La cura

En el artículo de la semana pasada apunté que México vive enfermo, refiriéndome a una falla de origen del arreglo institucional en el cual nos hemos desenvuelto. Esta enfermedad genética es haber creado y perpetuado un sistema basado en la extracción de rentas, mismo que en consecuencia ha castigado la generación de riqueza. Este sistema, a su vez, ha facilitado que una enfermedad infecciosa, la corrupción, se haya apropiado y extendido por prácticamente todo el cuerpo. El resultado ha sido un desempeño de la economía menor al que se hubiese tenido con un sistema incluyente, uno caracterizado por la igualdad de oportunidades que además fomentara la acumulación de riqueza y en consecuencia el crecimiento económico.

No existe una cura milagrosa, una promesa mesiánica, para tales enfermedades (la genética y la infecciosa). Es necesario, por hacer el símil, una casi completa reingeniería genética, cambiar el ADN del sistema, lo cual claramente no es trivial. Ante tal intento, habría partes del cuerpo que se resistirían dado que obtienen un alto beneficio del statu quo. ¿Quiénes son los que se opondrían a perder sus rentas? Perfectamente identificables son los políticos y sus partidos, líderes sindicales, una parte de la burocracia y los empresarios que hacen sus negocios y acumulan riqueza al amparo del poder a cambio, obviamente, de transferir parte de esas rentas a quienes ejercen el poder. Los perdedores son una parte significativa de las familias que ven negativamente impactado su nivel de bienestar, sea por enfrentar un sistema desigual de oportunidades, sea por ser extorsionados por la burocracia (como individuos o como empresas) o sea por enfrentar mayores precios y menor calidad cuando están en su rol de consumidores.

La cura, que implica obviamente ir venciendo las resistencias a la misma, consiste de varios elementos entre los que destacan un sistema político democrático con una íntegra rendición de cuentas por parte de los gobernantes, una regulación eficiente en las adquisiciones públicas y en las licitaciones y asignación de obras públicas con procesos altamente transparentes (reduciendo con ello la corrupción y el conflicto de intereses), una regulación (en los tres niveles de gobierno) que sea eficiente, transparente y de interpretación no discrecional de todos los mercados que promueva y facilite que los mercados de bienes, servicios y factores de la producción operen en condiciones de competencia, lo que requiere por lo mismo una eficaz persecución y penalización de prácticas monopólicas y una eficiente garantía judicial del cumplimiento de contratos.

Administrar esta cura no es fácil; algo se ha avanzado al respecto pero sin dudas falta mucho por hacer. En lo político, tenemos un sistema democrático de elección de gobernantes pero la efectiva rendición de cuentas sigue ausente (la alternancia en el poder no lo ha logrado); sigue prevaleciendo una muy opaca asignación de contratos públicos, procesos plagados de corrupción y de conflicto de intereses y falta avanzar con leyes más eficientes de obras y de adquisiciones públicas así como la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción; en regulación de los mercados ha habido un importante avance al nivel federal pero persiste una notoria ineficiencia y transparencia en los ámbitos estatales y municipales (lo que permite la extorsión burocrática); gracias a la apertura comercial y diversos cambios regulatorios hay mayor competencia en muchos mercados (aunque siguen prevaleciendo barreras de entrada en muchos de ellos) y la agencia antimonopólicos es más independiente y efectiva; donde no hay avances, y a nadie parece importarle, es la falta de garantía judicial del cumplimiento de contratos, el eslabón más débil de toda la cadena.

Algunos avances pero seguimos enfermos.

Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) el 13 de junio de 2017.