La economía política de la designación de negocios “esenciales”

La pandemia ha sido una mina de oro de casos de estudio sobre los principios o fenómenos económicos. Esa fue la inspiración detrás de mi próximo libro, Economics In One Virus (disponible para pre-ordenar aquí). Pero mientras que hay mucha discusión de, por ejemplo, el COVID-19 como un problema de “externalidad” o para los análisis de costo-beneficio de las cuarentenas y otros mandatos, ha habido mucho menos enfoque en los aspectos de economía política de la crisis. 

En el libro, introduzco a los lectores a la Escuela de Opción Pública (“Public Choice”) de economía al analizar las razones por las que particulares industrias, especialmente las aerolíneas de pasajeros, podrían haber encontrado más fácil obtener fondos de alivio reservados específicamente para un propósito que otros sectores involucrados en los mercados de capitales o para asegurar el respaldo del Programa de Protección de Salarios. Las investigaciones más recientes, sin embargo, resaltan cómo los incentivos políticos formaron los contornos de la política en otra área: las regulaciones denominadas como “confinamientos”.

En un nuevo estudio para el Journal of Political Institutions and Political Economy, los politólogos Jesse Crosson y Srinivas Parinandi evalúa si era más probable que el gobernador de un estado designe una industria como “esencial” en las ordenes ejecutivas del COVID-19 si las empresas en dicha industria habían donado a la campaña electoral del gobernador. 

Utilizando la amplia variación de designaciones de industrias a través de los estados y una serie de variables de control, incluyendo el partido político del gobernador y la prevalencia de COVID-19 en el estado, ellos encuentran que una contribución a la campaña del gobernador conduce a un incremento de aproximadamente 10 por ciento en la probabilidad de que una industria sea considerada esencial. Ellos sugieren de manera tentativa que puede que haya habido alrededor de 250 casos de estos alrededor del país. 

Los investigadores luego evalúan si los gobernadores parecen “recompensar” a las empresas en industrias que han donado exclusivamente a su campaña (y no a su opositor). Ellos no encuentran evidencia de que este sea el caso, ni de que los gobernadores castiguen a quienes donan a sus opositores. En cambio, lo que parece estar sucediendo es que los gobernadores es más probable que concedan el status de “esencial” a aquellas industrias que son simplemente más políticamente activas. 

Una respuesta obvia es “bueno, quizás esas industrias que realmente son esenciales son simplemente más proclives a ser políticamente activas también”. Los investigadores ponen a prueba esto dividiendo su muestra en dos grupos: aquellos estados que hacen referencia a la guía federal de infraestructura crítica (CISA, por sus siglas en inglés) en sus ordenes y aquellos que no lo hacen. Esta guía fue el intento del gobierno federal de decirle a los gobernadores lo que consideraban realmente “esencial” como para mantenerse abierto. Pero los resultados se mantienen a través de ambas muestras —sugiriendo que las donaciones impactan de manera relevante la designación como “esencial”.

¿Qué significa esto? Bueno, es sugestivo que los gobernadores toman en cuenta las donaciones políticas cuando diseñan la política frente al COVID-19, incluso cuando está ausente el cabildeo directo por parte de las empresas. Sin duda en el algunos casos, esto fue porque los gobernadores realmente creían que las actividades eran “seguras” o quizás incluso que estas contribuían al esfuerzo de sanidad pública. Pero los incentivos electorales probablemente estuvieron en juego también. 

Las ordenes de sanidad pública relacionadas al COVID-19 fueron muchas veces discutidas como si se tratara de burócratas desinteresados que se sentaron a descifrar qué es óptimo para controlar la propagación de la enfermedad. El año pasado critiqué el cierre general de los “negocios no esenciales” debido a que la interconexión de las economías dejaba un espacio gigantesco para consecuencias no intencionadas —ignorando los diseñadores de las políticas públicas cómo “el negocio no esencial de una persona podría ser el proveedor esencial de otro propietario de negocios”. Este nuevo estudio nos recuerda otra verdad: los políticos son personas y se ven afectados por los incentivos de buscar avanzar su interés propio también. 

—

Para más acerca de la economía del COVID-19, puede pre-ordenar mi libro, Economics In One Virus (EE.UU.).

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 26 de marzo de 2021.