Guerrero cultural en jefe

"Debemos poner fin a esta guerra incivil que enfrenta a rojos y azules", imploró el presidente Joe Biden en su discurso de investidura, un discurso en el que utilizó la palabra unidad no menos de 11 veces: "La unidad es el camino a seguir".

Es una melodía familiar, que ya escuchábamos de los presidentes mucho antes de que empezara a parecer que el país se estaba desmoronando. "Una nación más amable y gentil" era la fórmula de George H. W. Bush. "Soy un unificador, no un divisor", la frase de su hijo. Barack Obama no sólo detendría la subida de los océanos, sino que, gracias al poder de la cháchara presidencial, nos convertiría en "una sola América", más allá del rojo y el azul. Dado el rumbo que han tomado las cosas últimamente, no se puede culpar a Biden por parecer un poco desesperado al respecto.

Donald Trump, que tiró por la borda el viejo libro de jugadas en su camino a la presidencia, adopta un enfoque diferente: "¡Acabaremos con los comunistas, los marxistas, los fascistas y los matones de la izquierda radical que viven como alimañas dentro de los confines de nuestro país!". "Se han abierto las compuertas". "2024 es nuestra batalla final".

Eso realmente no ayuda, pero tampoco nos pondría en la senda de la unidad nacional si Trump suavizara de repente su tono. La retórica apocalíptica y las payasadas rabiosas del ex presidente no son lo que ha convertido a la presidencia en sí misma en una falla central de la polarización estadounidense. Es el hecho de que el presidente, cada vez más, tiene el poder de remodelar vastas franjas de la vida estadounidense. La presidencia moderna, por su propia naturaleza, divide, no une. Se ha vuelto demasiado poderosa para ser otra cosa.

En las últimas décadas, a medida que nuestra política adquiría un fervor casi religioso, hemos llevado a cabo un peligroso experimento: concentrar nuevos y vastos poderes en el poder ejecutivo, haciendo que "el cargo más poderoso del mundo" sea aún más poderoso. Cuestiones fundamentales de gobierno que antes se dejaban en manos del Congreso, los estados o el pueblo, ahora las resuelve el partido que consiga hacerse con la presidencia.

Peor aún, los últimos presidentes han desplegado sus poderes reforzados para imponer acuerdos forzosos sobre cuestiones muy controvertidas y de gran carga moral sobre las que los estadounidenses deberían ser libres de discrepar. En la era de la política de la identidad, el presidente moderno se ha convertido en nuestro guerrero cultural en jefe. A menos que se le desarme, tendremos una "guerra incivil" y una carnicería estadounidense de aquí al desierto postapocalíptico.

Guerras culturales pasadas

La guerra cultural se ha convertido en el término general que utilizamos para referirnos a prácticamente todas las disputas en la política estadounidense que tienen que ver con valores morales profundamente arraigados. La expresión se generalizó hace tres décadas, gracias a un influyente libro de 1991, Culture Wars: The Struggle To Define America, del sociólogo de la Universidad de Virginia James Davison Hunter, y al infame discurso de Pat Buchanan sobre la "guerra cultural" pronunciado en la Convención Nacional Republicana al año siguiente.

Pero aunque algunos de los temas más candentes de la época aún persisten (la lucha por el aborto parece que siempre nos acompañará), otros –el arte "blasfemo", los "valores familiares", el creacionismo en las aulas, las letras traviesas de los bandas de rock metálico– parecen ahora casi pintorescos.

Las guerras culturales de finales del siglo XX estuvieron ligadas al auge de la derecha cristiana. Las líneas de batalla eran religiosas frente a seculares, "ortodoxas" frente a "progresistas", según la formulación de Hunter. El discurso de Buchanan en la convención de 1992 conmocionó a los expertos al describir la lucha como "una guerra religiosa en este país".

Sin embargo, esta Guerra de los Treinta Años en particular no fue terriblemente sangrienta. A menudo, lo que estaba en juego parecía más simbólico que real. Muchas de las luchas eran literalmente sobre símbolos, profanación de objetos sagrados: quemar la bandera estadounidense o, en la controversia sobre el Cristo del pis de Andrés Serrano, mojar un crucifijo en orina, llamarlo arte y conseguir que el gobierno federal te extendiera un cheque por ello.

Lo más significativo es que no se luchó con las armas del poder presidencial. Las órdenes ejecutivas y los decretos administrativos rara vez se utilizaron para resolver conflictos culturales.

De la boca para afuera es todo lo que obtendrá de mí

Es cierto que los presidentes intervinieron, pero lo hicieron en gran medida de forma simbólica. Ellos –o sus lugartenientes– utilizaban el púlpito para señalar su apoyo a la enseñanza del "relato bíblico de la creación" en las escuelas públicas o para criticar los valores laxos de la cultura popular. En un discurso muy comentado en 1992, el entonces vicepresidente Dan Quayle arremetió contra un personaje de una serie de televisión, Murphy Brown, de Candice Bergen, por "burlarse de la importancia de los padres al tener un hijo en solitario y calificarlo de una opción de estilo de vida más". Pero la guerra cultural rara vez se tradujo en cambios políticos observables.

Otra táctica favorita era apoyar enmiendas constitucionales a largo plazo. En 1982, el Presidente Ronald Reagan pidió al Congreso que aprobara una enmienda que protegiera "la simple libertad de nuestros ciudadanos de ofrecer la oración en nuestras escuelas e instituciones públicas", declarándose "confiado en que dicha enmienda será rápidamente aprobada". Nunca llegó a votarse, y la iniciativa se abandonó después de que los demócratas recuperaran el Senado en 1986.

Tres años más tarde, cuando el Tribunal Supremo declaró que la quema de banderas era un acto de expresión protegido, el Presidente George H. W. Bush no tardó en exigir una enmienda constitucional que prohibiera la profanación de banderas: "Los libros de derecho están llenos de restricciones a la libertad de expresión. Y ésta debería ser una de ellas". Recibió el apoyo entusiasta del entonces presidente del Comité Judicial del Senado, Joe Biden, que redactó un proyecto de ley con penas de hasta un año de prisión por desfigurar o quemar la bandera estadounidense. El Tribunal Supremo también lo rechazó, y la enmienda constitucional de Bush nunca llegó a la línea de meta.

Las órdenes ejecutivas desempeñaron, en el mejor de los casos, un papel secundario. Por ejemplo, en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Ciudad de México en 1984, Reagan anunció una nueva norma por la que se exigía a los beneficiarios de la ayuda exterior estadounidense que certificaran que no practicarían ni promoverían el aborto como método de planificación familiar. Dos días después de su toma de posesión, el siguiente presidente demócrata, Bill Clinton, revocó la llamada Política de Ciudad de México mediante una orden ejecutiva. Los siguientes presidentes republicanos la volvieron a activar y los demócratas la volvieron a desactivar, y el requisito aparecía y desaparecía cada vez que cambiaba de partido. La cuestión era lo suficientemente importante para los activistas como para que cada nuevo presidente pulsara obedientemente el interruptor en sus primeros días en el cargo, sin afectar significativamente a los derechos de ningún estadounidense.

Pero a medida que ha ido creciendo el poder presidencial, las consecuencias de un cambio en el control partidista de la Casa Blanca han sido mucho más amplias.

La presidencia administrativa imperial

Como señaló una futura jueza del Tribunal Supremo, Elena Kagan, en un artículo publicado en 2001 en la Harvard Law Review, "Administración Presidencial", los presidentes modernos han acumulado un poder significativo sobre la política reguladora, "haciendo que la actividad reguladora de las agencias del poder ejecutivo sea cada vez más una extensión de la propia política y agenda política del Presidente". El proceso comenzó cuando brillantes juristas de la administración Reagan vieron en el aumento de la autoridad presidencial una forma de dominar a los reguladores y reducir las cargas de las empresas. Pero lo que cae puede volver a subir y alcanzar nuevas cotas: como señaló Kagan, la autoridad administrativa del presidente funciona igual de bien para impulsar "una agenda claramente activista y pro-reguladora".

El diseño constitucional original exigía un amplio consenso para introducir cambios políticos de gran calado, pero como advirtieron los profesores de Derecho John O. McGinnis y Michael B. Rappaport en un importante artículo publicado en 2021 en el Ohio State Law Journal, "Presidential Polarization", los presidentes ahora "pueden adoptar tales cambios unilateralmente....Domésticamente, la delegación por parte del Congreso de las decisiones políticas en el poder ejecutivo permite a la administración del Presidente crear las regulaciones más importantes de nuestra vida económica y social. El resultado son normativas relativamente extremas que pueden cambiar radicalmente entre administraciones de distintos partidos".

Los presidentes se han convertido en nuestros principales creadores de políticas públicas. Cada vez que la presidencia cambia de partido, señalan McGinnis y Rappaport, "las normas que afectan a casi todos los aspectos de la vida estadounidense giran en 180 grados". El cambio de Obama a Trump, por ejemplo, conllevó retrocesos en las normas de neutralidad de la red, los límites de ahorro de combustible en los vehículos nuevos y qué inmigrantes pueden venir a Estados Unidos, así como nuevas normas que rigen las disputas sobre la libertad de expresión y las demandas por agresión sexual en los campus universitarios de todo el país.

Es más, los cambios legales realizados por decreto presidencial pueden permanecer en vigor mientras el partido del presidente ocupe el cargo, incluso cuando haya apoyo mayoritario en el Congreso para revocarlos. Los intentos de frenar la legislación presidencial deben pasar por el proceso legislativo ordinario, sujeto a la firma o el veto presidencial. La configuración por defecto del gobierno estadounidense ha cambiado hacia el unilateralismo presidencial. El presidente goza ahora de un amplio poder para hacer lo que le plazca, a menos que el Congreso consiga reunir una supermayoría a prueba de veto que se lo impida.

En todo el debate sobre la polarización, McGinnis y Rappaport señalan que "un factor importante... ha pasado prácticamente desapercibido: la deformación de nuestra estructura federal de gobierno". La deriva hacia el gobierno unipersonal intensifica la furia partidista y la hace más peligrosa.

Preferencias raciales a golpe de pluma

En la primera semana de su mandato presidencial, Biden desencadenó edictos unilaterales a un ritmo tan vertiginoso que hasta el consejo editorial del New York Times se puso nervioso y le imploró que "aflojara con las acciones ejecutivas, Joe" (Tardó hasta la segunda semana en acordarse de revocar la Política de Ciudad de México sobre la ayuda exterior al aborto). A los 100 días, Biden ya había promulgado más decretos que Obama en todo su primer año.

Pocos temas dividen más a los estadounidenses que la raza; uno de los primeros actos de Biden como presidente fue promulgar una orden ejecutiva que garantizaba una mayor división. En su primer día en el cargo, el presidente emitió una Orden Ejecutiva sobre el Avance de la Equidad Racial que hace de la erradicación del "racismo sistémico" un principio organizativo central para el gobierno federal.

No se trata de la anticuada noción del racismo como prejuicio individual basado en el color de la piel. Se trata de una fuerza invisible e insidiosa que se manifiesta en disparidades estadísticas, como ya había explicado Biden en un acto de campaña organizado por el reverendo Al Sharpton. Está detrás de los mayores índices de pobreza de los estadounidenses negros, las casas "infravaloradas" y "los seguros de coche [que] cuestan más". "La mayoría de los blancos... ni siquiera lo reconocemos conscientemente", añadió Biden, "pero se ha incorporado a todos los aspectos de nuestro sistema".

En virtud de la orden de Biden, se encargó a 90 y pico organismos federales que elaboraran "Planes de Acción para la Equidad" con el fin de nivelar esas diferencias. Para cumplir ese mandato, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Biden anunció en 2021 que pagaría mayores tasas de reembolso de Medicare a los médicos que "aplicaran un plan contra el racismo", basándose en que "el racismo sistémico es la causa fundamental de las diferencias en los resultados sanitarios".

Bajo la teoría de que donde hay disparidades raciales, hay racismo, la administración ha montado un ataque frontal contra la igualdad ante la ley. En 2021, por ejemplo, la administración Biden empezó a repartir fondos de ayuda de emergencia COVID-19 –alivio de la deuda para los agricultores, subvenciones a restaurantes– sobre una base explícitamente racial. Ese principio se extendió incluso a los medicamentos que salvan vidas. El mero hecho de pertenecer a una minoría podía hacer que te pusieran en primera fila para recibir antivirales COVID en los estados que seguían las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Biden.

En diciembre, el Presidente utilizó su primer veto para defender un mandato gubernamental de recopilación de datos que obliga a las entidades crediticias a recopilar y comunicar información sobre los préstamos a pequeñas empresas, incluida la raza, el sexo y la preferencia sexual de los propietarios. El mensaje de veto del presidente insiste en que la normativa es una medida de "transparencia", que permite "supervisar a los prestamistas abusivos y depredadores". Pero en el contexto de otras políticas, uno podría ser perdonado por sospechar que el objetivo final es un sistema de botín basado en la identidad racial y de género que ofrece beneficios a los ciudadanos en función de su clasificación en algún tipo de tabla de puntuación de interseccionalidad.

Comandante en Jefe del Baño de Niñas

En lo que respecta a la transexualidad, la mayoría de los estadounidenses están a favor de la tolerancia y el trato justo. Pero están profundamente divididos en cuestiones como permitir que los hombres biológicos utilicen los baños de las niñas. El presidente califica esos sentimientos de "histéricos", "prejuiciosos" y "feos", pero es poco probable que se arengue a quienes los comparten para que crean que las normas tradicionales sobre los baños son el nuevo Jim Crow.

Una vez más, el país está llegando a acuerdos forzosos mediante edictos unilaterales y órdenes administrativas. El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 prohíbe la discriminación "por razón de sexo" en cualquier programa que reciba ayuda económica federal. En una norma administrativa que está a punto de finalizar, Biden interpreta que esa autoridad le permite dictar normas nacionales sobre qué niño puede usar qué baño en prácticamente todas las escuelas públicas K-12 o universidades de Estados Unidos.

En lo que se refiere a los deportes femeninos, la administración ha cubierto un poco sus apuestas, probablemente porque casi el 70% de los estadounidenses dicen ahora que sólo a las mujeres biológicas se les debe permitir competir en deportes femeninos. Pero la norma que el Departamento de Educación de Biden ha redactado prohibirá las prohibiciones categóricas que la mayoría de los estadounidenses apoyan en cualquier institución educativa que reciba dinero de los impuestos federales: la gran mayoría de los colegios, universidades y escuelas K-12.

En cuanto a la sanidad trans, están tomando un rumbo más audaz. La Orden Ejecutiva del presidente de junio de 2022 sobre el Avance de la Igualdad para Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer e Intersexuales propone enviar a la Comisión Federal de Comercio a los médicos que practican la "terapia de conversión", que se define de forma lo suficientemente amplia ("esfuerzos para suprimir o cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona") como para incluir a los psicólogos que no entreguen inmediatamente bloqueadores de la pubertad. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Biden está poniendo en marcha una norma que obliga a médicos y hospitales a proporcionar "atención de afirmación de género", incluyendo a los menores: bloqueadores de la pubertad, hormonas transgénero y cirugías "de arriba" y "de abajo". Las aseguradoras privadas –y los contribuyentes, a través de Medicaid– tendrían que pagar la factura.

Según un análisis de la normativa realizado por el Center for American Progress, "un cirujano puede incurrir en una infracción por negar a un hombre transexual una histerectomía médicamente necesaria porque forma parte de un plan de atención de afirmación del género si, de lo contrario, el cirujano prestaría ese servicio a una mujer cisgénero". Hay que preguntarse por los efectos de selección de una norma así: ¿es buena idea limitar la futura reserva de cirujanos ginecólogos a personas que cortarán el útero a una adolescente sana? Incluso si lo fuera, ¿es para ese tipo de decisiones para lo que contratamos a los presidentes?

Un zar federal de los bibliobuses

Puede que sí, en opinión del presidente; parece que no hay asunto social demasiado estrecho o local que no pida a gritos la intervención del guerrero cultural en jefe. Últimamente, Biden se ha empeñado en convertir en un caso federal la forma en que los distritos escolares locales organizan las estanterías de sus bibliotecas de primaria.

El presidente ha hecho de la lucha contra las llamadas "prohibiciones de libros" una parte clave de su candidatura a la reelección. En el anuncio en vídeo que lanza su campaña para 2024, el presidente delibera sobre la "libertad": "No hay nada más importante, nada más sagrado". Pero "en todo el país, los extremistas de MAGA se están alineando para acabar con esas libertades fundamentales", incluso "prohibiendo libros", lamenta el presidente mientras la cámara corta a una pila de títulos con Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, en la parte superior. "¡Prohibir libros en las escuelas! se lamentó Biden en un acto de campaña ese mismo verano. "Es decir, estamos en los Estados Unidos de América, por el amor de Dios. Los Estados Unidos de América". Ray Bradbury llora.

En realidad, estamos muy lejos de Fahrenheit 451. Tampoco es Atticus Finch el que está en el banquillo de los acusados, a menos que cuentes bastiones MAGA tan notorios como Los Ángeles y Seattle, donde Matar a un ruiseñor ha sido retirado del plan de estudios por su insensible argumento de "salvador blanco". Lo que el presidente llama "prohibiciones de libros" normalmente implica que los contribuyentes locales deciden que las memorias gráficas Gender Queer de Maia Kobabe pueden ser demasiado gráficas para alumnos de cuarto grado, u optan por pasar de This Book Is Gay de Juno Dawson, que incluye consejos sobre la masturbación mutua –"algo que no te enseñan en la escuela"– y el uso de Grindr para encontrar parejas sexuales.

Los informes sobre una oleada nacional de prohibición de libros han sido exagerados por grupos activistas como PEN América, que define el término "prohibición" con suficiente amplitud como para incluir "cualquier acción tomada contra un libro" que conlleve un acceso "restringido" o "disminuido" durante cualquier periodo de tiempo. ¿Movido de la biblioteca de secundaria a las estanterías de bachillerato? "Prohibido". ¿Suprimido de una lista de lecturas recomendadas pero sigue en las estanterías de la biblioteca? "Prohibido".

¿Los "padres preocupados", o los políticos del estado rojo que dicen hablar en su nombre, se pasan alguna vez de la raya y se ponen en evidencia? Claro: este es un país grande y loco con más de 13.000 distritos escolares. Y PEN America documenta algunos casos graves de extralimitación legislativa, como una ley de 2022 de Missouri que tipifica como delito menor, castigado con hasta un año de cárcel, que los bibliotecarios proporcionen "material sexual explícito" a los alumnos.

Las decisiones sobre lo que va a parar a las estanterías de las bibliotecas escolares deberían tomarse a nivel local, no dictarse por la fuerza desde la cámara del estado. Y menos aún deben dictarse desde Washington, D.C.

Eso no impide que la administración Biden haga caer toda la fuerza del gobierno federal sobre los distritos escolares locales a los que no les gusta el porno de dibujos animados. "Nos enfrentamos a estas violaciones de los derechos civiles, porque eso es lo que son", dijo Biden a la multitud en la Celebración del Orgullo en la Casa Blanca en junio. Anunció el nombramiento de un "coordinador" en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, encargado de luchar contra las supuestas prohibiciones.

La teoría jurídica de la administración, según explicó el presidente, es que "las prohibiciones de libros pueden violar las leyes federales de derechos civiles cuando se dirigen contra estudiantes LGBTQ o estudiantes de color y crean ambientes hostiles en las aulas". El año pasado pusieron a prueba con éxito esa teoría, cuando echaron el proverbial pulso a un distrito escolar de los suburbios de Atlanta por retirar All Boys Aren't Blue de las estanterías de su biblioteca. El libro ofensivo contiene algunas descripciones bastante picantes de incesto entre primos menores de edad, algunas de las cuales puede que hayas oído si has visto el vídeo viral del senador John Kennedy (Republicano de Louisiana) leyéndolas en voz alta con un inexpresivo acento sureño en una audiencia del Congreso en 2023: "Me pidió que me diera la vuelta mientras se ponía un condón. Este fue mi culo: .... Se puso encima y se introdujo lentamente en mí. Creo que fue el peor dolor que he sentido en mi vida. Al final, sentí una mezcla de placer con el dolor".

Tras retirar ese libro, las escuelas del condado de Forsyth se vieron sometidas a una investigación federal de derechos civiles para determinar si habían creado un "entorno racial y sexualmente hostil para los alumnos". La Oficina de Derechos Civiles (OCR) admitió que el distrito no estaba llevando a cabo una purga de libros contra los homosexuales: había "limitado su proceso de selección de libros a material sexualmente explícito". No obstante, la OCR se mostró preocupada por los "comentarios negativos sobre diversidad e inclusión" de los padres en una reunión del consejo escolar. Según informó la prensa local, esos comentarios incluían afirmaciones como: "¿Creen que es saludable que los niños de 8 años estén expuestos a libros que fomentan la transexualidad, la sexualización y la masturbación?".

Para librarse de los federales, el condado de Forsyth tuvo que aceptar una serie de condiciones humillantes. La OCR exigió al distrito que anunciara públicamente su fidelidad al pensamiento de diversidad, equidad e inclusión (DEI) ("el distrito se esfuerza por ofrecer una perspectiva global y promover la diversidad" en sus bibliotecas escolares), que distribuyera información sobre cómo los alumnos agraviados pueden presentar quejas federales de derechos civiles y que llevara a cabo una auditoría de acoso en todo el distrito. Como señala la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, las tácticas de mano dura de la OCR tuvieron éxito en este caso a pesar de que "no existe ninguna autoridad legal que [diga] que no 'promover la diversidad' viola la ley federal contra la discriminación". Si la OCR cree que puede exigir a las escuelas que 'promuevan la diversidad' de forma afirmativa -un término que no está definido-, ¿qué más cree la agencia que puede hacer?".

Lo averiguaremos cuando el nuevo zar de las bibliotecas escolares de Biden se ponga manos a la obra.

Guerra cultural en el Principio Conan

Abróchense los cinturones, porque está a punto de empeorar. Los cada vez más influyentes "conservadores nacionales" no tienen más que desprecio por quienes quieren limitar el poder del gobierno y obligar a los federales a ocuparse de sus propios asuntos. Su objetivo es hacerse con el poder y blandirlo contra sus enemigos culturales, haciendo la guerra según el Principio de Conan: Aplasta a tus enemigos, míralos caer ante ti y escucha los lamentos de sus mujeres trans.

Trump vuelve a bajar por esa escalera mecánica, en misión de venganza. Sacará a la OCR del ritmo de la "prohibición de libros" y, en su lugar, los enviará contra los profesores que cubran la teoría crítica de la raza, temas transgénero u "otro contenido racial, sexual o político inapropiado". Se enfrentarán a "graves consecuencias" en virtud de la ley federal de derechos civiles.

En 1996, la plataforma del Partido Republicano reconocía que "el gobierno federal no tiene autoridad constitucional para intervenir en los programas escolares" y pedía la abolición del Departamento de Educación. Ahora su abanderado quiere utilizar 79.000 millones de dólares de fondos federales para la educación para hacer su voluntad en miles de distritos escolares locales. El gobierno federal tampoco tiene autoridad constitucional para establecer las cualificaciones de los profesores, pero Trump promete "crear un nuevo organismo de acreditación para certificar a los profesores que abrazan los valores patrióticos y el estilo de vida estadounidense."

En materia de transexualidad, Trump promete otro giro de 180 grados. Lo que Biden considera "cuidados de afirmación de género", Trump lo llama "mutilación sexual infantil"; promete utilizar el dinero federal de la sanidad para dictar desde la Casa Blanca los tratamientos adecuados para la disforia de género. Hará que el Departamento de Justicia investigue a las empresas farmacéuticas que fabrican bloqueadores de la pubertad, e impulsará una ley "que prohíba la mutilación sexual infantil en los 50 estados." Tal vez descubra que ya existe una ley federal de mutilación genital femenina y fomente algunos enjuiciamientos creativos.

¿Es ésta la forma de gobernar un país?

Alexander Hamilton suponía que la "energía en el ejecutivo" llevaría a una "administración constante de las leyes". Pero en política no hay victorias permanentes, por lo que esa energía puede significar oscilar entre políticas radicalmente distintas en función de los caprichos del Colegio Electoral. Los bloqueadores de la pubertad y las horas de cuentos de drag queen pasan de ser obligatorios a estar prohibidos cada cuatro u ocho años, dependiendo del partido político que gane la presidencia. En algún momento hay que preguntarse: ¿Es esta la forma de gobernar un país?

No sólo es estúpido, sino peligroso. Entre el 60% y el 70% de los demócratas y republicanos ven ahora a sus oponentes políticos como "una seria amenaza para Estados Unidos y su pueblo", mientras que el 42% dice que el otro equipo "no sólo es peor para la política, sino que es francamente malvado". Como señalan McGinnis y Rappaport: "La presidencia administrativa imperial eleva lo que está en juego en cualquier elección presidencial, haciendo que cada bando tema que el otro disfrute de un poder sustancial y en gran medida sin control en muchos ámbitos de la política".

Los partidarios llevan mucho tiempo declarando que las del próximo noviembre son las "elecciones más importantes de la historia". Antes nos lo tomábamos con humor. En 2000, sólo el 45% de los estadounidenses dijeron a los encuestadores que realmente importaba quién ganara las elecciones presidenciales de ese año. A partir de ahí fue subiendo: 63% en 2012, 74% en 2016 y 83% en 2020.

Tal vez los estadounidenses piensan que importa porque, cada vez más, importa. Si todo, desde qué libros van en las estanterías de las bibliotecas escolares hasta quién puede usar el vestuario de las chicas, se convierte en una cuestión de política presidencial, buena suerte convenciendo a la gente de que relativice una derrota electoral. Cada elección se convierte en una elección del Vuelo 93: Carga la cabina, hazlo o muere.

Deberíamos ir en la dirección contraria: limitar el daño que pueden hacer los presidentes, rebajar lo que está en juego en las elecciones presidenciales y frenar la capacidad del presidente para legislar de un plumazo.

Uno espera que los estadounidenses redescubran los "mejores ángeles de nuestra naturaleza", pongan la política en perspectiva y redescubran lo que nos une. A la espera de ese despertar moral, nuestra necesidad más acuciante es la de reformas estructurales que limiten el daño que podemos hacernos unos a otros en medio de la niebla de la guerra partidista. La principal de ellas es frenar los poderes del guerrero cultural en jefe.

Este artículo fue publicado originalmente en Reason (Estados Unidos) en mayo de 2024.