Irresponsabilidad fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda, envió al Congreso de la Unión su propuesta de ingresos y presupuesto público para el próximo año. El paquete enviado al Poder Legislativo incluye además, como documento de apoyo, los Criterios Generales de Política Económica que establecen, por una parte, el marco macroeconómico en el cual se basa la estimación de ingresos públicos tributarios y no tributarios y, por otra, los lineamientos generales de lo que son las prioridades de gasto del gobierno y que se trasladan al presupuesto de egresos tanto en el monto total como en su composición. Algunos comentarios puntuales.

Primero, el gobierno estima que la economía experimentará en 2024 un crecimiento del PIB de entre 2,5 y 3,5%, muy por encima de lo estimado por los analistas económicos del sector privado consultados por el Banco de México; ellos estiman que el crecimiento será de solo 1,6%. El problema aquí es que si el crecimiento económico es menor a la estimación puntual de Hacienda (3%) y se acerca más al estimado por el sector privado, el gobierno estaría sobrestimando el monto de ingresos tributarios. De ser esto así, el gobierno se vería forzado a reducir el gasto programado y/o incrementar el déficit.

Segundo, el gobierno estima que la plataforma promedio de producción de petróleo, incluyendo crudo producido por Pemex, condensados y lo producido por socios de Pemex y por las empresas privadas sería de 1,98 millones de barriles diarios. Dada la evolución que ha tenido la producción de Pemex, considerando únicamente el petróleo crudo (sin condensados) que se ha estancado en alrededor de 1,6 millones de barriles diarios (a pesar de los cientos de miles de millones que se le han transferido), la plataforma estimada para 2024 se antoja como muy optimista. Nuevamente, si la producción es menor a lo estimado habría dos efectos importantes. El primero, Pemex no cumpliría con el objetivo planteado de no ser fuente de déficit fiscal y segundo, el gobierno federal recibiría menos ingresos tributarios de origen petrolero. Ambos en conjunto significarían mayores presiones de déficit.

Lo señalado en los dos párrafos anteriores me lleva a uno de lo aspectos más preocupante del presupuesto presentado por el gobierno. Aun si se cumple con lo que se estima de ingresos tributarios y no tributarios el monto total de ingresos presupuestarios ascendería a 7,3 billones de pesos mientras que se programa un gasto total neto de 9 billones de pesos. El gobierno en consecuencia prevé tres agregados fiscales muy relevantes: un déficit primario de las finanzas públicas equivalente al 1,2% del PIB, un déficit presupuestal de 4,9% del PIB y un flujo de requerimientos financieros de 5,4% del PIB.

Estas tres últimas cifras resumen el hecho de que el gobierno del presidente López emprenderá durante su último año de gobierno una política fiscal notoriamente expansiva, la más expansiva en las últimas tres décadas, lindando en la irresponsabilidad y sin la menor consideración sobre la sostenibilidad futura de unas finanzas públicas, todo con tal de terminar sus caprichos (el trenecito maya que terminará costando medio billón de pesos en lugar de los 150.000 millones presupuestados originalmente y la refinería que costará 25.000 millones de dólares y no los 8.000 inicialmente considerados) y comprar el voto para las próximas elecciones, incrementando el presupuesto para las pensiones de “adultos mayores” en 25%, llevándolo a 351.000 millones de pesos.

Que el gobierno programe un déficit primario implica que se emitirá nueva deuda para pagar intereses, lo que le imprime un elemento de inestabilidad fiscal creciente hacia el futuro ya que ello implicará una mayor deuda pública total así como un mayor servicio de ésta en los años por venir; incurrir en un déficit primario es una grave irresponsabilidad. Lo que va a hacer el gobierno es como si una persona pidiera prestado en el banco A para pagar los intereses que debe sobre su deuda en el banco B además de seguir aumentando su gasto por arriba de su ingreso; es una irresponsabilidad que al final lo lleva a la quiebra.

Respecto de los requerimientos financieros del sector público que es la medida más amplia de deuda pública tenemos que el gobierno estima que el próximo año sean de 1,9 billones de pesos, el 5,4% del PIB, lo que hará que el saldo de estos que en diciembre de 2018 ascendían a 10,6 billones de pesos, alcancen al cierre de 2024 un monto de 16,7 billones de pesos. El presidente López que prometió que no incurriría en deuda, terminará aumentándola en 57,5%. A los gobiernos anteriores les llevó 72 años endeudar al sector público en 10,6 billones de pesos (desde 1946 cuando se renegoció la deuda hasta 2018); López la aumentó en seis billones en solo seis años. Muy lejos de ser un presidente fiscalmente responsable.

Con esta política fiscal deficitaria es que adquiere especial relevancia tener un banco central autónomo que tiene prohibido constitucionalmente financiar los déficits fiscales. Esto nos salva de repetir la historia de la “docena trágica” de los gobiernos de Echeverría y López Portillo de una política monetaria subordinada al populismo fiscal que llevó a una creciente inestabilidad macroeconómica y a la década perdida de los noventa del siglo pasado. De lo que no se salvará López es que al final será considerado como un populista fiscal más, como los mencionados presidentes y uno más de los perfectos idiotas latinoamericanos para usar el adjetivo propuesto por Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa en su libro Manual del perfecto idiota latinoamericano.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 10 de septiembre de 2023.