La confesión del gobierno venezolano

El expresidente venezolano Hugo Chávez nunca fue demócrata. Tampoco creía que los derechos humanos fueran universales. Muy por el contrario, despreciaba a un sistema de gobierno cuya esencia es respetar al individuo; nunca lo ocultó. Eso no debe asombrar si tenemos en cuenta que su ídolo y mentor fue Fidel Castro.

Chávez amaba el poder absoluto, que por definición, es la antítesis de una república. E, inspirándose en la revolución cubana, consideraba que la vía armada era el medio idóneo para obtenerlo. Si el régimen a derribar era una dictadura o una democracia, constituía un detalle insignificante. Por consiguiente, el 4 de febrero de 1992 pretendió dar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez. Esa asonada dejó más de cuatrocientos muertos, lo cual denota el valor que Chávez le otorgaba a la vida humana.

Ese hecho y su posterior prisión lo dieron visibilidad política. Y, al igual que hizo Adolf Hitler en su momento, le sacó gran provecho a esa situación: el “Putsch de Múnich” catapultó a Hitler ante la opinión pública alemana; el frustrado golpe de 1992, a Chávez ante la venezolana.

Enrique Krauze afirma que Luis Miquilena —experimentado político de izquierda— fue quien tuvo el rol clave de convencer a Chávez que el método más conveniente para alcanzar el poder, era la vía electoral. Ya habría tiempo después para desarticular, desvirtuar y dominar —desde adentro— el delicado engranaje de pesos y contrapesos republicanos, concebidos precisamente para impedir el despotismo. Exactamente el mismo camino elegido por Hitler.

Por consiguiente, Chávez se presentó como candidato a las elecciones presidenciales de 1998. En aquel momento Alejandro Rossi (estrecho colaborador de Octavio Paz), escribió un lúcido artículo publicado en El Universal de México, donde analizaba las elecciones venezolanas. Allí expresó sobre Chávez lo siguiente:

“El comandante es, según opiniones especializadas, quien cuenta con mayores probabilidades (…) Es increíble que la legalidad republicana haya permitido que se presentara como candidato. El teniente coronel favorece la boina roja —esos signos típicos de los grupos de choque—, gusta de las amenazas, nada veladas, a la estructura democrática de Venezuela, y balbucea un brumoso programa populista de justicia social”.

Chávez ganó esas elecciones y de inmediato puso en ejecución su programa de desmantelamiento de todas las garantías ciudadanas. Lo proclamó públicamente en la ceremonia de asunción cuando sin eufemismos declaró:

“Juro sobre esta moribunda Constitución que haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos”.

Asimismo como gobernante, Chávez se parece a Hitler porque ambos lograron imponer el dogma de que “su voluntad es la ley”. Y pobre de aquel que se atreviera a desacatar sus órdenes, tal como lo demuestra el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. Esta magistrada fue arrestada y encarcelada por haberle concedido libertad condicional a un crítico de Chávez, quien llevaba tres años preso sin haber sido enjuiciado. A ambos se les amputó su derecho al debido proceso, por indicación expresa del mandatario venezolano. Afiuni estuvo recluida durante cuatro años. En prisión fue objeto de brutales violaciones realizadas por sus impunes guardias, alentados seguramente desde las más altas esferas.

El carismático Chávez ganó varias elecciones, algunas limpias y otras no tanto. Hay diversas maneras de hacer fraude electoral: antes, durante y después. Por eso la doctrina democrática refiere específicamente a elecciones “justas y limpias”. Si durante la campaña electoral prima una atmósfera amenazante que emana de las autoridades, se encarcela o arbitrariamente no se permite que participen los líderes opositores, y se deja sin empleo a los que votaron contra el gobierno, ¿realmente fue legítima esa elección?

Si por el simple hecho de ganar elecciones nos sentimos autorizados a afirmar que determinado régimen es democrático, entonces… el nazismo… ¿lo fue?

El nazismo fue una cruel dictadura del mismo modo que lo es el chavismo. Tanto Hitler como Chávez fueron carismáticos y muy aclamados en sus respectivos tiempos. Ambos fueron histriónicos y manejaron con habilidad la comunicación con el público. Lo cual demuestra que se puede ser sumamente popular y simultáneamente, violar descaradamente todos los derechos humanos.

Lo anteriormente mencionado es algo que salta a la vista; es imposible tapar el sol con un dedo. Sin embargo muchos defensores del chavismo afirman sin pudor, que en Venezuela impera un sistema democrático porque surgió de las urnas.

Entre ellos podemos mencionar al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien recientemente afirmó sin sonrojarse que en Venezuela funciona la división de poderes. Expresó que se puede discrepar acerca de "cómo están funcionando […] Pero hay un Poder Legislativo que lo tiene la oposición, hay un Poder Judicial y hay un Poder Ejecutivo funcionando. Mientras estas condiciones se den, nosotros creemos que no existen elementos para aplicar la cláusula (democrática)".

Esas palabras hacen surgir serias dudas acerca de las íntimas convicciones de aquellos que expresan argumentos de ese tipo. ¿Diplomacia o descarnado cinismo? No hay excusa para hacer ese tipo de declaraciones cuando se sabe que Nicolás Maduro desconoce a ese Parlamento, y que el sumiso Tribunal Supremo de Justicia ha declarado “nulos” todos los actos emanados de la Asamblea Nacional.

Unos legisladores que por cierto fueron elegidos mediante el voto popular, a pesar del amedrentamiento y de todos los fraudes cometidos por el chavismo “antes, durante y después” del acto eleccionario.

Uno se pregunta bajo qué fundamentos esos hipócritas seguirán defendiendo a este régimen, ahora que el gobierno venezolano ha reconocido oficialmente que la legislación aprobada bajo el chavismo, es incompatible con la custodia de los derechos humanos.

Esa realidad es la que ha admitido recientemente Venezuela, al comunicar a los restantes miembros del Mercosur que no puede incorporar a su legislación las normas referidas al “Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, debido a que van en sentido contrario a la legislación interna.

Como expresa el axioma jurídico: “a confesión de parte, relevo de pruebas”.