La crisis actual y la política impositiva

Hay una gran preocupación acerca de las implicaciones fiscales de las decisiones presupuestarias tomadas por la administración Obama como medidas para lograr salir de la actual crisis económica. Si bien la parte fiscal comprende básicamente tres partes fundamentales y relacionadas entre sí, como son los impuestos, el gasto público y la deuda pública, además de que tienen efectos sobre otras y diversas variables macroeconómicas, como lo pueden ser el tipo de cambio, la estructura de las tasas de interés, entre muchas otras, en esta ocasión me referiré a algunos aspectos de los planteamientos tributarios formulados, así como a la experiencia impositiva durante la Gran Depresión de los años treinta, debido a la lección que se puede derivar de ella.

El último paquete fiscal aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en realidad es algo confuso en cuanto a la política impositiva; esto es, en lo referente a reducciones o aumentos de diversos impuestos, pues incluye algunas notables decisiones que se plantean como si fueran reducciones en los gravámenes, pero, en realidad, constituyen nuevos subsidios a grupos —independientemente de su merecimiento— en vez de reducciones tributarias efectivas. Ejemplo de esto es el anuncio de que en los próximos días se dará una presunta devolución de impuestos bajo el programa llamado “Haciendo que el trabajo pague por el crédito tributario” (Making Work Pay tax credit), mediante el cual el Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos daría $500 a cada trabajador o $1.000 a cada familia trabajadora, todo por un monto total estimado de $116.000 millones de dólares, que forma parte del llamado estímulo tributario que el Presidente Obama ha impulsado recientemente.

Pero en realidad no es que esta “devolución de impuestos” significa en verdad una reducción de los gravámenes por este monto, puesto que muchos de quienes recibirían la devolución (“rebate” en inglés) no pagan impuestos sobre la renta, al estar sus ingresos por debajo de los montos imponibles. Por ello se ha mencionado que la mayor parte de esa “devolución” no es sino un nuevo programa de subsidios, que podrían justificarse como alimento keynesiano que impulse la demanda agregada, pero que no satisface el criterio de reducción impositiva.

También debo manifestar ciertas dudas acerca de la posible eficiencia de dicha política para estimular una supuestamente insuficiente demanda agregada. El profesor Milton Friedman expuso su teoría de la función consumo, la cual, a diferencia de la función de consumo keynesiana que depende del ingreso medido del momento, está en función de las expectativas de ingresos pero a un plazo mucho mayor que el de plazo inmediato que formulara Keynes. Así, de acuerdo con Friedman, variaciones de corto plazo, transitorias, en los ingresos no tienen efecto significativo sobre el consumo; simplemente, lo que hace es variar el ahorro. Una baja en los impuestos que se considera como transitoria, por ejemplo, se reflejaría más que en un aumento en consumo, en un alza del ahorro. Para Friedman el determinante del consumo lo es el ingreso permanente, definido por los activos físicos y humanos que poseen los consumidores y que influyen en su capacidad para obtener ingresos a lo largo del tiempo.

De acuerdo con esta idea, es de esperar que, en tanto la “devolución” de impuestos, según la propuesta del presidente Obama, sea percibida por sus receptores como un ingreso transitorio, el efecto sobre el gasto total será relativamente pequeño, y más bien se reflejará en un incremento de los ahorros individuales. En efecto, ya hace más de medio año, durante la administración Bush, se intentó una devolución tributaria similar y el resultado fue que no se elevó significativamente el gasto total en la economía, tal como era el objetivo de dicha devolución. Estos resultados se ajustaron a la predicción friedmaniana sobre la naturaleza de la función de consumo.

Tampoco el paquete actual del presidente Obama parece contener importantes reducciones tributarias orientadas a compensar lo que Hayek y Mises denominaron como “recesión secundaria”, en la cual el sector privado inversionista, plagado de incertidumbre y dudas sobre la posible recuperación de sus inversiones, se abstiene de llevarlas a cabo en tanto perdure dicha incertidumbre generalizada. No hay, por ejemplo, una propuesta que reduzca los muy elevados impuestos sobre las utilidades de las empresas en los Estados Unidos. En efecto, entre los países que conforman la llamada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la tasa máxima de impuestos a los ingresos de las empresas en los Estados Unidos es la segunda entre ellos (un 40%, mientras que el deshonroso primer lugar lo posee Japón con un 40,7%), y está un 13% por encima del promedio de los países de la OECD, según lo señala el libro de Chris Edwards y Daniel J. Mitchell, Global Tax Revolution: The Rise of Tax Competition and The Battle to Defend It (Washington D. C.: Cato Institute, 2008, p. 45).

Tampoco el paquete de Obama contempla reducciones de otros gravámenes que actualmente podrían constituir un freno para la inversión privada, como podría ser el elevado impuesto sobre las ganancias de capital. Parece que, de lo poco bueno que desde el punto de vista tributario contiene el último paquete de Obama, es que, por el momento, no echará para atrás algunas reformas tributarias llevadas a cabo por la administración Bush, que efectivamente se pueden considerar como favorables para el crecimiento económico.

La experiencia tributaria sucedida en los Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años treinta, que se ha señalado como uno de los factores que prolongó la recesión e impidió una pronta recuperación, podría ser útil tenerla presente. En lo más profundo de aquella, en 1932, el Presidente Hoover aprobó el mayor aumento de impuestos en su país en un período que no fuera de guerra. En el caso del impuesto personal sobre los ingresos, la tasa marginal más elevada pasó de un 25% a un 63% (les apuesto que a ritmo del estereotípico “que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”), mientras que el correspondiente a las empresas se elevó de un 12% a un 14%. Pocos años después y aún en medio de la recesión, el Presidente Franklin D. Roosevelt aumentó más estos gravámenes (en 1936 la tasa máxima del impuesto personal sobre la renta fue incrementada hasta un 79%).

Entre 1933 y 1940 los programas del llamado New Deal de Roosevelt se triplicaron desde $1.600 millones a $5.300 millones, debido a aumentos no sólo de los ya mencionados del impuesto a la renta, sino también a la herencia, específicos de consumo, a “holdings” de empresas, sobre “utilidades excesivas”, entre otros. Deseo mencionar que, en el caso de impuestos específicos, aumentaron los gravámenes a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, la margarina (les apuesto que para proteger a los lecheros productores de mantequilla), jugos de frutas, fósforos, dulces, goma de mascar, refrescos no alcohólicos, llamadas telefónicas, naipes, llantas (incluyendo las de sillas de ruedas), entradas a los cines, electricidad, radios, entre muchos otros. Como señala Jim Powell ("How FDR’s New Deal Harmed Millions of Poor People", Cato Institute, 29 de diciembre del 2003), “Un reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reconoce que estos impuestos específicos ‘a menudo recayeron desproporcionadamente sobre los menos solventes’”.

Además de los gravámenes específicos referidos, se duplicó el impuesto a la propiedad, se volvió a poner un gravamen sobre los regalos que hacían las personas y, uno muy interesante, un impuesto del 2% a los cheques bancarios, que, por supuesto alentó a que hubiera un traslado desde el dinero bancario hacia el efectivo, contribuyendo a disminuir la oferta monetaria en circulación, si bien posiblemente en un grado menor a lo que fue la absurda política monetaria restrictiva seguida por el Banco de Reserva Federal durante este episodio, pero que, en todo caso, contribuyó en algo a que se profundizara la recesión.

Al igual que en los Estados Unidos, en Costa Rica es necesario estimular la asunción de riesgos por parte de la empresa privada, a fin de que lleve a cabo la inversión necesaria para aprovechar la recuperación esperable de la economía mundial. El empresario nacional está sumido en la incertidumbre proveniente tanto de la situación económica mundial como de las circunstancias nacionales, principalmente derivadas de una política monetaria y cambiaria que incluso ha estimulado una fuerte dolarización de la economía, como forma de protegerse ante dicha incertidumbre. Dentro del llamado Plan Escudo se había mencionado que habría medidas fiscales que estimularan la inversión privada, a fin de que generara empleos (a diferencia de una generación de empleo relativamente improductiva en el sector público) y que permitiera preparar nuestra estructura productiva para el período de recuperación. Sin embargo, la propuesta tributaria lógica hasta el momento ha sido casi nula: un ligero aumento en la deducción tributaria posible para efectos del impuesto sobre la renta de las empresas por la depreciación de los activos. Esto no va a tener efecto alguno en cuanto a estimular la asunción de mayores riesgos por parte de las personas privadas y más bien conforma una promesa incumplida que más bien alimentará la incertidumbre del inversionista.

Es conveniente que nuestras autoridades repasen un poco las erróneas políticas tributarias seguidas por los Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años treinta y decidan, de una vez por todas, si es que de verdad quieren alimentar la recuperación y generar empleo en el sector privado, mediante una rebaja de los impuestos tal estimule la asunción de riesgos en nuestra economía. Sin embargo, para nuestra consternación lo contrario parece asomarse en el horizonte. De acuerdo con lo informado por el periodista Mario Bermúdez en el periódico El Financiero del 3 de abril, “la caída en los ingresos tributarios ya motivó una estrategia de emergencia (la negrita está en el original), en la cual destacan los dos proyectos enviados a la Asamblea Legislativa, autorizaciones temporales para financiar con ingresos extraordinarios el gasto corriente, y para aumentar el endeudamiento interno en dólares”. Esto lo ha anunciado el Ministro de Hacienda, quien posiblemente con esto nos está avisando una salida del cargo actual para lanzarse como candidato a una diputación por la provincia de Heredia. Es bastante extraña dicha estrategia: “aquí propongo más impuestos para que voten por mí”. Por lo que podría anunciarnos una buena dosis de demagogia tipo que “quienes más tienen que paguen más impuestos”, dejando de lado las actuales circunstancias penosas en que transcurre nuestra economía.

En contraste con lo que expuso Keynes como medida anti-recesiva —una disminución de los impuestos— quienes, tal vez sin decirlo explícitamente ahora se declaran keynesianos, están proponiendo hacer lo contrario: aumentar los impuestos. Con ello, tal como sucedió con la Gran Depresión de los treinta en los Estados Unidos, lograrán profundizar y evitar una pronta recuperación de la economía. Quedan advertidos de su potencialmente grave error. Ojalá que la ambición política no nuble los buenos sentidos que se han empleado en el pasado reciente.