de Nueva York, pero se elevan a delitos graves cuando el acusado falsificó registros comerciales para ocultar otro delito.

El fiscal del distrito, Alvin Bragg, no ha sido preciso a la hora de nombrar los delitos que las entradas supuestamente falsas en los registros comerciales pretendían ocultar. Es probable que argumente, sin embargo, que el reembolso de la Organización Trump al abogado de Trump, Michael Cohen, por el dinero pagado a Stormy Daniels, constituye una contribución corporativa ilegal a la campaña de Trump en 2016.

En Estados Unidos, las empresas no pueden donar directamente a las campañas políticas. Bragg probablemente argumentará que el reembolso es una contribución a la campaña porque estaba destinado a evitar una noticia que dañaría la campaña de Trump. No está claro si ese argumento se sostendrá en los tribunales.

Resolver todo esto es espinoso, pero en Libertarian Land la cuestión es sencilla: no hay regulación de la financiación de las campañas.

Los defensores de la regulación de la financiación de las campañas afirman que las contribuciones afectan a las posibilidades electorales de los candidatos; que las contribuciones influyen en las políticas que apoyan los candidatos; que esta influencia es indeseable; y que la regulación limita con éxito esta influencia.

Cada una de estas afirmaciones es problemática.

En una democracia, los candidatos no pueden apoyar políticas que estén muy en desacuerdo con la mayoría de sus electores. Además, no está claro si las contribuciones influyen en las posiciones o si ciertas posiciones atraen contribuciones. Muchas posiciones que atraen contribuciones tienen un apoyo sustancial, como el ecologismo.

Además, la regulación no consigue "sacar el dinero de la política". Incluso si la ley prohibiera a las empresas o a las personas gastar dinero para apoyar explícitamente a un candidato, podrían gastar dinero para apoyar políticas que se alineen con determinados candidatos. Si la ley prohibiera el gasto que apoya políticas específicas, eso violaría flagrantemente la libertad de expresión.

Estas normativas también recompensan a los candidatos deshonestos que eluden la aplicación de la ley o tienen los conocimientos jurídicos necesarios para aprovecharse de las lagunas legales a costa de los candidatos respetuosos con la ley y con menos recursos.

Las soluciones privadas, incluidos los organismos de control independientes y los grupos de defensa del votante, moderan la influencia indeseable de las contribuciones a los candidatos.

Por último, la regulación de la financiación de las campañas, al igual que las leyes contra el fraude empresarial en cuestión en el caso Trump, permiten a los fiscales elegir objetivos basándose en presiones políticas (como muchos han sugerido en este caso). Sea cierta o no, la apariencia de influencia política que posibilita la regulación de la financiación de las campañas reduce la confianza en el sistema de justicia penal.

La acusación de Donald Trump no alcanzaría la categoría de delito grave sin la regulación de la financiación de las campañas. Independientemente de los méritos del caso del fiscal de Manhattan, la acusación es una oportunidad para reflexionar sobre la existencia equivocada de dicha regulación.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 17 de abril de 2023.