La falacia de Robin Hood

Es un personaje popular, sobre todo entre los políticos. Marca los discursos. Todos quieren quitarle a los ricos para darle a los pobres. Así, dicen, se elimina la pobreza. Hay que subir los impuestos para distribuir y generar regulaciones que hagan que las empresas asuman costos en supuesto beneficio de los consumidores o los trabajadores.

Todos dicen que quieren ser Robin Hood. Pero solo lo dicen. En realidad hacen algo muy distinto.

Robin Hood ha sido muy mal interpretado. Sus enemigos principales eran Juan Sin Tierra y el sheriff de Nottingham. El primero encarnaba al Estado. El segundo era el recaudador de impuestos. Tomaban dinero de la gente y lo redistribuían. Pero no a los pobres, sino a sus allegados que iban a convertirse en personas aun más ricas. La fuente de la riqueza no era el mérito sino el privilegio.

Robin Hood tomaba el dinero recaudado de los impuestos o distribuido por el otorgamiento de privilegios, para devolverlos a los contribuyentes o a las personas que se hubieran beneficiado con su buen uso. La justicia robinhoodiana, más que una justicia distributiva igualitaria, es una justicia restitutiva, donde se devuelve lo que fue tomado injustamente.

Otro personaje de la literatura refleja el mismo espíritu. Ragnar Danneskjöld aparece en La rebelión de Atlas, la novela de Ayn Rand. Se trata de un pirata de origen noruego que se dedica a asaltar barcos que llevan riquezas derivadas de los privilegios creados por el Estado, a fin de devolver el impuesto a la renta a ciertas personas a quienes se les había cobrado solo por haber tenido la capacidad de generar riqueza. De hecho, en un pasaje del libro Danneskjöld critica abiertamente la interpretación común que se da a Robin Hood.

Lo cierto es que el discurso de los políticos emulando a Robin Hood rara vez se cumple en realidad. Carlos Rodríguez Braun dice, con acierto que, a través del Estado, la riqueza no se redistribuye de ricos a pobres, sino de grupos organizados a grupos desorganizados.

Los grupos organizados desarrollan capacidad de influencia sobre las decisiones políticas y generan la capacidad de desviar los recursos existentes para su privilegio. Es lo que se llama mercantilismo y que, con mucha ligereza, suele confundirse con el capitalismo, a pesar de ser su antónimo.

Estos grupos organizados invierten recursos en generar decisiones políticas que los favorecen y se aprovechan de la inacción de los desorganizados (usualmente ciudadanos de a pie). En ocasiones lo hacen a través de lobbies poco transparentes o presión política. A veces por medio de sindicatos y cárteles. Otras simplemente mediante corrupción. Allí están empujando que se creen aranceles, que se impongan derechos antidumping a productos más baratos para castigar a los consumidores, que se creen regulaciones que reduzcan la competencia o peleando por subsidios que salen de los impuestos de todos. Y la lista es interminable. Al hacerlo ganan beneficios no en el mercado, luchando por las preferencias de los consumidores, sino en los pasillos del Congreso, de los ministerios y de las demás entidades públicas.

Mientras el capitalismo se basa en la fuerza de la competencia, el mercantilismo se basa en su negación. Los recursos públicos no se usan para el bien común, sino para el bien privado de unos pocos.

Estos grupos organizados se aglutinan en torno a un interés del grupo mismo. Utilizan al Estado para lograr lo que no podrían lograr en el mercado. Cuando los Robin Hoods o los Ragnar Danneskjölds los atacan, lo hacen porque su riqueza es ilegítima, pues no se basa en el verdadero mérito (el acuerdo libre), sino en la expropiación de la voluntad ajena por medio del uso del monopolio de la fuerza y la ley por parte del Estado. Y en esas circunstancias, ladrón que roba a ladrón parece merecer cien años de perdón.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 25 de octubre de 2014.