La farsa del salario mínimo y las supuestas conquistas sociales

En muchos países con economías inestables, como la de Argentina o Venezuela, la fijación de salarios mínimos funciona como termómetro de la inflación. Y cada vez son más los políticos y sindicalistas que enarbolan sus méritos a través de mayores conquistas sociales. Existe una creencia popular y conveniente de que el incremento de salarios mínimos ayuda a los trabajadores de bajos salarios y que establece lo que el Estado considera un “salario justo”. Ahora bien, ¿se puede afirmar que este tipo de conquistas sociales son un robo descarado a los más pobres y que la solución que aportan los gobiernos al problema es tan mala como el problema en sí mismo?

Lo cierto es que este tipo de medidas podrían resultar en un beneficio político y hasta demagógico para los partidos que la están promoviendo, ya que no existe algo más nocivo y contradictorio que el establecimiento de salarios mínimos. Es una falacia creer que este tire y afloje entre sindicatos y legisladores es signo de mayor empleo y menor pobreza, por el contrario, los números indican que es la representación de la destrucción total del empleo.

Esta semana entrará en vigencia el incremento del 30% en el salario mínimo de Venezuela, mientras que cálculos suponen que se requieren 17 de estos para acceder a la canasta básica. Por otro lado, Mauricio Macri está siendo acorralado por la presión sindical que parece estar dispuesta a todo en pos de lograr mayores conquistas sociales. Sumado a que se aprobó la semana pasada en el Senado una ley que prohíbe los despidos por 180 días y establece un sistema de doble indemnización. En la mayoría de las propuestas gubernamentales de ambos países el común denominador es la fuerte presencia del Estado como árbitro económico, desafiando las leyes que el mercado sugiere.

Repasando algunos números del mercado laboral argentino

Posterior a la crisis del 2001, el 2011 fue el mejor momento del sector, ya que la tasa de empleo superó el 43% y el desempleo se ubicó alrededor del 7%. Si bien no hay demasiadas certezas sobre la cuantificación y cualificación del mercado laboral producto de la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Argentina en el período de mayor dinamismo económico -sobre todo la última gestión presidencial de Cristina F. de Kirchner- no creó empleo privado. Por tal motivo, el Estado se convirtió en el motor del empleo, maquillando las cifras y agigantando el sector público. Asimismo, el estancamiento del empleo coincidió con la imposición del cepo cambiario, que desincentivó la inversión productiva, la demanda de empleo y sumergió al sistema macroeconómico en una nociva estanflación.

En este marco, los últimos datos de desempleo difundidos por el gobierno antes de dejar el poder (noviembre de 2015), señalaban que la tasa de desempleo habría caído a menos del 6% de la población activa en el tercer trimestre del 2015, el nivel más bajo desde la década del ’80. Debido a que la manipulación de las estadísticas oficiales generaba dudas, las estimaciones privadas en materia laboral cuestionaron esta cifra ya que según ellos habría alcanzado los dos dígitos, rondando el 10%. Sin embargo, el principal problema que aqueja al país no es la tasa de desempleo sino la creciente inactividad laboral producto de la proliferación del asistencialismo de la última década. Actualmente, 1 de cada 4 personas de entre 20 años y la edad jubilatoria no participa del mercado laboral. El fenómeno se agrava entre las mujeres y los jóvenes, donde 1 de cada 3 elige la inactividad laboral.

Como se mencionó anteriormente, la presencia de salarios mínimos es una forma de regulación laboral. A través de este recurso se pretende proveer a los empleados menos calificados un mayor ingreso, aunque al mismo tiempo, se condena al desempleo a todos aquellos cuyo trabajo esté valorado por debajo de esa cifra. En el gráfico se puede observar que aquellos países de América Latina que presentan salarios mínimos nominales en dólares más altos tienen regulaciones laborales mayores y pagan esta mayor regulación con cifras de desempleo más altas. Este es el caso de Argentina y Venezuela con tasas de 7,8 y 17,4%, respectivamente según proyecciones del FMI para el 2016.

La presencia de los salarios mínimos llegó al mercado laboral alemán cobrándose en su primer año de vida 60.000 puestos de trabajo, según un estudio del Instituto del Mercado Laboral (IAB). Este dato resulta de una muestra de 16.000 empresas y representa el 0,18% de total de empleados de Alemania. Es importante destacar, que el mercado laboral en el país sólo se regía por convenios colectivos sectoriales.

¿Por qué Suiza es un ejemplo a seguir?

En cambio, aquellos países donde el mercado laboral no está descomunalmente regulado y donde no tienen salario mínimo legal, como es el caso de Suiza, la tasa de desempleo es del 4,5%. Según el Índice de Libertad Económica 2015 elaborado por el Fraser Institute, Suiza se encuentra entre los países con el puntaje en regulaciones en el mercado laboral más alto del mundo (7,8), ubicándose en esta categoría entre los 30 más libres de 178 países analizados. Así se diferencia de Argentina que se sitúa en el puesto 131 con una calificación mediocre de 4,9, y de Venezuela que ocupa el puesto 157 con una puntuación de 2,3. Cabe aclarar que mayor puntuación hace referencia a menores regulaciones.

Analizando el mercado de trabajo suizo, según la OCDE el 80% de la población en edad laboral y el 89% de la población con por lo menos educación superior tienen empleos remunerados, cifras por encima del promedio de la OCDE. Igualmente, el porcentaje de la fuerza laboral que ha estado desempleada durante un año o más es actualmente del 1,5%. Si se analiza el mercado laboral femenino, queda en evidencia que, a diferencia de Argentina, en Suiza el 74% de las mujeres tienen empleo remunerado, cifra que se encuentra 27% por encima del promedio de la OCDE.

Queda en evidencia que la interferencia gubernamental a través de las conquistas sociales –en este caso incrementos de salarios nominales mínimos¬– no es un recurso eficaz para la lucha contra la pobreza y el desempleo, por el contrario, el único cumplido que logra es expulsar al que más necesita del mercado laboral. Lejos de la creencia popular que favorece al empleo, muchos estudios dejan evidencia que un aumento del 10% en el salario mínimo causa alrededor de una caída de 2% en el empleo de los trabajadores afectados, normalmente jóvenes y personas pocos cualificadas.

Las leyes del mercado indican que si el salario mínimo no existiese –que por definición es mayor al del mercado– se esperaría que aquellos trabajadores poco cualificados sean compensados por ofertas de bajos salarios. Es decir, estas “conquistas” aumentan los costos para aquellos que se encuentran fuera del mercado, disminuyendo la demanda de trabajo y favoreciendo la sustitución de trabajo por capital, como asimismo trasladando los mayores costos a precios y/o evadiendo el salario mínimo impulsando la informalidad.

De todas maneras, lo relevante no es el salario nominal sino el real, y éste sólo se logra con una combinación de mayor empleo y productividad, que vienen de la mano de la inversión. Tal como sostiene Alberto Benegas Lynch “La mayor parte de la legislación laboral, en otras palabras, es proteccionista: trata de proteger los empleos e ingresos de un grupo de empleados restringiendo las oportunidades para otros”.