Incompatible

Nadie podrá decir que no fue eso por lo que votaron el 2 de junio, que no eligieron perder su libertad política y económica. Sin embargo, la señal era muy clara desde que el presidente López inició su gobierno: él no es un liberal y menos aún un demócrata.

A lo largo de estos casi seis años, pero muy particularmente después de las elecciones en 2021 cuando se renovó la Cámara de Diputados, ha tratado de demoler las instituciones que representan un contrapeso al ejercicio del poder. No ha podido por dos razones fundamentales: su partido y aliados no han tenido la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso (en el Senado nunca la tuvo) y por la acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucionales las reformas legales en materia electoral.

Como no ha podido destruirlas, su estrategia ha sido capturarlas o debilitarlas. Entre las que capturó destacan la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha colonizado parcialmente al Instituto Nacional Electoral. A otros órganos autónomos como el INAI, el IFT y la Cofece los ha debilitado cortándoles presupuesto y oponiéndose al nombramiento de nuevos comisionados.

Su furia, sin embargo, se ha concentrado en el Poder Judicial de la Federación, en particular la SCJN, dado que éste sí ha actuado como un contrapeso a decisiones arbitrarias e inconstitucionales como fueron, por ejemplo, los amparos concedidos en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que buscaban fortalecer a la CFE a costa de los generadores privados de electricidad y de los consumidores y la anulación del Plan B en materia electoral.

El presidente ha tratado de colonizar y capturar a la SCJN a través del nombramiento de ministros que le sean incondicionales y estén dispuestos a validarle cualquier acción o decisión que tome aunque sean inconstitucionales. Sin embargo, de los cinco que ha nombrado dos de ellos, los ministros Alcántara Carrancá y Ríos Farjat, han demostrado que su lealtad está con las instituciones, con la Constitución. López los tildó de traidores.

El presidente espera que la construcción de un régimen autoritario, con el cual comulga Sheinbaum, culmine el próximo mes de septiembre cuando se aprueben las reformas constitucionales que envió al Congreso que entre otras incluye la reforma del Poder Judicial de la Federación, la que eliminaría los diputados y senadores de representación proporcional, las reformas a la ley electoral incluyendo la transformación del INE en otro órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación y la desaparición del INAI, el IFT, la Cofece y el Coneval, cuyas funciones serían absorbidas, respectivamente por las secretarías de la Función Pública, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Economía y el Inegi.

De ser aprobadas estas reformas, la democracia representativa liberal habrá muerto con apenas 27 años de edad y habremos transitado a un nuevo régimen de partido dominante y el ejercicio del poder público sin ningún contrapeso, habremos regresado recargado y con mayor poder presidencial al viejo sistema priista del siglo pasado. Todo esto cuadra con el sistema político presidencialista con el que creció y que por lo mismo añora el presidente López excepto por un importante “detallito”: este sistema es incompatible con el contexto económico prevaleciente en el mundo y en el cual México está inserto.

El viejo sistema priista, el corporativismo creado por Cárdenas, se basó en un arreglo de rentas económicas a cambio del apoyo político de los diferentes actores: trabajadores, líderes campesinos, burócratas y empresarios todo ello en un contexto de una economía aislada del comercio exterior e, internacionalmente, con una muy restringida movilidad de capitales limitada a muy bajos flujos de inversión extranjera directa y préstamos de organismos financieros internacionales.

El mundo cambió drásticamente primero en 1971 con el abandono del patrón oro y desde la década de los ochenta en adelante con una economía mundial altamente integrada mediante el comercio internacional y la movilidad internacional de capitales financieros. México se insertó a este nuevo mundo económico con la apertura económica, primero en 1986 con la adhesión al GATT y posteriormente con la profundización de esta apertura en 1988 y la entrada en vigor de varios tratados de libre comercio, destacando el TLCAN en 1994.

Con la economía mexicana insertada en la economía mundial y enfrentando los productores nacionales la competencia externa, el sistema de rentas corporativista priista no podía seguir existiendo. Sólo había un camino a seguir: “matar” ese viejo sistema y transitar hacia un sistema político democrático con contrapesos y rendición de cuentas. Éste fue el camino que tomó el presidente Zedillo con las reformas del Poder Judicial de la Federación en 1995 y la apertura del sistema electoral en 1996 y la posterior creación, en gobiernos posteriores, de los órganos constitucionales autónomos que la reforma de López pretende destruir.

La regresión que implicaría aprobar las reformas de López y Sheinbaum haría que el sistema político entrara en conflicto con el sistema económico de integración comercial y financiera, violando además el T-MEC y el que se tiene con la Unión Europea. Las consecuencias económicas serían desastrosas ya que para hacer compatible el nuevo sistema político habría que abandonar el modelo económico vigente, matando con ello la principal fuente de crecimiento económico, de atracción de IED y de estabilidad macroeconómica. Habrían muerto la libertad política y la libertad económica.

Dado este conflicto, paradójicamente lo mejor que le podría pasar a Sheinbaum es que no tenga la mayoría calificada en el Congreso y las reformas regresivas de López no sean aprobadas. De lo contrario, su sexenio habrá fracasado incluso antes de haber empezado.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 17 de junio de 2024.