Incentivos y migración infantil

Ríos de tinta han corrido para plasmarse en reportajes y comentarios sobre los niños centroamericanos que llegan a EE.UU., de la tragedia humana que ello representa, de la crueldad de quienes se oponen a recibirlos y de las posturas de los políticos que aprovechan la circunstancia para acarrear agua a su molino.

Lamentablemente, poco o nada se ha dicho de los incentivos económicos que causan este éxodo infantil, lo que ayudaría a tratar el asunto con mayor seriedad para resolver sus causas y no solo atenuar sus consecuencias, que ha sido el enfoque adoptado por la mayoría de los comentaristas.

Primero, las dimensiones del fenómeno claramente son de tal magnitud que representa la mayor crisis migratoria que ha sufrido EE.UU. desde los “marielitos” en 1980, la masiva emigración de cubanos permitida por la dictadura castrista para deshacerse de sus enfermos mentales y otros “desadaptados sociales”.

Desde octubre pasado casi 60 mil menores de edad han llegado a la frontera sur de EE.UU. sin la compañía de familiares adultos, cifra que duplica la del año anterior y decuplica la registrada en 2009. ¿A qué se debe esta explosión numérica?

En primer lugar, a una ley aprobada en EE.UU. en 2008 para combatir la trata de menores, mediante la cual niños que no procedan de países limítrofes —que son deportados de inmediato— tienen derecho a un juicio para determinar su situación y mientras ello ocurre pueden pasar a la custodia de parientes que residan en EE.UU.

Como es obvio, el sistema judicial en materia migratoria de por si ineficaz y saturado, fue incapaz de afrontar el renovado flujo de jóvenes, provenientes sobretodo de Guatemala, Honduras y el Salvador, lo que significó de hecho que se les abrían las puertas de ingreso a EE.UU. mientras esperaban una remota cita con un juez, y se les permitía acomodarse y hacerse perdedizos en la amplia geografía de ese país.

Esta visa de entrada sin fecha de caducidad no pasó desapercibida para los “polleros” que vieron la oportunidad de ampliar su negocio, y se encargaron de difundir en Centroamérica que había llegado el momento de emprender el viaje por una suma que, según reportes, fluctúa entre $4.000 y $10.000 por cabeza, que incluyen sus “honorarios” profesionales, las mordidas a repartir en el camino y otros gastos.

Otra razón que ha acicateado este flujo migratorio es también consecuencia no prevista de la política adoptada por el Estado mexicano de combatir a los narcos a sangre y fuego, lo que ciertamente no tenía la intención de disminuir el flujo de drogas a EE.UU. sino de elevar el costo de hacer su negocio en nuestro país.

Ello ha tenido por consecuencia que muchas organizaciones criminales hayan reubicado sus operaciones a Centroamérica, donde la capacidad gubernamental de combatirlos es bastante inferior, lo que ha resultado en una explosión de la violencia contra una población indefensa, que ahora tiene un incentivo adicional para escapar.

No está claro qué hará el gobierno de EE.UU. para enfrentar esta crisis pues en la solicitud presupuestal por $3.700 millones que envió al Congreso para atenderla, el Presidente Barack Obama no incluyó la propuesta de enmendar la ley de 2008, lo que resulta esencial para eliminar el poderoso incentivo que conlleva.

Predeciblemente, esta renovada crisis fronteriza le ha dado una flamante plataforma a los demagogos que la aprovechan para denunciar que “no se ha asegurado la frontera”, tajante exigencia del ala derecha del espectro político de EE.UU., y para que el gobernador de Texas envíe mil efectivos de la Guardia Nacional al linde con México.

Ésta es una completa tontería pues a diferencia de los inmigrantes adultos sin papeles, cuyo éxito en ingresar a EE.UU. implica burlar a la autoridad, lo primero que hacen los niños es entregarse a los agentes a sabiendas de que no serán expulsados.

Ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos con su Congreso, me temo que Obama intentará subrogar su responsabilidad a los países centroamericanos y a México, al igual que lo hace con el tráfico de drogas, para que sean ellos los que impidan que el tránsito de menores llegue a su territorio.

De ser este el caso —la seman apasada se reunió Obama con los presidentes centroamericanos en Washington— me temo que el problema de los niños migrantes no se solucionará, pero se abrirán nuevos fuentes de abuso de estos menores para poder salir de sus países y transitar por el nuestro hasta llegar a su destino.

Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) el 24 de julio de 2014.