La Corte Suprema anula el acuerdo de quiebra de Purdue Pharma

En el caso Harrington contra Purdue Pharma, la Corte Suprema de Estados Unidos se ha enfrentado a una cuestión recurrente en el contexto de los acuerdos legales masivos: ¿Deben las cortes defender la justicia individualizada, en la forma del derecho de cada demandante a perseguir a cada demandado, incluso si una justicia aproximada de estilo más colectivo ofrece la promesa de una compensación más completa y justa para las víctimas? En una división de cinco a cuatro, con el juez Neil Gorsuch escribiendo para una mayoría que incluía a los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Amy Coney Barrett y al juez liberal Ketanji Brown Jackson, la Corte optó por seguir la ruta individualista que ha establecido en algunos casos anteriores.

Una corte de quiebras había aprobado un acuerdo sobre las responsabilidades del fabricante de opioides Purdue Pharma en virtud del cual los ejecutivos de la familia Sackler aportarían entre 5.500 y 6.000 millones de dólares al fondo de liquidación y, a cambio, eludirían toda responsabilidad ulterior: una "liberación de no deudores", ya que ellos mismos no estaban en quiebra. Durante un extenso proceso de negociación, la Corte determinó que las demandas individuales contra los ejecutivos serían, en el mejor de los casos, poco prometedoras y estarían sujetas a diversas defensas, y que existía una probabilidad significativa de que el resultado de un litigio prolongado fuera poner mucho menos dinero a disposición de los demandantes en quiebra, entre los que se encontraban más de 100.000 personas demandadas por adicción a los opioides, así como estados y municipios. El fondo común de dinero obtenible de los Sackler podría solaparse en gran medida con el fondo común de dinero obtenible de Purdue; peor aún, el dinero de las demandas individuales podría ir a parar a cualquiera de los demandantes que ganara la "carrera hacia el juzgado" en lugar de repartirse equitativamente entre demandantes similares.

Por estas razones, la inmensa mayoría de los demandantes individuales, junto con los fiscales generales de los cincuenta estados, querían que se mantuviera el acuerdo. "La decisión de hoy es errónea desde el punto de vista jurídico y devastadora para más de 100.000 víctimas de opioides y sus familias", escribió el juez Brett Kavanaugh en un voto particular al que se sumaron el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

El problema era –a los ojos de la mayoría del juez Gorsuch– que para poner el dinero sobre la mesa, la corte de quiebras tenía que tolerar recortes en la reivindicación de los derechos legales individuales. En particular, extinguiría las reclamaciones contra los miembros de la familia Sackler que algunos demandantes individuales podrían haber tenido tanto el derecho legal como la inclinación a perseguir sin someter a esos miembros de la familia a los rigores del proceso de quiebra.

Para mí, la decisión de hoy se hace eco de Amchem Products Inc. v. Windsor (1997), que surgió en el contexto de la liquidación de daños masivos. En ese caso, una mayoría encabezada por la juez Ruth Bader Ginsburg se aferró a una concepción individualista de los derechos y obligaciones, a pesar de que, en opinión de los jueces Stephen Breyer y John Paul Stevens, que discreparon parcialmente, un enfoque administrativo más duro de la justicia habría servido mejor a los demandantes de amianto como grupo. 

Esto hace que sea especialmente interesante ver al juez Jackson tomar partido por el individualismo. No cabe duda de que el juez Breyer, su mentor, se habría unido al bando de Kavanaugh para aprobar el acuerdo como lo mejor que se podía hacer dadas las circunstancias para resolver (en palabras de Kavanaugh) un "problema de acción colectiva" de grandes dimensiones sociales. Jackson fue sin duda el voto decisivo hoy en más de un sentido.

Escribí sobre los enfoques individualistas versus gerenciales para la solución de lotes en 2021 (después de Walmart v. Dukes) y en 2020 (con comentarios específicos sobre el litigio de opioides particularmente críticos de su componente de recuperación estatal). "El procedimiento de las cortes federales encierra una promesa de audiencia individual y adjudicación individual que no debe perderse en la necesidad práctica sentida de agregar grupos de litigantes y moverlos por cientos y miles como en un tablero de juego", escribí entonces.

Los comentaristas que critican a la Corte por ser supuestamente favorable a la plutocracia podrían haberse sorprendido al ver a los jueces más conservadores ponerse del lado de los Sackler. Pero, como de costumbre, el antiempresarialismo demuestra ser una mala forma de predecir la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 27 de junio de 2024.