Inmigración: Más allá de los alambres de puas

Al final de la cumbre de la APEC realizada el mes pasado en Santiago de Chile, el presidente Bush dejó en claro que planea usar una porción del “capital político” acumulado en el día de las elecciones para persuadir al Congreso que establezca reformas migratorias reales. Hacer la reforma migratoria una prioridad durante su campaña y su primer periodo presidencial fue un cálculo sagaz. Su reelección provee un mandato a presionar por cambios que ayudarán a muchas personas que desean trabajar en los Estados Unidos y, si la historia nos sirve de referencia, aliviar el verdadero problema de la inmigración ilegal.

En enero pasado, bajo cierto riesgo político, el presidente pidió al Congreso reformar el sistema disfuncional migratorio de EE.UU. Específicamente, el presidente propuso una visa temporal de trabajo para trabajadores nacidos en el extranjero que deseen llenar puestos de trabajos que los estadounidenses típicamente evitan, y a la vez legalizar millones de inmigrantes indocumentados pacíficos y trabajadores que se encuentran actualmente en EE.UU. El presidente reafirmó su apoyo durante los debates presidenciales.

La propuesta no fue simplemente una estratagema política para ganar votos hispanos. Desde los días en que era gobernador de Texas, Bush ha alabado las contribuciones sociales y económicas de los inmigrantes mexicanos. Por supuesto, la política juega un rol importante. Las reformas migratorias son populares entre los hispanos, un segmento de alto crecimiento en la población, que se ha vuelto la minoría más grande en EE.UU. Mientras que los hispanos tienden a votar por los demócratas, republicanos astutos tales como Karl Rove, desde hace tiempo se han dado cuenta que los republicanos necesitan atraer a los votantes hispanos si desean mantenerse competitivos en las elecciones nacionales.

Los conservadores opuestos a la inmigración ven peligro en lugar de oportunidades en el voto hispano. Por años ellos han alegado que millones de nuevos inmigrantes hispanos se volverán inevitablemente en leales votantes demócratas, relegando al partido de Reagan a un estatus minoritario permanente. Durante gran parte del 2004, ellos rechazaron la iniciativa presidencial sobre inmigración como un fracaso con los hispanos que solo va a alienar a la base de apoyo del presidente.

Otra vez, los restriccionistas se han equivocado. No hay evidencia que el presidente Bush pagó un precio político por su apoyo a un sistema migratorio más justo y compasivo. Su base conservadora salió con fuerza para apoyarlo, mientras que la evidencia muestra que la reforma migratoria ayudó a Bush entre los hispanos. En una noticia del Wall Street Journal posterior a la elección concluyó que “su interés de antaño por los hispanos en temas como la inmigración lo ayudó a obtener 42 por ciento de esos votos a nivel nacional—comparado con el 35 por ciento en el 2000—y una mayoría en Florida. Eso le ayudó a alcanzar una victoria cómoda en la crítica arena estatal”.

El fuerte desempeño del presidente en otros estados de alta concentración de hispanos tales como Arizona, Nevada, Texas y Nuevo México indican que a él le fue tan bien con los hispanos como en el 2000. Cualquier otro analista político fuera del circulo de restriccionistas está de acuerdo con esta postura.

En este caso, lo que es bueno en política para Bush y los Republicanos también es bueno en políticas públicas. Nuestras leyes de inmigración necesitan desesperadamente reformarse. Hoy en día un estimado de 9 millones de personas están viviendo ilegalmente en EE.UU., aumentando esa cifra en un estimado neto de 350,000 por año.

Tirar más dinero y mano de obra al problema simplemente no soluciona el problema. Desde principios de los noventa, hemos quintuplicado el gasto y triplicado el personal en la frontera Mexicana. Hemos construido murallas triples a lo largo de 60 millas del desierto. Por primera vez en la historia de EE.UU., hemos impuesto sanciones a los empleadores. Hemos realizado redadas en tiendas de descuentos y plantas procesadoras de pollo en un intento inútil de anular las leyes de la oferta y la demanda.

Una consecuencia no intencionada ha sido la fatal desviación de la migración desde unos cuantos puntos de entrada urbanos a regiones poco pobladas tales como la frontera de Arizona. Cada día miles de inmigrantes ilegales cruzan la frontera, ocasionando molestias a los propietarios de tierras locales. Desde 1998 más de 2000 inmigrantes hombres, mujeres y niños han sufrido, agonizado y muerto por deshidratación y asfixia. Eso es un precio muy alto para buscar un mejor trabajo.

La razón del fracaso es simple. Las leyes de inmigración existentes están chocando con dos poderosas realidades: la economía estadounidense sigue produciendo oportunidades para trabajadores poco calificados en sectores importantes como el comercio al por menor, servicios, construcción y turismo. Mientras tanto el grupo de norteamericanos deseosos de ocupar esos trabajos, continua reduciéndose a medida que la población se hace más vieja y mejor educada. A pesar de eso, nuestro sistema migratorio no tiene un camino legal para que trabajadores de México y otros países puedan venir a los EE.UU. a ocupar, aunque sea temporalmente, esos trabajos. El resultado es una inmigración ilegal generalizada.

Los críticos de la inmigración demandan más de las mismas políticas fracasadas: más murallas y alambres de púas, divisiones enteras de tropas en la frontera, deportaciones masivas de trabajadores indocumentados a un costo económico y humano muy alto. La propuesta del presidente Bush, en contraste, reemplazaría un flujo migratorio inseguro, desordenado e ilegal con uno seguro, ordenado y legal.

A principios de los 50, la creciente inmigración ilegal desde México enfrentó a los EE.UU. con una disyuntiva similar en políticas públicas. La respuesta en ese entonces fue un incremento dramático en las visas para trabajadores temporales bajo el programa Bracero; el resultado fue igualmente una reducción dramática en la inmigración ilegal.

La legalización mejoraría el destino de millones de trabajadores. Los nuevos trabajadores legalizados tendrían mayor poder de negociación en el mercado porque ellos podrían cambiar fácilmente de trabajo para mejorar su salario y condiciones laborales. Sería más probable que ellos puedan calificar para un seguro médico y podrían invertir en habilidades laborales y de idioma.

Legalización no sería igual a una “amnistía”. Los trabajadores legalizados no obtendrían automáticamente la ciudadanía o incluso la residencia permanente. Ellos recibirían solamente una visa temporal renovable por tiempo limitado. Ellos tendrían que pagar una multa que no sería poco dinero para los trabajadores poco calificados. Y ellos tendrían que ponerse en la fila junto a todos los demás para aplicar a un estatus permanente bajo las leyes vigentes.

La Legalización también incrementaría la seguridad nacional. Empezaría por reducir drásticamente la inundación de contrabando humano y fraude de documentos que facilita la inmigración ilegal. Sacaría de las sombras a millones de personas y permitiría saber quienes son. Liberaría recursos para la guerra contra el terrorismo. Esa es la razón por la que el secretario saliente del Departamento de Seguridad Nacional, Tom Ridge, expreso su apoyo a la propuesta del presidente durante una visita reciente a México.

Una verdadera reforma migratoria sería una buena política pública y buena en política. Cuando su segundo periodo inicie en enero, el presidente Bush debería de trabajar con los líderes del Congreso en ambos partidos para hacerla realidad.

Traducido por Nicolás López para Cato Institute.