Impuestos en Uruguay, cuando la izquierda "moderada" se quita la máscara

En el exterior se suele considerar que las autoridades uruguayas izquierdistas (a diferencia de varios de sus colegas de la región) han sido respetuosas de la forma republicana de gobierno. Pero es una falsa impresión.

La verdad es, que han sido más sutiles en el proceso de ir vaciando de sustancia al Estado de Derecho, pero lo han venido haciendo de modo sostenido. Paulatinamente los uruguayos vamos teniendo menos garantías y protección frente al Estado. En ese proceso, la asfixia económica a la que están sometiendo al Poder Judicial, no es un dato menor.

El periodista Gabriel Pereyra define al Uruguay como “una república bananera, pero con buena reputación internacional”. Es una descripción acertada.

En el siglo XXI el autoritarismo es mal visto. Por esa razón los déspotas recurren a medios indirectos para acrecentar su poder, entronizarse en él y anular las voces disidentes. Desde esa perspectiva, una herramienta sumamente eficaz ha sido la impositiva.

En Uruguay, Órganos de Contralor, expertos en derecho tributarios y periodistas, exponen que la Dirección General Impositiva (DGI) “está agrediendo garantías individuales” y que “el Estado avasalla derechos elementales de una manera cada vez más bestial e impúdica”.

En una sentencia reciente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) acusó a la DGI de haber actuado de manera “maliciosa”, “temeraria”, “ilegal” y con “irracionales desvíos” a las leyes, al decidir aplicar una millonaria multa a una empresa. También se resalta, que la Impositiva no “entendió razones” cuando la firma acusada expuso sus descargos.

Son cada vez más numerosos los fallos donde el TCA amonesta a la DGI, incluso, cuestionando las intenciones que tuvo al accionar contra determinada persona o empresa.

Pocos se animan a opinar públicamente sobre la DGI, porque están convencidos que este poderoso organismo toma represalias. Por ejemplo, cayendo con una inspección donde “por casualidad”, siempre encuentra algo.

Entre los que tienen el coraje para hacerlo están Gianni Gutiérrez y Alberto Varela, especialistas en Derecho Tributario. En 2007 publicaron El contribuyente frente a la inspección fiscal. En esa obra exponen en forma descarnada la indefensión del contribuyente frente a la DGI. Asimismo, enfatizan que se está tornando cada vez más prepotente e invasiva de la privacidad de las personas, con el cuento de que “tienen que controlar”.

Entre las cosas aberrantes señalan las siguientes:

1) No hay fecha para saber cuánto puede durar una inspección.

2) No hay una norma que establezca plazo entre un embargo y la posibilidad de que el embargado acceda al expediente. “Para cerrar la inspección y que no genere más intereses la DGI exige al contribuyente que acepte la cifra que se le pone por delante”.

3) La DGI no da facilidades de pago al contribuyente que quiera discutir su adeudo ante la Justicia.

4) Dado que el fisco no tiene plazo para terminar la inspección, una vez que trabó medidas cautelares (embargos, bloqueo de cuentas bancarias, etc.) el proceso se enlentece. En esas circunstancias, el contribuyente queda embargado pero como la DGI no dicta el acto de determinación, no puede llevar su caso ante el TCA para que sea examinado por un juez.

Resulta claro que esa forma de actuar viola el derecho humano al debido proceso. Los gobiernos izquierdistas que nos gobiernan desde 2005, están ubicando a la DGI por fuera del control de los jueces, rasgo esencial de un Estado de Derecho. Lo que significa que se está produciendo una concentración atroz de poder, porque quien controla los medios de vida de los habitantes, se torna literalmente en su “amo”.

Debido a las graves modificaciones introducidas en el área tributaria entre 2007 y 2014, Varela y Gutiérrez tuvieron que actualizar su libro. En la nueva edición se recalca que el Parlamento “había aprobado más de una decena de nuevas medidas que aumentaban el poder” del fisco, aprovechando que el oficialismo ostenta mayoría absoluta en ambas cámaras. Asimismo, alertan que cuando la DGI pierde un juicio ante el TCA, de inmediato recurre al Parlamento para que le vote una ley para que la próxima vez, ante un caso similar, el TCA no pueda cuestionarla.

Frente a la situación planteada, los autores alertan que “en cualquier momento asistiremos a una persecución política disfrazada de defraudación fiscal”, tal como ocurre en Venezuela o la Argentina kirchnerista.

Entre las nuevas leyes aprobadas por esta izquierda “moderada”, están las que habilitan a la DGI el uso de fuerza pública, la prohibición de impugnar ante el TCA la resolución de la DGI de realizar una denuncia penal por defraudación, y la facultad de pedir información financiera en colegios y clubes deportivos.

Por su parte Miguel Pezzutti (experto en Derecho Administrativo y Tributario) afirma que no toda facultad que se le asigne a la administración es criticable. Expresa, que “muchas veces el control requiere de poderes para averiguar aunque el controlado no lo desee”. Sin embargo, el problema surge cuando las atribuciones otorgadas pasan por alto “equilibrios consagrados por normas que no son ocurrencias recientes, sino institutos de mucho arraigo en la cultura jurídica universal”.

Entre esos principios esenciales, menciona la posibilidad de que “cualquier persona pueda defenderse adecuadamente antes de una acusación o decisión que le causa un perjuicio, el que exista siempre un juez que revise todos los aspectos de una decisión administrativa y otorgue tutela efectiva a los derechos de los ciudadanos”. Enfatiza que esas “son cuestiones que no admiten ser arrasadas, por más necesidad fiscal que exista”.

Pezzutti recalca que la seguridad jurídica integra ese elenco de garantías. Es decir, la certeza de que las reglas son aplicadas cuando la administración tiene razón, pero también cuando no la tiene. Asimismo, que esté garantizado el derecho humano a tener un proceso en tiempo razonable. “Todos estos son elementos básicos que deben ser tutelados, no porque protegen a los particulares, sino porque el Estado existe para garantizar la vigencia de ciertos valores, no para atacarlos”.

Por lo expuesto, vemos que los gobernantes izquierdistas uruguayos no son tan inocentes como creen los de afuera.

Este artículo fue publicado originalmente Panam Post (Venezuela) el 8 de febrero de 2017.