Inflación: enojo y controles

No teniendo una explicación convincente de la derrota de Kamala Harris, algunos analistas en Estados Unidos atribuyen el triunfo de Trump a la inflación que ha experimentado la economía estadounidense en los últimos cuatro años, misma que fue el resultado de políticas fiscal y monetaria expansivas que se instrumentaron para enfrentar el choque real negativo que significó la epidemia de Covid-19.

Según ellos, una parte significativa de los electores se inclinaron por Trump porque la inflación, con un promedio anual de 5% durante los últimos cuatro años, al haber encarecido la canasta de consumo, generó un sentimiento de enojo y rechazo hacia las políticas económicas de Biden a pesar del extraordinario desempeño de la economía que, gracias a esas políticas, no sólo no experimentó una profunda recesión en 2020, sino que, además, impulsó un sólido crecimiento del PIB, del empleo y del ingreso familiar disponible en los años subsecuentes.

Es un hecho que la inflación genera enojo entre la población porque reduce el poder adquisitivo del dinero y de los salarios. Al analizar el impacto de la inflación sobre el estado de ánimo de las personas hay un elemento a considerar: las inflaciones puras no existen. Esto quiere decir que no todos los precios en la economía aumentan simultáneamente y a la misma tasa.

Dada esta dinámica, el enojo que causa la inflación se agudiza si los precios de los bienes que componen la canasta básica de consumo, sobre todo el de los alimentos, aumentan significativamente más que la generalidad de los precios. El enojo deviene en furia entre las familias de menores ingresos dado que además de que la inflación es un impuesto regresivo que daña más a las de menores ingresos, el perjuicio es todavía mayor porque estas destinan una mayor proporción de su ingreso a la adquisición de alimentos que las familias de mayores ingresos.

Siendo que la inflación es una de las peores distorsiones en la economía, ya que entorpece la labor de los precios relativos como indicadores para la asignación de recursos productivos, distorsiona las decisiones de consumo intertemporal y, por lo mismo, las decisiones sobre el ahorro e inversión y es un fenómeno regresivo, es que la mayor contribución social y al estado de ánimo de la población que un banco central puede hacer es dotar a los agentes económicos, familias, empresas y gobierno, de un entorno caracterizado por una baja y estable tasa de inflación, una de no más de 2% anual.

Para México en los años recientes, desde un máximo de inflación casi 9% en junio de 2022, la política monetaria restrictiva que ha instrumentado el Banco de México ha logrado que la inflación se haya reducido a apenas 4,76% en octubre de este año, habiendo sido la inflación subyacente de 3.ç,8% y la no subyacente de 7,68%, destacando dentro de esta el aumento anual de 10,9% en el precio de los bienes agropecuarios no procesados. Además, por rubro de gasto, el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un aumento anual en ese mes de 6,23%, habiendo sido este destino del gasto familiar el que más ha aumentado en los últimos cuatro años.

Es obvio que aún se está lejos de alcanzar la meta de inflación de 3% anual (+/- un punto porcentual) que se ha fijado a sí mismo el Banco de México. A pesar de la política monetaria restrictiva, la inflación no se ha reducido más debido a tres factores: la política fiscal expansiva, el aumento de los salarios significativamente por arriba del aumento en la productividad y, crucial, la señal del propio banco central de que está cómodo con una inflación de 4%, el límite superior de la banda. Este último factor ha incidido en que las expectativas de inflación y la inflación misma hayan permanecido elevadas. El banco tiene que modificar las señales y convencer de que sí está comprometido con lograr una inflación de 3% (mejor aún una de 2%).

Pero mientras esto sucede, ante el enojo de una parte de la población, al gobierno se le ocurrió que para bajar la inflación al 3% el próximo año, habría que imponer precios máximos a un conjunto de alimentos básicos. Es increíble pero los burócratas, incluidos secretarios de Estado, no aprenden de la historia y desconocen cómo funcionan los mercados.

Los controles de precios no reducen la inflación, sólo la reprimen generando varios efectos negativos que terminan dañando a los consumidores. Destacan una reducción de la cantidad ofrecida de los bienes sujetos a precio controlado y el surgimiento de “mercados negros” para racionar el exceso de demanda que se genera: filas, reventa, ventas atadas y condicionadas, menor calidad, empaques más chicos, etcétera. Todos estos efectos hacen que el precio que efectivamente pagan los consumidores sea mayor al precio monetario establecido con el control.

En lugar de distorsionar los mercados con controles de precios, arreglen las finanzas públicas, eliminen la extorsión a productores agrícolas, mejoren los canales de comercialización y dejen que el Banco de México haga su trabajo.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 11 de noviembre de 2024.