La huelga no se paga
Juan Carlos Hidalgo explica como Costa Rica había venido haciendo mal las cosas en su tratamiento de las huelgas, siendo uno de los pocos países en América y Europa que pagaba el salario a los huelguistas.
El proyecto de ley para regular las huelgas es una condición sine que non para el desarrollo nacional.* No solo los sindicatos han dejado claro que únicamente les importa la defensa de sus privilegios –aun cuando estos pongan en jaque la estabilidad de la economía– y han evidenciado la enorme dificultad de toda reforma estructural en el tanto puedan paralizar el país a su antojo.
El texto dictaminado es la confluencia de dos iniciativas de los diputados Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León del PLN. Trae muchas cosas positivas, como la prohibición expresa de las huelgas políticas, la creación de un procedimiento más expedito para la declaratoria de ilegalidad de estos movimientos, la inclusión de un proceso rápido para que el juez ordene la reincorporación en las huelgas en servicios esenciales y la ampliación de la lista de dichos servicios en los que están prohibidos los paros.
Sin embargo, en las últimas semanas, ha salido a relucir la necesidad imperiosa de incluir un elemento adicional: la suspensión del pago de salarios a los huelguistas a partir del momento en que cesan labores. En eso, Costa Rica es una excepción –mejor dicho, una aberración– a la regla. La enorme mayoría de países en América y Europa estipulan que la huelga representa la suspensión del contrato laboral y, por lo tanto, los trabajadores no reciben pago por labores que no están realizando.
Incluso el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que “la deducción salarial por los días de huelga no plantea objeciones desde el punto de vista de los principios de libertad sindical”. De tal forma que no son de recibo las denuncias de los gremios y sus defensores en el sentido de que incorporar la suspensión de pago representaría un ataque al derecho a huelga.
La evidencia nacional e internacional apunta a que Costa Rica ha venido haciendo mal las cosas en su tratamiento de las huelgas. Si necesitábamos pruebas adicionales, basta con ver las consecuencias: paralización de servicios que se extienden por meses sin ningún tipo de sanción o costo para los sindicalistas. Tan solo en el último año se han perdido más de 100 días escolares, por ejemplo. Eso es demencial. Incorporémonos al concierto de naciones sensatas estableciendo que la huelga no se paga.
Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 2 de septiembre de 2019, antes de que el Congreso aprobara en primer debate una ley que suspendería el pago del salario para los huelguistas hasta que un juzgado determine que hubo un incumplimiento grave por parte del patrono.