La adecuada liquidez financiera

Durante los últimos seis meses, el Banco de México ha aplicado medidas orientadas a proporcionar más liquidez a los intermediarios financieros, facilitar los ajustes en los mercados de deuda y cambiario y evitar una contracción desmesurada del crédito.

Con ello, Banxico ha buscado atenuar la situación de estrés financiero que surgió con el brote del Covid-19, la cual, de no atenderse, podría exacerbar el daño sobre la actividad económica derivado de las reacciones a esta pandemia.

A nivel global, el detonante principal de las presiones fue un incremento abrupto en la aversión al riesgo, que se manifestó en el hecho de que los ahorradores emprendieran una búsqueda masiva de activos financieros líquidos considerados 'seguros', como los bonos del Tesoro de EE.UU., en sustitución de alternativas 'riesgosas', como acciones e instrumentos de deuda de economías emergentes.

En el contexto internacional, México se vio afectado por una salida de capitales, reflejada, de manera notable, en una reducción de las tenencias de valores gubernamentales denominados en pesos en manos de no residentes, y una astringencia de financiamiento externo para el sector privado.

Internamente, se observó una mayor preferencia hacia instrumentos de ahorro de corto plazo, una elevada demanda de liquidez por parte de las empresas y condiciones de crédito bancario más cautelosas.

Para hacer frente a estas restricciones, Banxico anunció dos paquetes, de cuatro y diez medidas, en ocasión de las decisiones de política monetaria del 20 de marzo y el 21 de abril, respectivamente.

El paquete inicial empezó a ejecutarse en abril y no tuvo fecha de terminación anunciada. Comprende, principalmente, la liberación de una parte de los depósitos obligatorios de los bancos con el Banco de México, un menor precio para la facilidad de liquidez de este instituto central y subastas de créditos en dólares.

El segundo paquete se presentó como transitorio, con vigencia hasta finales de septiembre de 2020. La mayor parte de las medidas busca acrecentar la disponibilidad de liquidez, principalmente asegurando el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día, la cual es el instrumento de política monetaria y podría estar presionada al alza, y poniendo a disposición 'reportos', es decir, créditos del Banco Central, respaldados con valores gubernamentales a plazo o títulos corporativos.

Además, este paquete procura atenuar las posibles presiones en los mercados financieros, ofreciendo permutas de instrumentos de deuda gubernamental de largo plazo por otros de corto plazo, así como coberturas cambiarias liquidables en dólares y operables incluso fuera del horario de México.

Finalmente, este grupo de medidas incluye también dos mecanismos de financiamiento para la banca, dirigidos a promover el crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas.

El uso de los mecanismos descritos ha sido heterogéneo, pero, en su conjunto, puede calificarse de bajo. Específicamente, con base en la información de Banxico, al 24 de agosto pasado se había dispuesto menos de 22 por ciento del monto total de los programas en pesos, y menos de 14 por ciento del correspondiente a los programas en dólares.

La utilización en pesos ha estado concentrada en la liberación de depósitos obligatorios y los reportos con valores gubernamentales, y la mitad de las facilidades, incluyendo las diseñadas para alentar el crédito, no se ha aprovechado. En contraste, el uso en dólares ha abarcado tanto coberturas cambiarias como financiamiento.

Si bien el empleo reducido de estos mecanismos podría entenderse como una composición deficiente respecto de las necesidades, parece más razonable interpretarlo como una señal positiva, que fortalece la confianza de los intermediarios, al poner a disposición una amplia gama de instrumentos a ser utilizados en caso de requerirse.

En algún grado, la disponibilidad de estas herramientas ha contribuido a la mejora de las condiciones en los mercados financieros registrada a partir de mayo y, junto con las facilidades regulatorias de la CNBV, ha apoyado el mantenimiento de una elevada liquidez y solvencia de los bancos a lo largo de la crisis.

Una interpretación como la anterior parece haber motivado al Banco de México a anunciar la semana pasada la extensión de la vigencia del segundo paquete de medidas hasta el 28 de febrero de 2021, así como el aumento del monto disponible para los reportos de valores gubernamentales a plazo. La ampliación de estas disposiciones luce como una estrategia prudente ante los posibles riesgos de inestabilidad financiera en el futuro próximo.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 23 de septiembre de 2020.