Hora de levantar el embargo contra Cuba

El Congreso de los Estados Unidos debería:

• Rechazar el proyecto de ley de Solidaridad Cubana que concedería ayuda exterior, incluyendo ayuda humanitaria, a grupos políticos y otros miembros de la sociedad civil de Cuba;

• Revocar la ley Helms-Burton de 1996;
• Revocar la ley Torricelli de 1992;
• Restaurar la política de conceder asilo político en los Estados Unidos a los refugiados cubanos;
• Eliminar or privatizar Radio y TV Martí;
• Terminar las sanciones comerciales contra Cuba y permitir a los ciudadanos y a las compañías de los Estados Unidos que visiten y establezcan negocios en Cuba según crean conveniente; y,
• Proceder hacia la normalización de relaciones diplomáticas con Cuba.

En 1970, 17 de 26 países de América Latina y el Caribe tenían regímenes autoritarios. Hoy en día, solamente Cuba tiene un régimen dictatorial. Aunque la transición a la democracia liberal, en la cual la libertad individual y los derechos de propiedad están protegidos bajo el Imperio de la Ley, está lejos de haberse completado en cualquiera de los países de la región y será un proceso a largo plazo, esa misma transición ha llevado ya a una mayor estabilidad política y prosperidad económica. No obstante, las sanciones económicas no son la causa del cambio regional hacia la liberalización. De hecho, han fracasado como instrumento para promover la democracia en toda la región, y Cuba no ha sido la excepción. Es más, Cuba es el único país del hemisferio donde el gobierno americano ha utilizado un embargo económico total como su principal instrumento político a fin de forzar una transformación demócratica.

El fracaso de las sanciones contra Cuba no debería sorprender a nadie ya que las sanciones, a pesar de su popularidad política, son notables por sus consequencias no intencionadas. Siempre acaban perjudicando a aquellos a quienes pretenden ayudar. En Cuba, Fidel Castro es la última persona que va a sufrir el daño de las medidas estadounidenses. Si las sanciones fracasaron en su intento de derrocar al régimen militar de Haití, la nación más pobre y vulnerable de la región, es difícil creer que vayan a tener éxito en Cuba.

Un vestigio de la Guerra Fria

El embargo comercial contra Cuba se autorizó por primera vez en 1961 cuando el 87 Congreso aprobó el Acta sobre la Ayuda Externa. El presidente John F. Kennedy emitió una orden ejecutiva implementando el embargo como respuesta a la confiscación de bienes americanos por parte de Fidel Castro y a su decisión de alinearse con la Unión Soviética, ofreciendola una base militar permanente y un puesto de inteligencia a 90 millas de la costa de Florida durante el apogeo de la Guerra Fría. La decisión de Castro convirtió a Cuba en el aliado principal de la Unión Soviética en el hemisferio occidental.

Durante tres décadas, Cuba presentó una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. No sólo exportó Cuba su revolución marxista a otros países del Tercer Mundo (en particular, Angola y Nicaragua), sino que sirvió también como base para las operaciones de inteligencia soviéticas y permitió que los buques de guerra soviéticos accediesen a sus puertos. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética y el subsiguiente fin de los subsidios soviéticos a Cuba a principios de los años 90, esa amenaza practicamente cesó de existir. (Siempre queda la posibilidad de que Castro haga algo excesivo.) Con el fin de la amenaza militar que Cuba representaba, todas las justificaciones válidas para mantener el embargo también desaparecieron.

Las sanciones comerciales contra Cuba, lamentablemente, no se levantaron. Por el contrario, el embargo se hizo más severo en 1992 con la aprobación del Acta sobre la democracia cubana (la ley Torricelli), un proyecto de ley que el Presidente George Bush firmó. La ley Torricelli no se justificó utilizando los intereses de la seguridad nacional sino el tipo de gobierno del régimen de Castro y sus abusos de los derechos humanos. Ese cambio de enfoque se ve reflejado en el lenguaje de la ley Torricelli, cuya primera observación fue que Castro tenía "una indiferencia continua por las normas de derechos humanos aceptadas internacionalmente y por los valores democráticos."

En 1996, el Congreso aprobó la ley Helms-Burton, una ley que el presidente Bill Clinton había amenazado que iba a vetar pero que acabó firmando como consecuencia del derribo de dos avionetas civiles estadounidenses por aviones de combate cubanos en espacio aéreo internacional.

Las consequencias no intencionadas de una política defectuosa

La ley Helms-Burton, nombrada así por ser el senador Jesse Helms (R.-N.C.) y el representante Dan Burton (R.-Ind.) los patrocinadores de la misma, es una ley mal conceptuada. El capítulo III de la misma concede a los ciudadanos americanos cuyas propiedades fueron confiscadas por Castro el derecho a demandar en los tribunales estadounidenses a las compañías y a los ciudadanos extranjeros que estén "traficando" con esas propiedades. Ese derecho--que no se ha concedido a ciudadanos americanos que hayan perdido sus bienes en otros países--es problemático porque extiende la jurisdicción estadounidense a los resultados de acontecimientos ocurridos en territorio extranjero.

La ley Helms-Burton trata de disuadir la inversión en Cuba al imponer sanciones a las compañías extranjeras que se estén beneficiando de las propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro. Pero las aprensiones de que la inversión extranjera allá, que es mucho menor de lo que las estadísticas oficiales cubanas alegan, vaya a salvar al sistema comunista de sus fallas innatas carecen de fundamento. Cuba no recibirá flujos de capital privado significativos hasta que el país introduzca reformas de mercado.

Es posible que la ley Helms-Burton reduzca la inversión en Cuba, pero a los aliados de los Estados Unidos--en particular, Canada, México y los miembros de la Unión Europea--no les ha sentado nada bien que Washington trate de influir en su política exterior por medios coactivos. No es sorprendente, por lo tanto, que la Unión Europea haya considerado tomar represalias y demandar a los Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio.

En mayo de 1998 la administración de Clinton y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo tentativo que excluiría de los capítulos III y IV (que deniega visas a ejecutivos de compañías que "trafiquen" con propiedades confiscadas) de la ley Helms-Burton a cambio de garantías de la Unión Europea de no subsidiar las inversiones en las propiedades confiscadas. Pero como sólo el congreso puede derogar los capítulos III y IV, las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos van a permanecer con cierta incertidumbre, y la posibilidad que la UE imponga sanciones retaliatorias o lleve a los E.E. U.U. a la OMC todavía existe.

Esa disputa conlleva el riesgo de amargar las relaciones amistosas de los Estados Unidos con países que son mucho más importantes para la seguridad y el bienestar de los estadounidenses que Cuba. La confrontación también desvía la atención, tanto dentro como fuera de Cuba, sobre la crisis interna de la isla.

El Senador Jesse Helms, que presentó el proyecto de ley de Solidaridad Cubana de 1998, desea que los Estados Unidos vayan aún más lejos al tratar de obligar a Washington a que adopte una política de intervención activa en la actividad política en Cuba. De ser aprobado, ese proyecto requeriría que el gobierno de los Estados Unidos "proveyese ayuda decisiva y cada vez mayor a la oposición democrática de Cuba y que adoptase medidas específicas para efectuar un cambio económico y político fundamental en Cuba." El proyecto también busca el "procesamiento" de Castro y de otros altos cargos del gobierno cubano por el derribamiento de las dos avionetas civiles estadounidenses en 1996. Tal procesamiento no va a contribuir a que las autoridades cubanas abandonen sus cargos o democraticen el país. Finalmente, el proyecto de ley obligaría al gobierno central americano que concediese ayuda humanitaria al pueblo cubano, una medida innecesaria, ya que ese tipo de ayuda puede ser (y ya es) concedida por el sector privado.

Cualquier aumento en las hostilidades de Washington beneficiaría solamente a los partidarios de mantener una línea dura dentro del gobierno cubano. Al mismo tiempo, el embargo continua siendo la mejor--y ahora la única--excusa que Castro tiene para justificar el fracaso de sus políticas. La Unión Soviética dio a Cuba más de cien mil millones de dólares en concepto de subsidios y de créditos durante su relación de más de tres décadas. No obstante, las autoridades cubanas, que han estimado el coste acumulativo del embargo en más de cuarenta mil millones de dólares, condenan incesantemente a la política estadounidense como la causa de la existencia exigua del pueblo cubano. Elizardo Sánchez Santa Cruz, uno de los principales disidentes en Cuba, ha resumido esta estrategia con aptitud: "[Castro] quiere continuar exagerando la imagen de un enemigo externo que ha sido vital para el Gobierno cubano durante décadas, un enemigo externo al que se le puede achacar todos los fracasos del modelo totalitario que se ha implementado aquí."

Pero siempre y cuando Castro pueda señalar a los Estados Unidos como una amenaza externa, logrará obstruir el disentimiento, justificar el control sobre la economía, y agitar los sentimientos anti-americanos y nacionalistas en Cuba.

Cuba debe determinar su propio destino

Tal vez el mayor defecto de la política estodounidense hacia Cuba es que se basa en la creencia falsa de que el capitalismo democrático se puede exportar a base de fuerza desde Washington a La Habana. Esa suposición está manifestada explícitamente en la ley Helms-Burton, cuyo primer propósito es "ayudar al pueblo cubano a que recupere su libertad y su prosperidad, así como a que se una a la comunidad de naciones democráticas que están floreciendo en el Hemisferio Occidental."

Pero la revolución democrática y capitalista que se ha extendido por el Hemisferio Occidental tiene poco que ver con los esfuerzos por parte de Washington de exportar la democracia. Más bien surge del descubrimiento por los mismos latinoamericanos, tras duras experiencias, de que el sistema de la libre empresa es el único capaz de proveer un crecimiento económico sostenible y una mayor prosperidad. La habilidad de la región de beneficiarse de un sistema de libre mercado dependerá en gran parte en el éxito que tenga en mantener (o desarrollar) reformas de mercado, que, de nuevo, dependen totalmente de los países latinoamericanos, no de los Estados Unidos.

Además, ahora que ya ha terminado la Guerra Fría, Cuba ya no representa una amenaza creíble para los Estados Unidos. El tipo de régimen que Cuba tenga, ya sea democrático o totalitario, es importante, pero no es un interés vital para la seguridad de los Estados Unidos. La transformación de la sociedad cubana, con todas las dificultades que ese proceso conlleva, debe dejarse en manos del pueblo cubano, no en manos del gobierno de los Estados Unidos. Como ha dicho William Buckley, Jr., "si el pueblo cubano derroca al señor Castro, es un fin por el que todos rezamos con devoción. Pero si no lo hacen, él es su problema."

Es más, la evidencia histórica, en Cuba o en cualquier otra parte, no demuestra que el apretarle las clavijas a Cuba vaya a producir una rebelión anti-Castro. Por otra parte, el investigador del Cato Institute James A. Dorn ha observado que "la amenaza de utilizar restricciones comerciales para promover los derechos humanos está llena de peligro ... [porque] mina la dinámica del mercado, que al fin y al cabo es el mejor instrumento para crear riqueza y preservar la libertad."

Aunque Cuba--a diferencia de otros países comunistas como China o Viet Nam, con los que los Estados Unidos comercia regularmente--no haya emprendido reformas de mercado significativas, una política comercial abierta por parte de los Estados Unidos tiene mejores posibilidades que el embargo de subvertir al régimen cubano. Los partidarios del embargo subestiman la medida en que el aumento del comercio exterior y de la inversión foránea puede socavar al comunismo cubano, aun si todas las relaciones se han de mantener con entidades estatales.

Las autoridades cubanas se han percatado de ese peligro. Por ejemplo, la apertura cubana de su industria turística a la inversión extranjera ha sido acompañada de medidas que prohiben a los cubanos de a pie visitar los hoteles para extranjeros y demás instalaciones turísticas. El resultado ha sido que los cubanos no están conformes con su gobierno, por haber implantado éste el llamado apartheid turístico.

En los últimos años, las autoridades cubanas también han dado avisos en contra de la creciente corrupción, lo que indica que el régimen teme que las transacciones comerciales no oficiales, en particular, aquellas con extranjeros, debiliten la lealtad al gobierno e incluso cree intereses particulares en favor de una apertura de mercado más extensa.

La presencia generalizada del dólar en la economía cubana debilita aún más la autoridad del régimen. Esta presencia ha surgido a través de los giros de ultramar, que se estiman en ochocientos millones de dólares anuales, y de la presencia extranjera. Gracias a esos giros, aproximadamente el 50 por ciento de la población cubana tiene hoy en día acceso a dólares. La dolarización de la economía cubana--que el gobierno cubano se ha visto forzado a legalizar al ser incapaz de controlarla--esencialmente ha eliminado la autoridad del régimen de dictar la política monetaria del país.

Para reemplazar al Estado todopoderoso con uno que permita un mayor espacio para la interacción voluntaria se requiere el fortalecimiento de la sociedad civil, es decir, de los grupos no dependientes del Estado. Es más probable que ese proceso suceda en un clima de mayor interacción con grupos externos que en un clima de aislamiento y de control estatal.

Hoy en día hay indicios de que la sociedad civil está emergiendo en Cuba, a pesar de los intentos de Castro por suprimirla. Por ejemplo, la iglesia católica, que recibe la mayor parte de la ayuda humanitaria de las ONGs internacionales, ha experimentado un resurgimiento desde que el Arzobispo de La Habana fue nombrado cardenal. Y, desde la visita de Juan Pablo II en enero de 1998, que claramente estableció a la iglesia católica en la única organización no gubernamental de nivel nacional, ésta ha presionado para aumentar sus funciones educativas y de caracter social.

Finalmente, están los pequeños empresarios que se ganan la vida en el pequeño pero creciente sector no estatal. Estos cuentapropistas eran aproximadamente 10 por ciento del total de la fuerza de trabajo a finales de 1996; la mitad de ellos trabajando en el sector formal y la otra mitad en el informal. Según Philip Peters, investigador superior en la Fundación Alexis de Tocqueville, esos trabajadores "están mejorando dramaticamente su nivel de vida y están proporcionando bienes y servicios al mismo tiempo que aprenden los hábitos de agentes independientes en mercados competitivos." Por ejemplo, los agricultores privados cultivan el 85 por ciento de los productos agrícolas que se venden en los mercados, aunque solo cultivan el 15 por ciento de la tierra arable. Y dado que la mayoría de los trabajadores independientes están en el sector de servicios (sobre todo en los restaurantes y en otros servicios de alimentación), estos trabajadores se beneficiarían enormemente de la presencia de ciudadanos americanos visitando la isla por placer o por negocios.

Los exiliados cubanos también deberían participar en la transformación de la sociedad cubana. No obstante, su participación no requiere que el gobierno de los E.E. U.U. esté involucrado. Por lo tanto, Radio y TV Martí, entidades gubernamentales que retransmiten a Cuba, se deberían privatizar o cerrar. Si la comunidad en el exilio cree que esas estaciones son un recurso útil en su lucha contra el régimen de Castro, tiene los medios--no hay impedimentos legales--para financiar su operación.

Una nueva política para Cuba basada en principios americanos

La política de Washington hacia Cuba debería ser consistente con los principios americanos tradicionales. Primero, los Estados Unidos debería restaurar la práctica de conceder asilo político a los refugiados cubanos. El acuerdo de inmigración de 1994 (renovado a finales de 1996) entre la administración Clinton y el gobierno de Cuba ha convertido a los Estados Unidos en el complice de jure en la opresión de aquellos cubanos que arriesgan sus vidas para escapar de la represión. Desde que se firmó el acuerdo, más de 2.000 cubanos han sido recogidos por el servicio de guardacostas de los Estados Unidos y devueltos a Cuba.

Además, no hay ningún motivo para creer que los refugiados cubanos cesasen de contribuir a la economía de los E.E. U.U. como lo han hecho en el pasado. La crisis migratoria de los balseros del Mariel de 1980, en el que 120 mil refugiados cubanos alcanzaron las costas de los E.E. U.U., resultó ser beneficiosa para la economía del sur de Florida. Es más, como la comunidad cubano-americana ha expresado repetidamente su habilidad y deseo de mantener a los refugiados hasta que éstos se puedan mantener por sí mismos, esta política no tiene por qué costarle a los contribuyentes estadounidenses.

Segundo, el gobierno de los E.E. U.U. debería proteger los derechos inalienables de sus propios ciudadanos y reconocer que el comercio libre de por sí es un derecho humano. Como dice Dorn, "La supuesta dicotomía entre el derecho a comerciar y los derechos humanos es una dicotomía falsa ... Como agentes morales, los individuos reividincan necesariamente sus derechos a la libertad y a la propiedad con el fin de poder vivir al máximo y de perseguir sus intereses de una forma responsable." En el caso de Cuba, los ciudadanos y las compañías de los Estados Unidos deberían ser permitidos a decidir por sí mismos--como lo son en el caso de docenas de países en el resto del mundo, cuyos historiales de derechos humanos y políticos dejan mucho que desear--si quieren negociar con Cuba y cómo.

Tercero, la política de los Estados Unidos hacia Cuba debería estar basada en los intereses de la seguridad nacional, no en la transformación de la sociedad cubana y en la microdirección de los asuntos de un gobierno de transición como la ley actual obliga a Washington. Eso significa que el embargo se ha de levantar y que se han de establecer el tipo de relaciones diplomáticas con Cuba que los Estados Unidos mantiene con otros países, incluso con regímenes dictatoriales, que no amenazan su seguridad nacional. Esas medidas, especialmente el levantamiento de las sanciones actuales, asegurarán una transición más pacífica y tranquila en Cuba. Después de todo, como explica el antiguo miembro del consejo de seguridad nacional de Reagan Roger Fontaine, "no nos conviene adquirir otro caso económico desahuciado en el Caribe."

Desafortunadamente, apretar el embargo económico le ha dejado a los Estados Unidos en una posición muy incómoda. Washington ha agotado todas sus opciones políticas para reaccionar a futuras crisis en Cuba o a las provocaciones de Castro. Dada la ausencia de otras opciones y con un panorama caótico en el umbral de los Estados Unidos, las autoridades estadounidenses se verán bajo una presión tremenda para intervenir militarmente. Hay gente que dice que el relajar las sanciones le quitaría a los Estados Unidos su instrumento más efectivo para promover el cambio en Cuba, pero el haber apretado el embargo le ha dejado a los E.E. U.U. sólo con su instrumento más peligroso.

Conclusión

El senador demócrata de Nueva Jersey, Robert G. Torricelli, justificó la política norteamericana cuando la ley Helms-Burton se aprobó en el Congreso de la manera siguiente: "Otras políticas podrían haber sido efectivas, podrían haber sido adoptadas. Pero la suerte ya se ha echado. Hace años que decidimos seguir esta estrategia y estamos en el último partido. Es demasiado tarde para cambiar de estrategia." Incluso gente que puede estar de acuerdo con la posición de Torricelli, como el exiliado cubano Carlos Alberto Montaner, reconoce que "el embargo, a estas alturas, probablemente sea un error estratégico, o una torpeza política de Washington que le proporciona a Castro con una coartada." Pero no es demasiado tarde para cambiar de estrategia y "el último partido" puede durar años. La política actual, de cualquier modo, unicamente aumenta la posibilidad de que haya una transición violenta en Cuba y de que los Estados Unidos se vea innecesariamente involucrado.

Una política mejor sería reconocer que mientras que Castro es un manipulador político muy astuto, su planificación y pronosticación económica han sido catastróficas. Los partidarios del embargo casualmente asumen que el señor Castro quiere que el embargo se levante porque cree que esa medida solucionaría sus problemas económicos. A pesar de su retórica condenando el embargo, es probable que el señor Castro tema más al levantamiento de las sanciones norteamericanas.

Es difícil creer, por ejemplo, que no anticipó una fuerte respuesta por parte de los Estados Unidos cuando ordenó el derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate a principios de 1996.

Es hora de que los Estados Unidos dejen de hacerle el juego a Castro. Levantar el embargo ayudaría mucho a que se cayese de su trono.

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Ian Vásquez y L. Jacobo Rodríguez son director y director adjunto respectivamente del Proyecto de Libertad Económica Global del Cato Institute en Washington, D.C.