La contrarreforma chilena
Lorenzo Bernaldo de Quirós indica que "De momento, la agenda contra-reformista de la Nueva Mayoría se centra en cuatro ámbitos: el mercado de trabajo, los impuestos, la educación y la Constitución".
![](https://www.elcato.org/sites/default/files/styles/story_default-2x/public/images/stories/a_uno_397398.jpg?itok=NnRAj46J×tamp=1448378317)
Por Lorenzo Bernaldo de Quirós
A lo largo de casi cuatro décadas, Chile ha experimentado un proceso de modernización social y económica sin precedentes en América Latina. El modelo chileno definido por políticas macroeconómicas sólidas, mercados libres, apertura exterior e instituciones garantes de los derechos de propiedad, de la seguridad jurídica y del imperio de la ley ha sido un éxito y un ejemplo para el resto de los países latinoamericanos y para las economías emergentes. Lo esencial de ese sistema fue mantenido por los Gobiernos de la Concertación, la coalición de centro-izquierda que gobernó Chile desde 1989 con el breve paréntesis presidencial de Sebastián Piñera. La izquierda y la derecha gestionaron con ligeras diferencias un marco socio-económico e institucional que ha proporcionado a los chilenos un aumento de la prosperidad espectacular. En treinta años, Chile triplicó su PIB per cápita en términos reales y entre 1992 y 2009 fue el país con mayor movilidad social de Iberoamérica.
Ahora, el panorama chileno ha cambiado de manera drástica. La Presidenta, Sra. Michelle Bachelet está desarrollando un programa radical de izquierdas sin parangón desde el planteado por Salvador Allende en los años setenta del siglo pasado. La situación actual en Chile no guarda relación con la de entonces ni el gabinete de la Nueva Mayoría tiene los ardores revolucionarios y anti-democráticos de la Unidad Popular pero el actual Gobierno ha lanzado sin duda alguna un torpedo a la línea de flotación del régimen socio-económico origen del “milagro chileno”. Además, esta política se pretende acompañar de una reforma constitucional sin el consenso de todas las fuerzas políticas del país. La incertidumbre y la inestabilidad están servidas.
De momento, la agenda contra-reformista de la Nueva Mayoría se centra en cuatro ámbitos: el mercado de trabajo, los impuestos, la educación y la Constitución. En los tres primeros, el Gobierno ha realizado en unos casos y pretende llevar a cabo en otros un cambio estructural que se traduce en la introducción de medidas lesivas para la libertad de empresa y, también, para la libertad individual. En el cuarto, la vaguedad de los planes gubernamentales es táctica porque su estrategia es liquidar el juego de pesos y contrapesos existentes en el orden constitucional chileno. En términos generales, los proyectos contra-reformistas de la Nueva Mayoría alteran de manera sustancial instituciones básicas del sistema de capitalismo democrático vigente en el país.
En el plano laboral, Chile cuenta con uno de los mercados de trabajo más flexibles del mundo lo que se ha traducido en una tasa de paro baja en las fases declinantes del ciclo y en una alta tasa de creación de empleo durante los períodos expansivos. Los trabajadores tienen libertad para negociar sus condiciones laborales sin pertenecer a ningún sindicato; los convenios colectivos son de empresa; los contratos de aprendizaje y los temporales quedan fuera de la negociación colectiva.... El Gabinete Bachelet quiere conceder a las centrales sindicales el monopolio de la contratación colectiva, extender a los temporales y aprendices las condiciones pactadas en ésta e impedir la posibilidad de que las empresas sustituyan a los trabajadores participantes en huelgas ilegales por otros dispuestos a laborar. Hay mucho más, pero esos ejemplos bastan para mostrar el intento de la coalición gobernante de retrotraer la legislación laboral a un escenario de extraordinaria rigidez.
Por lo que se refiere a la educación, el Gobierno chileno ha extendido un certificado de defunción a la libertad de enseñanza y de elección. Los colegios podrán realizar exámenes de acceso para recibir nuevos alumnos pero éstos sólo se aplicarán a un 30 por 100 de los solicitantes; se niega a las instituciones educativas el derecho a pedir a los alumnos el pago por los servicios extras que presten y todos los centros escolares habrán de convertirse en corporaciones sin ánimo de lucro. En paralelo, la Superintendencia de Educación controlará mediante auditorías las cuentas bancarias a través de las cuales los colegios gestionan sus recursos. Hasta ahora, las familias recibían un “cheque escolar” del gobierno en virtud del cual decidían libremente a que colegio enviaban a sus hijos. Cerca de 1,9 millones de niños asisten a colegios privados por ese medio. El Gabinete chileno ha estatizado uno de los sistemas educativos más libres y exitosos de la OCDE y pretende hacer lo mismo con la enseñanza universitaria.
La contrarreforma tributaria de Bachelet se ha traducido en un incremento de todos los impuestos, los indirectos, los que recaen sobre el capital, sobre las sociedades y sobre la renta. Una familia de clase media verá aumentada su carga tributaria global en un 5 por 100 y la tributación sobre las empresas, después de la reforma, será la segunda más alta de la OCDE. En su búsqueda de la igualdad social y de ingresos para financiar sus programas redistributivos, las subidas impositivas disminuirán los incentivos de los individuos y de las empresas a trabajar, consumir, ahorrar e invertir. Ello reducirá el crecimiento y, con él, la recaudación.
Como era inevitable, la política de Bachelet ha tenido consecuencias económicas negativas que se acentuarán con el paso del tiempo. Según datos del Banco Central de Chile, la inversión cayó un 12,3 por 100 en el último trimestre de 2013, un 10,3 por 100 en 2014, un 5,5 por 100 en el primero de este año y el 8,1 por 100 en el segundo. Las expectativas de crecimiento del PIB para 2015 se sitúan entre el 2 y el un 2,5 por 100 frente al 3-4 por 100 previsto hace un año. Sin duda, la caída del precio del cobre explica en parte la debilidad de la economía chilena, compensada en parte por el descenso de los del petróleo, pero el desplome de la inversión y el estancamiento del gasto de los hogares reflejan de manera directa el deterioro de la confianza de los empresarios y de los consumidores provocado por la agenda contra-reformista del Gobierno.
La izquierda gobernante parece dispuesta a liquidar un modelo cuyos logros son indiscutibles. Como siempre, los grandes perjudicados de esta deriva seudo populista serán las capas de la población menos favorecidas, que han sido las grandes beneficiarias del “milagro económico” chileno. La revolución liberal que hizo posible el Chile moderno sufre el asalto contra-reformista del izquierdismo reaccionario.