Impuestos, política y calidad educativa

El tema de la calidad educativa está actualmente en el tapete por estos lares. En Chile, la entonces aspirante presidencial Michelle Bachelet, tuvo como eje central de su campaña la promesa de una “educación  gratuita y de calidad”. En Uruguay el ex presidente Tabaré Vázquez —postulante oficialista para las próximas elecciones nacionales— ha mencionado que de ser reelecto, una de sus prioridades será mejorar sustancialmente la enseñanza pública. Según las encuestas, es muy probable que vuelva a conquistar la primera magistratura.

Tanto Bachelet como Tabaré Vázquez consideran, que para perfeccionar la educación lo que se requiere son toneladas de dinero. Fondos que obviamente provendrán de los propios habitantes vía aumento de impuestos. Además, ambos comparten la premisa de que para alcanzar el objetivo deseado, el mejor gestor es el “Estado”. Lo que en los hechos significa creer, que los políticos y las burocracias son los que mejor saben cómo educar y también, cómo gastar en forma eficiente el dinero.

En función de esa tesis, Bachelet envió al parlamento un proyecto de reforma tributaria con el fin de recaudar un 3% del PIB anuales. Por su parte Tabaré Vázquez ha declarado que en una eventual futura administración suya, le otorgará a la educación pública un presupuesto equivalente al 6 % del PIB.

Frente a estas propuestas, surgen las siguientes interrogantes: ¿En que se basan para creer que el problema educativo se soluciona con más dinero? ¿Qué estudios hay que avalan tal hipótesis? ¿Qué dice la experiencia empírica?

Tabaré Vázquez fue presidente de Uruguay en el período 2005-2010. Durante su gobierno el presupuesto de la educación creció 84%. Sin embargo, el puntaje obtenido por los estudiantes uruguayos en las pruebas PISA, ha venido empeorando año tras año en el lapso referido. Es más, el nivel de aprendizaje de los adolescentes de 15 años  ha estado por debajo del mínimo aceptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que realiza las mencionadas pruebas.

El actual presidente uruguayo José Mujica (2010-2015), también incrementó sustancialmente el dinero que le otorgó a la enseñanza pública, obteniendo los mismos pésimos resultados que su antecesor. En la prueba PISA 2012, nuestro país obtuvo el peor desempeño de sus cuatro participaciones. En ese año, es posible apreciar un marcado deterioro en todas las áreas investigadas, al compararlo con las pruebas de 2003, 2006 y 2009.

También en EE.UU. primó la tesis, de que la calidad en la enseñanza es un tema monetario y estatal. Es decir, cuanto más plata vuelque y más se involucre el Estado en la enseñanza mediante directrices, mejor serán los frutos obtenidos. Esa línea de pensamiento fue la base de la ley promulgada por el presidente George W. Bush en 2002, denominada No Child Left Behind Act (NCLB). Desde esa fecha se han volcado miles de millones de dólares en el programa, sin lograr mejorar en forma sustancial a la enseñanza. El fracaso es tan evidente, que desde todas las tiendas políticas se está hablando de desmantelarlo.

Las experiencias mencionadas —que con diferentes variantes se repiten por doquier — tienen diversas consecuencias. Una de ellas es, que al aumentar los impuestos arbitrariamente en proyectos probadamente ineficaces, se debilita la capacidad de cada familia o persona para escoger el sistema educativo que considere más idóneo. Es obvio que cuánto más dinero les extraen los políticos a la gente, ésta dispondrá de menores recursos para tomar decisiones propias. Por lo tanto, se acrecienta el poder de la élite gobernante y de los grupos de presión organizados y, correlativamente, se disminuye el de la persona común. Ergo, se debilita la democracia.

Otro efecto pernicioso es, que la injerencia estatal trae consigo una politización de la enseñanza, que se convierte en un campo de batalla ideológico. O sea, que con la “excusa” de controlar la calidad, se determinará centralmente qué autores o enfoques se deben dar en las aulas, y cuáles estarán implícitamente vetados. La experiencia prueba de sobra esa aseveración.

Con respecto al punto anterior, un campo especialmente sensible a la manipulación ideológica, es el histórico. Todos los que aspiran a formas de gobierno autoritarias, tienen muy presente la sentencia de George Orwell: “Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado”.

La realidad es que en esencia, la educación es un servicio como cualquier otro. En consecuencia, la única forma de bajar costos y elevar la calidad, es mediante un proceso competitivo, libre y descentralizado de “ensayo y error”. Un área donde los actores por orden de importancia sean los estudiantes, sus padres, los centros educativos y los profesores. Un espacio donde puedan expresarse libremente todas las opiniones, visiones, métodos de aprendizaje y se conozcan los diversos autores. La educación debe caracterizarse por la diversidad, en el sentido más amplio de ese término.

Por lo tanto, con autonomía y descentralización no sólo se mejorará la educación, sino también, la calidad democrática.