Inseguridad y estancamiento
Eduardo Turrent Díaz dice que la inseguridad en México eleva los costos de operación para las actividades productivas y afecta particularmente a los de ingresos más bajos.
En el gobierno de la llamada 4T (Cuarta Transformación) hay renuencia a admitir la situación de estancamiento económico que hay en México y el gran deterioro de la seguridad pública. A mayor abundamiento: hay resistencia a reconocer la relación de causa-efecto entre deterioro de la seguridad y estancamiento económico. Pero es claramente un error. No son fenómenos separados.
El artículo principal del Reforma en su edición del domingo arrancó con una visión muy preocupante: “Ante la inacción de las autoridades, las extorsiones del crimen están imparables en el país…” Y el párrafo cerró como sigue: “…igual afectan a empresarios y comerciantes que a transportistas, agricultores y ambulantes…”
La muestra en que se apoyó el reportaje incluyó a vendedores en el tianguis de Celaya, conductores en diferentes rutas del Estado de México, ambulantes en el barrio de Tepito, aguacateros y limoneros en la región Tierra Caliente de Michoacán, taxistas en Acapulco o locatarios en la central de abastos de Oaxaca. En el estado de Morelos se manifiesta una de las peores variantes de la extorsión: cuando se sospecha que la policía entra en complicidad con las bandas.
La inseguridad eleva los costos de operación de las actividades productivas, amenaza la rentabilidad y afecta los incentivos para su expansión mediante la inversión. En Querétaro, se citó el caso de falsos representantes de organizaciones empresariales que extorsionan a negocios pequeños bajo la promesa de afiliación. En Celaya, muchos comerciantes han tenido que cerrar por no poder hacer frente al pago de derecho de piso.
Frente al panorama, dos fenómenos llaman poderosamente la atención. Primero, la pasividad de las altas autoridades para reaccionar y hacer algo dada la intensificación de la criminalidad. Tal vez la pasividad se explique en parte en razón de que los funcionarios de jerarquía elevada cuentan con seguridad especial y no los amenaza la delincuencia. Y el otro fenómeno, casi inexplicable, es que en el marco del deterioro de la seguridad y estancamiento económico los registros de popularidad presidencial se mantienen en niveles relativamente elevados. Y al decir esto último, cabe destacar la incidencia inequitativa del alarmante deterioro que ha mostrado la seguridad pública. Como se muestra en el artículo periodístico citado, la inseguridad está afectando de manera particular a vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, choferes y taxistas, locatarios en mercados públicos, agricultores, tianguistas y autoempleados. Gente del pueblo, pues. ¿Dónde quedó la invocación reiterada de que “primero los pobres”?
Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (Ecuador) el 30 de junio de 2022.