Institucionalidad en juego
Juan Carlos Hidalgo considera que aunque no respalde el paquete fiscal propuesto por la administración Alvarado, tampoco se puede tolerar la huelga en el sector público puesto que constituye una amenaza a la institucionalidad del país.
Desde el inicio he sido muy crítico del paquete fiscal que impulsa la administración Alvarado. Considero que está muy sesgado al aumento de impuestos y que pudo ser mucho más ambicioso en cuanto a recortes al gasto. Además, me parece que el proyecto ha sido manoseado por distintos grupos de presión que han logrado odiosas exoneraciones y tratos preferenciales que contradicen la retórica oficialista de sacrificios compartidos. Finalmente, desconfío de la promesa de Zapote de que el próximo año presentará reformas de mayor calado al empleo público.
Sin embargo, a pesar de todas estas aprensiones, hago un llamado a cerrar filas con el gobierno ante el desafío que representa esta huelga del sector público. No se trata de apoyar el paquete fiscal –no me verán hacerlo– sino de defender la institucionalidad del país. No podemos tolerar que las vías de hecho y la democracia de la calle imperen sobre nuestro Estado de Derecho. Aquí nos estamos jugando mucho más que la estabilidad económica.
Hace apenas nueve meses tuvimos una elección donde sabíamos que la situación fiscal era la prioridad nacional número uno. Por razones que no vale la pena repasar, el país prefirió irse en la finta de otras discusiones. Aun así, los candidatos presentaron sus propuestas sobre el tipo de ajuste fiscal que pretendían. Carlos Alvarado fue explícito sobre su predilección por más impuestos. Más bien, su programa original fue atemperado por el acuerdo público con Rodolfo Piza, que incorporó algunas medidas de contención del gasto.
El país no puede alegar ignorancia de los eventuales designios del gobierno. Quienes abogamos por una reforma fiscal basada en profundos recortes presupuestarios perdimos esa justa, no solo en el resultado, sino también en convencer al electorado de que ese era el tema que urgía dilucidar. Si bien seguimos insistiendo en las virtudes de nuestro caso –con la esperanza de persuadir al Ejecutivo y a los diputados–, dicha discusión debe darse a través de los canales institucionales, no mediante bloqueos de carreteras ni disrupción de servicios esenciales.
El presidente Alvarado también debe poner de su parte. Él aspiró a este cargo a sabiendas del complicadísimo panorama que le esperaba en este cuatrienio. Ahora que está ahí, debe demostrar un liderazgo a la altura de circunstancias que son excepcionales. Hasta el momento no lo hemos visto.
Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 16 de septiembre de 2018.